El organismo internacional estima que uno de cada tres adultos mayores de 65 años en la región no tiene ningún tipo de ingresos. Urgió a los gobiernos a implementar y reforzar medidas de apoyo y protección social para poblaciones vulnerables, impulsar el empleo formal e insertar a más trabajadores por cuenta propia en los sistemas contributivos.

Caracas. Como consecuencia de la crisis por COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que los sistemas contributivos de protección social en América Latina y el Caribe tuvieron una disminución de 7,9 % en el número de cotizantes, con lo que se retrocedió a niveles de hace una década. El hecho está relacionado, parcialmente, con que el número de ocupados se redujo 7,3 % debido a las medidas de confinamiento.

Aún así, la OIT alertó en el informe Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: avances y retrocesos ante la pandemia que antes de la crisis sanitaria “la gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo” ni con maneras adicionales para compensar sus ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad.

Más allá de los seguros de desempleo que operan en un reducido número de países –entre ellos Venezuela–, la región “carece de un sistema integral de protección social” que haga frente a la desocupación. Esas carencias, sumadas a los altos niveles de informalidad, quedaron expuestas ante los efectos de la COVID-19 y obligó a implementar medidas de emergencia para hacer frente a la crisis de empleos e ingresos.

La pandemia ha mostrado que la protección social es indudablemente una necesidad humana, económica y social, indispensable para garantizar el progreso y la sostenibilidad de las economías”, señala el informe.

De igual forma, el organismo recordó que existe una correlación entre la desigualdad y la cobertura contributiva de la protección social, pues solo entre 20 % y 40 % de los trabajadores cotizan cuando forman parte de los sectores de la población con menores ingresos. Además, según sus datos más recientes, 30 % de los mayores de 65 años en ALC no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

En el caso venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que 100 % de las personas en edades de jubilación forman parte del sistema de pensiones, pero los ingresos que perciben por esa vía no superan los cuatro dólares mensuales si se suma el monto de la pensión y el bono entregado por el sistema Patria (Bs. 14 en total).

En el informe de la OIT se llama a “mantener y expandir” los sistemas de pensiones contributivos, haciéndolos sustentables, y con contribuciones adecuadas para incentivar la formalización laboral. Asimismo, insta a incorporar programas no contributivos para la población mayor que no tenga otros ingresos o requiera un complemento dada su insuficiencia.

Estudios como el del Instituto de Investigaciones Económicas (IIES) de la UCAB han determinado que el deterioro progresivo del sistema de pensiones en las dos últimas décadas se relaciona directamente con la reducción del mercado laboral formal y las remuneraciones, sumado al aumento en la evasión de cotizaciones al sistema por parte tanto del sector privado como público.

La brecha con el sector informal

La OIT estima que para 2019 el 93,4 % de los asalariados del sector público contaban con cobertura contributiva de protección social y en el sector privado llegó a 58,1 %. Sin embargo, en la región un tercio de los ocupados son trabajadores por cuenta propia y solo 13 % de ellos estaban incluidos en sistemas de protección social. Otro sector resaltante es el sector doméstico (7 % de los ocupados), del cual 93 % son mujeres, que solo llegó a 13,9 % de cobertura antes de la pandemia.

En Venezuela, por ley, las empresas privadas y organismos de todas las ramas del Estado están obligados a incluir a sus trabajadores en el sistema de protección social del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), al cual tanto empleado como patrono contribuyen mensualmente con parte de sus ingresos para garantizar prestaciones dinerarias en caso de pérdida involuntaria del empleo u ocupación productiva.

Sin embargo, en los últimos años la hiperinflación y la pérdida real del poder adquisitivo tiró al traste todos esos beneficios que, en su momento, representaban un colchón monetario para quienes estuviesen temporalmente sin ingresos. A ello se le suma que la falta de incentivos económicos para trabajar en el sector formal empujó a muchos a la informalidad.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) determinó que este año al menos 51 % de la población ocupada trabajaba por cuenta propia. Por los efectos de la pandemia, que obligó al cierre prolongado de empresas e instituciones del Estado, 23 % de los sectores público y privado cambiaron al ámbito informal.

Lea también

Recesión y pandemia aceleraron reducción de oferta de empleos a mínimos históricos

Participa en la conversación