La nueva ordenanza, que se encuentra en la fase de consulta pública, establece multas de hasta 300 veces el tipo de cambio más alto medido por el BCV para las personas que obstaculicen el paso vehicular o peatonal por una protesta.

Caracas. El Concejo Municipal del municipio Libertador está ya en la etapa de consulta pública del proyecto de Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal, un conjunto de normativas que tendrán un gran impacto sobre la sociedad y que castigarían con altas multas las protestas sin permiso dentro de la ciudad.

La ordenanza, compuesta hasta los momentos por 85 artículos, rige todo lo concerniente a la convivencia dentro de Caracas desde castigar las conductas indebidas en zonas públicas, el daño patrimonial, los ruidos excesivos, hasta el consumo de bebidas alcohólicas.

Todas estas faltas, según el proyecto que adelanta el Concejo Municipal, se pagarán de acuerdo con el “tipo de cambio más alto fijado por el Banco Central de Venezuela” (artículo 19), así como con la realización de actividades comunitarias que están establecidas en el artículo 62.

Las actividades de trabajo comunitario son: la limpieza, pintura o restauración de escuelas, centros de salud, plazas u otros lugares públicos; la colaboración de trabajo en comedores y organismos de seguridad social; actividades de docencias en centros educativos; o cualquiera que “a juicio de la autoridad correspondiente pueda contribuir al órgano y buen mantenimiento del municipio”.

Estos castigos y la recolección de las multas impositivas serán llevadas a cabo por una nueva entidad que se creará con la aprobación del proyecto de ordenanza: la Oficina Municipal para la Convivencia Ciudadana, un órgano adscrito a la Alcaldía de Caracas.

De todas las actividades penalizadas por el proyecto, sobre la que se pone más peso es la protesta ciudadana, la cual –dependiendo del artículo– puede acarrear multas de 50 hasta 300 euros.

El artículo 35 señala que “quien genere protestas u obstaculice vías de circulación vehicular o peatonal, será sancionada con una multa equivalente a trescientas (300) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor fijado por el BCV o la realización de dos de los trabajos comunitarios establecidos en el artículo 62 por un lapso de cuarenta y ocho (48) horas”.

Mientras que el artículo 35 es el que acarrea la sanción más alta, es el 52 el que abarca el término más amplio de la protesta como motivo de sanción, en especial si esta es espontánea, es decir que no sea planificada ni cuente con los permisos necesarios.

Artículo 52 del proyecto de Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal

Será sancionada o sancionado con una multa equivalente a cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela o la realización de dos (02) de los trabajos comunitarios establecidos en el artículo 62 de la presente Ordenanza, por un lapso de cuarenta y ocho (48) horas quienes incurran en las siguientes conductas:

1. Realicen manifestaciones públicas sin contar con la debida autorización.

2. Realicen marchas o concentraciones públicas que, estando autorizadas alteren el orden público y/o causen daño a las personas, así como a la propiedad pública o privada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

3. Induzcan o cometan acciones violentas que causen intimidación o daño a la integridad física de las personas o bienes.

4. Perturben el orden público en las entradas o inmediaciones de los establecimientos comerciales diurnos o nocturnos.

A pesar de que la ordenanza propuesta desde el Concejo Municipal de Caracas trata temas que son valorados positivamente, por ejemplo la contaminación sónica, para algunos líderes comunitarios resulta preocupante el énfasis en el castigo a la protesta.

Violación a los derechos e intimidación

Eduardo Ocariz, dirigente vecinal de la parroquia Coche, aseguró que los artículos de la ordenanza referentes a las protestas y manifestaciones “son una clara violación al derecho de manifestar pacíficamente que tienen todos los ciudadanos y que está establecido en la Constitución”.

Ocariz hizo hincapié en las protestas que ocurren espontáneamente dentro de la ciudad, en su mayoría relacionadas con las fallas generalizadas de los servicios públicos.

En Coche, lo mínimo que padecemos son 100 horas semanales de racionamiento de agua. Cuando llega es amarillenta o con mal olor, a veces ambas. Que estén violando los derechos de las personas a protestar con la ordenanza, lo que busca es criminalizar a aquellos que exigen sus derechos humanos, una mejor calidad de vida y dignidad humana, expresó.

Por su parte, Carlos Farías, dirigente de la parroquia El Valle, consideró que los artículos de la ordenanza lo que en verdad buscan es intimidar a la población y poner aún más trabas para que estos puedan manifestar su malestar con la situación actual de Caracas.

Me parece que es una aberración y que lo están haciendo solo para seguir intimidando a la gente. Si yo y la gente que está afectada por la falta de gas queremos protestar, no vamos a ir a pedir permiso para manifestar una hora. Lo que se busca es cohibir a la gente y lograr eso, la intimidación, manifestó.

Tanto Farías como Ocariz criticaron además que este proyecto de ordenanza se esté llevando a cabo sin una consulta amplia que incluya a todos los sectores de la sociedad.

Farías dijo que no ha presenciado ninguna consulta pública en El Valle, mientras que Ocariz dijo que sí hubo un evento en Coche, pero añadió que solo estuvieron notificados los miembros de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh).


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