La FAO y el PMA incluyeron nuevamente a Venezuela en la lista de países que padecen de inseguridad alimentaria y calculan que 34 millones de personas en el mundo “están a un paso de la inanición” por el hambre y la falta de acceso a alimentos.
Caracas. La inseguridad alimentaria en Venezuela podría superar los niveles de 2019 como resultado de la crisis económica y social que vive el país, sumido en hiperinflación desde 2017, a lo que se añaden los problemas de combustible y transporte que impactan en los precios de los alimentos y la actividad agrícola.
El pronóstico hecho por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), ambos organismos de la ONU, estima que la cifra de 9,3 millones de venezolanos con inseguridad alimentaria hace dos años “podría aumentar significativamente” tras el deterioro económico de Venezuela y los impactos de la pandemia.
El informe conjunto, titulado Advertencias tempranas sobre inseguridad alimentaria aguda, afirma que el impacto de las sanciones internacionales y la caída de los precios del petróleo provoquen mayor contracción económica e hiperinflación (-10 % y 6500 %, citando al Fondo Monetario Internacional).
En 2020, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) reveló que, como consecuencia de la pandemia, 52 % de los hogares venezolanos manifestaron quedarse sin alimentos y en 69 % de ellos hubo adultos que comieron menos de lo que debían. En ese mismo contexto, tan solo 3 % de los hogares no tienen inseguridad alimentaria.
Desempleo, migración y más desigualdad
Los organismos aseguran que tales indicadores se traducirán en pérdida de ingresos y más desempleo, sumado a altos precios de los alimentos y aumento de la migración hacia otros países, que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula en más de 5,5 millones de venezolanos en el mundo, principalmente en países vecinos.
La Encovi señala que en seis años la actividad laboral formal, tanto del sector público como privado, bajó de 62 % a 46 %, con un aumento de trabajadores por cuenta propia de 31 % a 45 % entre 2014 y 2020. Además, estima que la pobreza de ingresos alcanza a 96 % de la población y la de consumo llega a 68 %.
El PMA y la FAO mencionan que la continua depreciación e inestabilidad del bolívar no solo ha impactado en la inflación y los precios de los alimentos, sino que ha provocado una dolarización parcial de la economía, “impulsando la disparidad” entre las personas que tienen acceso a divisas (por remesas u otros ingresos) y la mayoría de la población, que no tiene ese ingreso.
Según cálculos de la firma Ecoanalítica, en Caracas al menos 60 % de las transacciones comerciales se realizan con monedas extranjeras y la cifra supera el 90 % en estados fronterizos, como Zulia y Táchira, y turísticos como Nueva Esparta. Además, la Encovi calcula que solo 10 % del total de hogares venezolanos recibe remesas.
Impacto de sanciones internacionales
El informe del PMA y la FAO también señala que “las sanciones financieras y comerciales han causado la suspensión de las exportaciones de petróleo, que representan la principal fuente de ingresos del país”. De igual forma, se menciona que las restricciones a la importación de combustible “han llevado a una escasez dramática” que afecta la logística agrícola.
Cabe destacar que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ya enfrentaba problemas de corrupción, falta de personal calificado y deterioro de su infraestructura antes de que Estados Unidos impusiera las primeras sanciones a la industria. 2020 cerró con una producción promedio de 500.000 barriles diarios (bpd) y el Gobierno espera elevarla este año a 1,5 millones bpd.
De hecho, un informe de Anova Policy Research señala que entre agosto de 2017 y diciembre de 2019 la producción petrolera cayó 1,24 millones bpd y que las sanciones estadounidenses “serían responsables de 45,2 % de la caída acumulada” en ese período.
Lo que se requiere
Además del monto estimado del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de la ONU de 193,7 millones de dólares para seguridad alimentaria y 34,7 millones para intervenciones nutricionales, las recomendaciones propuestas por el PMA y la FAO para mitigar la inseguridad alimentaria en el país son:
- Implementar programas que permitan apoyar la preparación de tierras para las temporadas de cultivo de maíz y arroz, dirigidos a trabajadores agrícolas sin otra oportunidad de ingresos.
- Proporcionar insumos agrícolas a agricultores vulnerables con poder adquisitivo reducido y promover la producción local de semillas para garantizar la autosuficiencia y el fortalecimiento de la población local.
- Apoyar a los venezolanos migrantes y las comunidades receptoras en áreas fronterizas mejorando el acceso a necesidades esenciales como agua, alimentos básicos y nutrición, así como la producción local de alimentos en esas zonas en vista de potenciales nuevas llegadas.
En el informe sobre los puntos críticos de hambre, los organismos de la ONU calculan que 34 millones de personas en 20 países están “a un paso de la inanición”, la mayoría de ellas en África, pero otras en regiones como Afganistán (Asía), Siria y Líbano (Medio Oriente) y Haití (América Latina y el Caribe).
Señalan que Latinoamérica ha sido la más afectada económicamente por la pandemia y se espera que sea la región con la recuperación más lenta en los próximos años, según el FMI. El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela son los mencionados por tener inestabilidad política, problemas económicos prolongados, choques climáticos y altos niveles de pobreza.
Foto principal: Luis Morillo.
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