ONU exige a Venezuela que libere al sindicalista Rubén González y que deje de usar la justicia militar contra civiles

El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que el encarcelamiento del secretario del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco es ilegal y advirtió a las autoridades chavistas que su persecución sistemática a la disidencia se podría considerar un “crimen de lesa humanidad”.

Caracas. El uso de la justicia militar para procesar a civiles le ganó al gobierno venezolano otra reprimenda de parte de instancias internacionales. Así, desde el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas exigieron a las autoridades nacionales liberar de manera inmediata al sindicalista Rubén González, por considerar que su encarcelamiento es arbitrario e ilegal; y advirtieron que este tipo de acciones podrían considerarse crímenes de “lesa humanidad”. 

“La detención es el resultado del ejercicio de los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, reunión y asociación (y por ello) el Grupo de Trabajo consideró que no hay bases proporcionales que justifiquen la detención y, por ende, el juicio penal”, se lee en el documento de 16 páginas emitido por la instancia, conformada por expertos independientes; y la cual no solo se urge al Estado a devolver a las calles al secretario del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, sino que de paso se le insta a que lo indemnice por los daños sufridos durante el tiempo que ha pasado tras las rejas. 

González fue detenido en la madrugada del 29 de noviembre de 2018 en Anaco (Anzoátegui), por efectivos de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando se disponía a volver a Guayana tras participar en una manifestación en Caracas. Los uniformados aprehendieron al sindicalista, pero dejaron en libertad a las horas a los cerca de medio centenar de trabajadores que lo acompañaban en su viaje por carretera. 

Las autoridades justifican la medida contra González, alegando que él agredió a unos efectivos de la GN durante una protesta que encabezó en los portones de Ferrominera el 12 de agosto de ese mismo año. Sin embargo, testigos presenciales aseguran que no hubo ataque de ningún tipo, sino que los trabajadores que participaban en la acción impidieron a los militares detener en ese momento al representante laboral. La Fiscalía Militar 43, no obstante, lo imputó por la presunta comisión de los delitos de ataque al centinela, ultraje a centinela y ultraje a la Fuerza Armada; y consiguió que el Tribunal Militar 15 de Control ordenase su captura. 

Foto Twitter @ajcaleca

A finales del año pasado un juez castrense condenó al sindicalista a cinco años y nueve meses de prisión. 

Precisamente, que haya sido la justicia militar la que ha actuado contra González es el principal motivo por el cual el Grupo reprueba la actuación de las autoridades. “Los tribunales militares no son competentes para examinar la arbitrariedad y la legalidad de la detención de civiles”, apuntó. 

Desde 2014 y hasta 2019, más de 848 venezolanos habían terminado ante un juez uniformado, de acuerdo a datos del Foro Penal Venezolano.

Abultando el expediente 

El Grupo de Trabajo de la ONU también consideró que el caso de González forma parte de “una serie de privaciones arbitrarias de libertad” contra “personas que pertenecen a la oposición política, defensores de Derechos Humanos o de personas que expresan críticas sobre la actuación de las autoridades” que vienen ejecutando las autoridades chavistas en los últimos años. 

“En los últimos años, el Grupo de Trabajo de manera reiterada se ha pronunciado sobre la comisión múltiple de detenciones arbitrarias de personas que forman parte de la oposición política al Gobierno, o bien por el hecho de haber ejercido los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de reunión o de participación política. Se trata, en opinión del Grupo de Trabajo, de un ataque o práctica sistemática por parte del Gobierno para privar de la libertad física a opositores políticos, particularmente a quienes son percibidos como opositores al régimen y a quienes defienden derechos humanos, en contravención de normas fundamentales del derecho internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto”, denunció la instancia.

Ademas lanzó la siguiente advertencia a las autoridades del gobierno de Maduro: “El Grupo de Trabajo desea recordar que bajo ciertas circunstancias, el encarcelamiento y otras formas de privación grave de la libertad física en contravención de normas internacionalmente reconocidas, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. 

En los últimos años esta instancia ha condenado las detenciones del exbanquero Eligio Cedeño, de la jueza María Lourdes Afiuni y del dirigente opositor Leopoldo López.  

En la Corte Penal Internacional reposan dos denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y altos funcionarios civiles y militares que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz; y varios países de la Organización de los Estados Americanos interpusieron a finales de 2017.  

Foto: Twitter @AmericoDeGrazia

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