La comunicación es suscrita por Acción Solidaria, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Provea, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Dale Letra, Laboratorio Ciudadano, entre otras. La medida, si funciona el lobby que ejercen sectores opositores, se aplicaría a partir de octubre de este año.
Caracas. Un grupo de ONG enviaron una carta a funcionarios de la administración del Gobierno de Donald Trump, en un esfuerzo por impedir que este gobierno, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), prohíba a Venezuela la importación de diésel a través de un trueque de petróleo por este combustible, conocido como operación swap. Esta medida empezaría a aplicarse en octubre.
En el documento afirman que “esta decisión tendría consecuencias devastadoras para la población. En Venezuela, el diésel es el principal combustible para la generación de electricidad y para el transporte de carga de bienes básicos, que incluyen alimentos, medicinas y suministros humanitarios. Cortar el acceso al diésel en el país podría empeorar las ya muy precarias condiciones de vida de millones de venezolanos que dependen de esta cadena de suministro”, señalan.
La misiva está dirigida al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo y a Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro y está suscrita por Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Laboratorio de Paz, Monitor Social A. C., Movimiento Ciudadano Dale Letra, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Reunificados ORG, Convive, Catia Posible, Revista SIC, Civilis Derechos Humanos, Centro Gumilla, así como por ciudadanos preocupados por el asunto como el politólogo y decano de estudios jurídicos de la Universidad Metropolitana, Guillermo Tell Aveledo; el sociólogo y profesor Javier Biardeau; la docente e investigadora, Luisa Pernalete; el periodista Chuo Torrealba, el sacerdote jesuita Alfredo Infante.
También suscriben Ketha Stephany, profesora de la UCV y doctora en Estudios del Desarrollo; la presidenta de Sinergia, Deborah Van Berkel; Carolina de Oteyza, docente e investigadora de la UCAB; Geoffrey Ramsey, el director para Venezuela de WOLA; Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria; el economista experto en petróleo, Luis Oliveros; el periodista Mario Villegas; el investigador y docente de la UCAB y Universidad Central de Venezuela, Leonardo Carvajal; la comunicadora social Mibelis Acevedo; el exrector del CNE Rafael Simón Jiménez, y el exministro de Finanzas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, entre otros.
Las ONG explican que una solución a la crisis política y social que atraviesa el país es muy lejana, y que mientras las sanciones “azotan al pueblo de Venezuela las élites políticas y militares del régimen no parecen verse afectadas por estas amplias sanciones económicas; por el contrario, Maduro y quienes lo rodean parecerían estar más afianzados en el poder”.
Añaden que es importante tener presentes las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien ha instado a la comunidad internacional a ajustar las sanciones económicas contra Venezuela para que “más recursos puedan ser destinados al tratamiento y prevención de la epidemia”.
“Exhortamos al gobierno de Estados Unidos a renovar su compromiso una transición democrática y negociada en Venezuela, así como apoyar mecanismos que mejoren las condiciones de vida de la población venezolana y, por ende, sus capacidades para la exigencia de una solución a la crisis. Para ello es necesario seguir otorgando excepciones a las sanciones petroleras que permitan el intercambio de diésel por petróleo crudo, con el fin de evitar las graves consecuencias que estas acciones podrían tener en la profundización del sufrimiento humano en el terreno, en medio de una emergencia humanitaria en el país, agravados por la pandemia del SARS-CoV-2”, sentencian.
Las organizaciones exponen que este combustible se usa para las plantas eléctricas de respaldo en casi todas las clínicas privadas y en algunos hospitales públicos del país, “así como las plantas eléctricas enviadas, como parte de los primeros envíos de ayuda humanitaria, por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Con menos diésel, estos centros de salud podrían ver paralizadas sus actividades, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19
Carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo by Crónica Uno on Scribd
¿Por qué es tan importante el diésel para Venezuela?
Cuando se aprobaron las sanciones a Pdvsa por parte de la administración de Trump en enero de 2019, se dio una exención humanitaria al diésel, ya que las medidas buscaban no perjudicar a la población, y es por eso que los alimentos y medicinas siguen llegando al país desde Estados Unidos. Las empresas que suministran diésel lo hacen a través de un swap, que viene a ser un trueque de crudo venezolano por diésel importado. Esta exención es la que se planea eliminar en octubre de este año.
De aplicarse, esta medida generaría el total colapso del país en diversos ámbitos, pues, por poner un ejemplo, en 2018 el consumo de diésel se concentraba en el transporte de carga (85 %) y de pasajeros (15 %). Más del 70 % de la ciudadanía depende del transporte público para adquirir alimentos y medicinas. De no haber diésel, los traslados de las personas de menores recursos serán los más afectados.
“Los vehículos de carga pesada dependen del diésel para el traslado de insumos desde los puertos y aeropuertos a las ciudades, igualmente el transporte de animales vivos: cerdos, aves y ganado hacia los mataderos industriales. De no haber diésel podría producirse una paralización del transporte de carga afectando el traslado de insumos indispensables para la supervivencia de millones de familias venezolanas”, dice el texto.
Además, 30 % del transporte de carga está en el occidente del país y un 36 % en la región metropolitana. En un país en el cual no hay producción suficiente para abastecer a sus propias regiones, la paralización del transporte de carga por falta de diésel, hará imposible el acceso a bienes y servicios de primera necesidad.
