El edificio Los Guanchez en La Silsa suma fallas previas y daños por los sismos, bajo dictamen de uso restringido. Entre carpas y apartamentos en riesgo, trece familias exigen la rehabilitación integral a las autoridades.
Caracas. A la entrada de la calle Colombia, en La Silsa, un populoso sector ubicado en Catia, al oeste de Caracas, una estructura de cuatro pisos refleja el impacto directo de los temblores del pasado 24 de junio.
Trece familias, instaladas desde hace 26 años en el edificio Los Guanchez, atraviesan días de angustia ante las graves afectaciones que sufrió el inmueble. Por lo tanto, apelan al apoyo de las autoridades para concretar la reconstrucción del espacio que han sostenido por autogestión durante más de dos décadas.
Según el sistema de semáforo habitacional, un protocolo oficial para clasificar el peligro de las estructuras según colores de alerta, empleado por organismos gubernamentales para evaluar las zonas afectadas, la primera inspección realizada el sábado, 26 de julio, por funcionarios de la Alcaldía del municipio Libertador clasificó la edificación como de “uso restringido”.
Tras la inspección, funcionarios pegaron una etiqueta amarilla en la fachada del inmueble, señal que advierte riesgo moderado y prohíbe la permanencia continua.
Este edificio tiene alrededor de 75 años de antigüedad. A mediados de año, sus habitantes repararon filtraciones de aguas servidas, mediante la sustitución de tuberías. En distintas oportunidades han tramitado la recuperación del inmueble, pero han sido desestimados bajo el argumento de ser ocupantes irregulares.
Al desgaste habitual de la infraestructura se sumaron ahora las grietas en columnas y paredes de varios apartamentos. Sin embargo, las más graves se concentran en la azotea, donde habitan dos familias. Una de ellas incluye a una persona con discapacidad motora, una condición física que limita el movimiento y la movilidad independiente.
Atrapados en la azotea
De sus 44 años de vida, Maryury Rivas ha pasado 26 en esta estructura que antes permaneció desocupada por más de dos décadas. Ella integra el grupo que se instaló en el año 2000 debido a la escasez de vivienda. En diciembre de ese mismo año, representantes del Gobierno visitaron el lugar para entregar juguetes a los niños.
“Tenía 18 años cuando llegamos aquí. Hemos actuado de manera responsable: fundamos el primer Consejo Comunal de la zona Los Guanchez, realizamos reparaciones por autogestión y nos pusimos al día con las deudas históricas de servicios públicos como agua, luz y aseo urbano. Vivo en la azotea del edificio con mi padre de 65 años, quien padece una enfermedad cardíaca, y mis dos hijos de 24 y 16 años”,
contó Rivas.
36 días después del evento telúrico, Maryury y su hijo de 16 años no han superado el trauma causado por los sismos. Permanecieron abrazados durante los 39 segundos que duró la sacudida, imposibilitados de evacuar el edificio debido a la discapacidad motora que ella padece.
Rivas, estudiante de primer año de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela, ha recibido medicinas, alimentos y atención psicológica por parte de las autoridades de su escuela. Además, recibió apoyo de la Comisión para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad y la Sala Situacional de la FCU, el espacio de coordinación de la Federación de Centros Universitarios. También recibió ayuda de la Iglesia Adventista, docentes y compañeros de diversos movimientos.
Sin recursos para rehabilitar
Después del doblete sísmico, los habitantes desalojaron el inmueble y fueron acogidos por miembros de colectivos locales. También organizaciones comunitarias de la zona les dieron refugio en el estacionamiento de la antigua fábrica Leche Silsa.
Aunque algunos retornaron a sus hogares, otros permanecen en carpas con la incertidumbre provocada por el dictamen técnico municipal de “uso restringido”.
Maryury, su padre de 65 años y sus dos hijos no pueden regresar por el peligro manifiesto de colapso de las paredes. Por ejemplo, una de ellas se fracturó por completo, comprometiendo la vida de los ocupantes.
“Estoy durmiendo en una carpa frente al edificio, ya que mi condición física me impediría escapar ante una nueva emergencia. Estoy angustiada, no tengo recursos para reparar mi apartamento cuando se permitan las reparaciones”.
Debido a que la solución definitiva depende de las instancias públicas, los afectados apelan a las autoridades municipales y nacionales para que asuman la rehabilitación integral del edificio. Este edificio ha sido su hogar durante más de un cuarto de siglo.
La historia del edificio Los Guanchez expone la urgencia con la que debe responder la gestión de riesgos en las zonas populares de Caracas. Con un dictamen de uso restringido que paraliza su cotidianidad y sin los medios económicos para asumir obras de gran escala, estas trece familias no piden asistencia temporal. Por el contrario, piden soluciones estructurales definitivas.
La pelota está ahora en el tejado de los organismos municipales y nacionales, de quienes depende que este inmueble vuelva a ser un espacio seguro para quienes lo han cuidado durante más de dos décadas.
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