Keddy Moreno, dirigente comunitaria de Sucre, dijo que la ordenanza no fue ampliamente consultada y que por ese motivo los habitantes no saben que pueden ser multados por manifestar.

Caracas. La protesta como expresión política o de descontento social está garantizada en la Carta Magna; sin embargo, en el municipio Sucre del Estado Miranda es un acto que ahora puede acarrear una multa de hasta 180 dólares.

Esa es la nueva realidad del municipio más grande del estado Miranda, luego que el Concejo Municipal aprobara el pasado 13 de septiembre una nueva ordenanza que regula la “convivencia ciudadana”.

El Proyecto de Reforma de la Ordenanza sobre la Convivencia Ciudadana se aprobó con el voto mayoritario de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela que cuenta con 9 de los 13 votos en la cámara municipal.

De acuerdo con el texto de la reforma, el nuevo artículo 14 de la ordenanza, toda persona que durante una manifestación o protesta genere algún tipo de obstáculo para las vías de tránsito será multado u obligado a realizar trabajo comunitario dentro del municipio.

Artículo 14 de la Reforma de la Ordenanza sobre la Convivencia Ciudadana.
Toda persona que proteste o incite a otros a protestar, mediante la obstaculización del libre tránsito y circulación en las vías públicas, será sancionado con multa equivalente entre dos Petros (2 Pts) y tres Petros (3 Pts), o la realización de algunos de los trabajos comunitarios previstos en la presente Ordenanza, sin menoscabo de la aplicación del contenido de otras normas nacionales u Ordenanzas.

El valor del tipo de cambio que refleja el Banco Central de Venezuela en su portal indica que, actualmente un petro equivale a 60 dólares estadounidenses, por lo que lo mínimo que tendría que pagar una persona sancionada bajo lo establecido en la ordenanza sería 120 dólares y lo máximo, 180.

En Venezuela el derecho a la protesta está consagrado por el artículo 68 de la Constitución de la República, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.

A juicio del concejal suplente Felipe Pacheco, la poca representación opositora en el Concejo Municipal de Sucre hizo que fuese imposible frenar la aprobación del instrumento.

La ordenanza pasó por los pasos correspondientes: primera discusión, consulta pública, y segunda discusión. Fue aprobada por la mayoría del PSUV, ellos tienen la mayoría. La fracción de concejales de la oposición presentó sus observaciones referentes al artículo 14, pero ellos con su mayoría pudieron aprobar el texto sin problemas, explicó Pacheco.

Población desinformada e intimidada

Keddy Moreno es activista del partido Primero Justicia en el municipio Sucre, zona en la que reside. En su opinión, lo que busca la ordenanza, en especial el artículo 14, es simplemente “afectar la habilidad de la gente para protestar”.

Agregó que ese es el objetivo real tras la ordenanza y no la convivencia ciudadana. “Tendrá un efecto de intimidación, será inmediato”, comentó.

Moreno dijo que la mayoría de las protestas que se generan dentro del municipio no tienen relación con la política, sino que más bien están relacionadas con el colapso de los servicios públicos en la zona.

Ahora poder alzar la voz y pelear por servicios de calidad es un riesgo, ya que para ellos eso es alterar el orden público; pero para nosotros no lo es, es ejercer nuestra libertad de expresión, lo cual está garantizado en la Constitución. Ellos básicamente violan la Carta Magna con esta ordenanza”, opinó.

Asimismo alertó sobre otro problema referente a esta ordenanza: no fue ampliamente consultada y, por tanto, la mayoría de la gente no la conoce.

“Ellos hicieron conversatorios, dieron charlas sobre esta ordenanza, pero fue muy limitado. Fueron contadas las zonas en las que tuvieron este tipo de actividad. Yo vivo en Barrio Unión y ahí no se dio información de ningún tipo. La gente no sabe de la ordenanza”, aseguró.

La ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Sucre es similar al proyecto que actualmente se debate y consulta en el Concejo Municipal de Libertador. Ese proyecto se aprobó en primera discusión y hasta los momentos no existe fecha para ser llevado por segunda vez a la plenaria de la cámara.


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