“Los esfuerzos explícitos del gobierno de Estados Unidos de limitar la entrada de gasolina al país, de acuerdo con las declaraciones de un funcionario de la administración Trump a Reuters en abril de 2020, señalando: ‘El gobierno de EE.UU. ha impedido explícitamente que otros gobiernos intercambien gasolina a cambio de crudo venezolano, mandando un mensaje de no gasolina en los intercambios de crudo’, agravan el sufrimiento del pueblo de Venezuela, a la vez que paradójicamente ayudan a mejorar la imagen de Nicolás Maduro y disminuyen el apoyo a la oposición democrática”, apuntan.
De acuerdo con una encuesta de opinión de la firma Datanálisis, agrega el comunicado, en julio de 2020, 64 % de la población no está de acuerdo con las sanciones, mientras que 47,8 % no estaría dispuesto a soportar sus efectos negativos aunque eventualmente se alcanzara un cambio de gobierno.
Un eventual corte de diésel impactaría gravemente en la ya golpeada generación de electricidad en el país, y ocasionaría más racionamientos. La energía eléctrica en Venezuela se produce a partir de la hidroelectricidad y de fuentes térmicas. Esta última es básicamente a partir de gas natural (metano) y de combustibles líquidos como Fuel Oil y diésel. Las plantas de Fuel Oil dejaron de generar electricidad hace mucho tiempo, por lo cual la generación de energía por fuentes térmicas hoy en día dependen exclusivamente del diésel.
Fuentes del sector aseguran que no todas las plantas eléctricas del país tienen acceso a la red de gas natural de Pdvsa, en particular en las regiones de los llanos, Amazonas, los Andes. De no poder generar con diésel, esas zonas del país dependerían del embalse Guri, generando más congestión en las líneas de transporte o simplemente haciendo racionamientos, situación que se vive hoy en los Andes y estados del occidente del país
“Los venezolanos sufren las consecuencias de la caída de la producción de petróleo, así como la escasez de combustible, alimentos y medicinas en Venezuela generada por años de corrupción y mala gestión del régimen de Maduro, quien ha liderado un desastre económico, sin precedentes, incluyendo un colapso en la industria petrolera, que ha mermado la capacidad de refinación de combustibles que en el pasado abastecían el mercado interno”, reza el comunicado.
Otro impacto que tendría un corte en el suministro del diésel es en la mermada producción petrolera y en el sector agrícola y en las plantas de tratamiento de agua. El diésel es usado en el sector agrícola. En particular en las motobombas para el riego de cultivos, al igual que el uso de tractores y otras maquinarias y equipos. También algunos centros de llenado de agua y plantas de tratamiento, usan plantas eléctricas de respaldo cuando hay apagones.
La responsabilidad de Pdvsa
Hay que destacar que Venezuela cuenta con una gran capacidad de refinación; sin embargo, luego de años de desinversión, errores en decisiones gerenciales y múltiples accidentes en las instalaciones, Pdvsa apenas logra operarlas a un 15 % de su capacidad instalada con muchas paradas no planificadas. El único productor y responsable de la falta de combustible en el país es Pdvsa.
De igual modo, apuntan los expertos, una medida de este tipo impactaría en Pdvsa. La estatal petrolera continúa teniendo múltiples problemas en sus refinerías, y optó durante mucho tiempo por importar productos refinados como gasolina, propano (gas para bombonas), así como diésel conocido también como gasoil.
Aunque Pdvsa aún produce un diésel de alto azufre, expertos energéticos aseguran que no es suficiente para el consumo en las diversas áreas del país, y creen que Venezuela no puede contar con ese suministro por lo intermitente y vulnerable.
La medida de suspender el swap de diésel busca que Pdvsa no pueda seguir exportando su crudo a ningún actor. El objetivo es reducir la producción petrolera a cero, al parecer sin calibrar las consecuencias.
También habría daño a los campos maduros del occidente del país, pues es probable que estos campos luego de un prolongado tiempo cerrados, no vuelvan a producir lo que solían producir antes. Es posible que mucho de esos yacimientos tenga problemas con el agua.
El oriente del país es la zona de más preocupación ante un cierre abrupto de producción. En esta zona se produce crudo liviano, pero también se produce gas asociado que alimenta el mercado doméstico de gas. Por lo cual, estaría en riesgo el suministro de gas al sector eléctrico en las plantas de Corpoelec de todo el país. Hoy en día el principal generador de electricidad del Zulia es la planta Termozulia y está funcionando con gas natural. Ante una disrupción al diésel, el país sólo sobreviviría con el aporte Guri. Los Andes y Occidente nuevamente serán los más afectados.
También se afectaría el suministro de gas metano a los consumidores residenciales que son 7 % de la población de las principales ciudades del país.
El lobby y las elecciones en Estados Unidos
Las medidas de la administración Trump son conocidas como “Máxima Presión”, que buscan acorralar el régimen de Nicolás Maduro, justo en plena campaña electoral en Estados Unidos. Fuentes vinculadas al tema energético aseguran que Trump busca de este modo ganar más votos en el crucial estado de Florida, por eso se aplicaría un mes antes de las elecciones presidenciales en ese país.
El pasado 27 de julio, la agencia de noticias energética Argus reseñó que el gobierno estadounidense estaba revisando la excepción del diésel. Lo que se quiere es cerrar todo tipo de intercambios, básicamente sería decirle a las petroleras Repsol, ENI y Relliance que no pueden hacer ningún tipo de swaps con Venezuela. Fuentes energéticas aseguran que detrás de este lobby estarían opositores vinculados al partido Voluntad Popular.
Fotos: Archivo Crónica.Uno/José Núñez y Tairy Gamboa, y cortesía Correo del Orinoco
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