ONG como Acceso a la Justicia tildan la decisión del Supremo de inconstitucional. La razón es que violar la libertad de asociación y confabularse con el Poder Electoral contra el gremio abogadil.
Valencia. El pasado 25 de mayo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones que pretendían la formación de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, la cual se celebraría el pasado 27 de mayo. Dicha decisión se tomó tras la solicitud de amparo del abogado Gianni Piva, el 21 de marzo.
La sentencia emitida por la sala en cuestión declaró lo siguiente:
“COMPETENTE para conocer la acción de amparo con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos ejercida por el abogado GIANNI EGIDIO PIVA TORRES, actuando en su propio nombre, contra la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del estado Carabobo “… presidida por la Dra. RORAIMA BERMÚDEZ, siendo esta la presidenta de dicha comisión (…) desconociendo todo postulado del Estado Social de Derecho de Justicia, al llamar a elecciones sin la participación del ente rector, que es Consejo Nacional Electoral.
Este 11 de julio, el presidente del Colegio de Abogados de Carabobo, Nelson Riedi comunicó que están trabajando en los lineamientos para que las elecciones se realicen. Cabe destacar que es en los términos exigidos por la Constitución y las leyes vinculantes. De este modo permitiendo así que se logre la autorización del Consejo Nacional Electoral.
La tramitación de dicha autorización le corresponde a la Comisión Electoral del Colegio. “Ellos deberán hacer todo lo posible para presentar toda la documentación pertinente para ello”. Afirmó Riedi quien mostró su apoyo absoluto a la comisión en cuestión.
Ausencias e ilegalidades
El presidente gremial explicó que una vez se posea la autorización, se hará el organigrama correspondiente. Por ende, se establecerán los lapsos para que los candidatos y sus planchas puedan inscribirse. En estos tiempos se dará espacio para las campañas, las publicidades, en donde luego se fijará una nueva fecha en la que se pueda ejercer el derecho al voto.
Riedi, al profundizar en las razones que llevaron a la suspensión de las elecciones, explicó que todo se debió a una confusión con la interpretación de una sentencia en 2017, en la que no se hizo notificación alguna al ente electoral, lo que violaba la legislación. Sin embargo, el mismo presidente del gremio de los abogados destaca que de todos los candidatos, solo uno de las 10 planchas hizo mención a este asunto.
Sobre este mismo tema la ONG Acceso a la Justicia publicó en una nota de prensa que indica que la decisión de la Sala Electoral “neutraliza la liberta de asociación”.
En el informe publicado por la misma organización titulado La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela (2000-2020), explica que estos procesos son una confabulación del Poder Electoral con el Judicial.
“El organismo comicial aprovechó la entrada en vigor de la Constitución de 1999 para prohibir a los gremios, sindicatos, universidades y asociaciones profesionales celebrar elecciones sin su supervisión y, por el otro, el TSJ ha dictado más de una treintena de sentencias haciendo valer esa veda”, reza el informe.
Aunado a esto, el texto dice: “El máximo juzgador consolidó la grave distorsión con la ilegítima utilización del control judicial para fines distintos a los establecidos en el texto constitucional, como sería controlar e inmiscuirse en las elecciones de los colegios de abogados con el único objetivo de secuestrarlos, en violación de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.
Deterioro del sistema judicial
Riedi aprovechó para denunciar el mal estado en el que se encuentra el circuito judicial carabobeño, para eso destacó los comentarios hechos por la Comisión para la Justicia de la Asamblea Nacional encabezada por Diosdado Cabello. “Estoy totalmente de acuerdo. En referencia a los retardos procesales, también lo decía el diputado Carreño en referencia a la corrupción”.
El abogado comentó además el deterioro de espacios como el Palacio de Justicia. “Es una situación que se viene agravando desde 2014. En el palacio los baños no están en condiciones, ni para trabajadores, ni judiciables. Tampoco áreas en donde hace falta más personal. Se necesita renovación tecnológica. Asimismo, se necesita que la Comisión de Justicia haga una evaluación en referencia a los jueces con una provisionalidad del 80 %. Son jueces nombrados a dedo y no se han cumplido las reglamentaciones”.
Sobre porcentajes de retardos procesales, el experto no maneja cifras. Aunado a esto, explica que normalmente un fiscal tiene a su cargo unas 100 causas, lo cual hace inviable la resolución de muchas causas.
“No se puede llevar tantos expedientes. Eso además demuestra que no están suficientemente preparados para muchos casos. Por eso, incluso los abogados defensores están mejores preparados porque se enfocan en su cliente”.
Participa en la conversación