Durante un cabildo abierto en el sector de Prado de María, vecinos de la zona dijeron que la ordenanza llenara un vacío legal en materia de convivencia, pero criticaron fuertemente los artículos que penalizan la protesta ciudadana.
Caracas. Este 5 de julio se llevó a cabo en el sector Prado de María, del municipio Libertador, un cabildo abierto como parte de la consulta pública del proyecto de ordenanza de convivencia en el que los vecinos de Santa Rosalía manifestaron tener estar de acuerdo con algunos de los contenidos del proyecto del Concejo Municipal de Caracas.
El cabildo fue organizado por el concejal José Gregorio Cáribas quien en compañía de Mari July González y Leonardo Renault expresaron su puntos de vistas referentes al proyecto de ordenanza y oyeron a los vecinos.
Cáribas inició el evento detallando algunos aspectos de la ordenanza que consideró positivos como la regulación de la disposición de la basura, ruidos en zonas residenciales y las multas que estas acarrearían. Fue al llegar a las protestas que el tono del cabildo cambió.
Al detallar los artículos 35 y 52, los cuales establecen multas de 300 a 50 veces el tipo de cambio más alto medido por el BCV, los vecinos mostraron su clara molestia con lo que algunos calificaron como “el veneno” dentro de la ordenanza presentada por el concejo municipal.
Una ordenanza que se puede salvar si no castiga las protestas
Manuel Ávila Guerra, vecino de Santa Rosalía , expresó que es “importante” que la ordenanza ataque el problema de los ruidos molestos en la ciudad.
Eso se está viendo cada vez más, no había ninguna ordenanza que atajara este problema y que permitiera a un ciudadano hacer una denuncia efectiva. El temor a la sanción es lo que evita que el ciudadano evite cometer la infracción”, dijo.
Sin embargo, Guerra fustigó la pretensión de querer criminalizar la protesta ciudadana en Caracas.
“Hay manifestaciones espontáneas que se dan por ejemplo en el reclamo del agua y de la luz, ese tipo de manifestaciones no tiene ningún tipo de permiso porque se dan espontáneamente. El derecho a protestar está consagrado en la constitución. Tú no puedes, porque eso te moleste, venir a hacer una ley para evitar que la gente proteste por los servicios”, expresó.
Carlos González, otro vecino de Santa Rosalía, que además es dirigente social, manifestó un punto de vista similar.
La ordenanza como lo dijeron los concejales José Gregorio Cáribas y Mary July González tiene aspectos positivos en un 90%, pero hay artículos que violan la constitución al respecto de la protesta. Creo que los vecinos deberíamos montarnos en esto para hacerlas observaciones necesarias y que estos artículos se retiraran”, afirmó.
Para González, sin los artículos 35 y 52, la ordenanza tendría un par de artículos más que consideraría problemáticos, pero para él estos serían “manejables” por lo que él pasaría de oponerse al proyecto a apoyarlo.
En su intervención en el cabildo abierto, José Gregorio Cáribas pronunció una frase que resumió muy bien el sentimiento de los vecinos de Santa Rosalía:
“Creo que el 85% de la ordenanza es beneficiosa para las comunidades, los vecinos y la connivencia. Pero protestar es un derecho y estos dos artículos (35 y 52) lo vulneran”.
Actualmente el proyecto de ordenanza de convivencia se encuentra en la fase de consulta pública antes de volver a la cámara municipal por segunda vez para ser aprobado con los cambios que se consideren pertinentes.
Cualquier persona que tenga algún tipo de comentario en relación al proyecto puede manifestarlos escribiendo un correo electrónico a la dirección ccsciudadsegura@gmail.com.
¿De qué trata la ordenanza?
El proyecto de ordenanza de convivencia fue presentado en el concejo municipal como un instrumento que buscaba, a través de multas y castigos como el trabajo comunitario, regular los comportamientos indebidos dentro de Caracas.
Entre los actos que la ordenanza penaliza están los actos de discriminación, los juegos de azar en público, la realización de necesidades fisiológicas en lugares públicos, consumir alcohol en lugares públicos, ocasionar contaminación sónica, tener actos sexuales en público, entre otros.
Estas conductas serán castigadas con multas establecidas en el tipo de cambio de mayor valor registrado por el Banco Central de Venezuela. De acuerdo con el concejal José Gregorio Cáribas, no se ha definido si esto significa que las multas se establecen en euros o en petros.
El punto principal de controversia con la ordenanza se centra en dos artículos que criminalizan la protesta ciudadana.
El artículo 35 que castiga con 300 unidades de cambio a cualquier persona que “genere protesta u obstaculice vías de circulación vehicular o peatonal”
El otro artículo, el 52, sanciona con 50 unidades a quienes: realicen manifestaciones públicas sin contar con la debida autorización; a quienes realicen marchas o concentraciones que alteren el orden público y que causen daño a las personas o propiedad pública o privada; quienes causen intimidación a la integridad física de personas o bienes; y aquellos que perturben el orden público en las entradas o inmediaciones de establecimientos comerciales.
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