Este programa, que arrancó en abril de 2016, no llega a todos los sectores de Caracas. Depende de cómo estén organizados los consejos comunales. Lo que refieren los vecinos es que priva mucho la afiliación política y el liderazgo vecinal de la zona.

Caracas. “Nunca nos ha llegado una bolsa de los Clap”, dijo una vecina de Parque Central”. “A mí no me censaron y por eso quedé por fuera. Ese día estaba trabajando. La gente del consejo comunal me dijo que no me preocupara, pero ya ves, sigo esperando”, contó una residente de San Bernardino.

“A nosotros nos dicen que por escuálidos no nos toca”, refirió un ama de casa en El Valle. “Tenemos el consejo comunal vencido y en el Ministerio de Alimentación nos informaron que debemos esperar hasta abril de 2017”, manifestó un habitante de una de las veredas de la parroquia Coche, quien comentó que a su vecina, que vive cuatro cuadras más arriba, no le llega desde noviembre de 2016.

“Aquí no hay Clap porque no hay consejo comunal”, indicó una señora en La Candelaria. “Hay que bailar pegado con el PSUV para que te lleguen las bolsas”, mencionó otra que reside en el barrio El Carmen de Antímano.

“Nos estaban llegando cada 45 días, pero en diciembre solo nos dieron el pernil, y eso fue repartido así: una pierna por cada tres familias”, denunció una trabajadora de El Cementerio.

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Eso es solo un compendio de varios testimonios recogidos en torno a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), iniciativa que creó el Gobierno en abril de 2016 para garantizar el abastecimiento de rubros básicos, pero cuyo sistema de distribución ha sido discrecional, debido a que el reparto a veces depende de la afiliación política; las bolsas no llegan con frecuencia y cuando aparecen no tienen todos los productos prometidos. 

Por medidas de seguridad se usan las frases y se omiten los nombres de las personas, pues muchas temen represalias por parte de los organizadores. 

Contra el bachaqueo y la corrupción

Los venezolanos diariamente sufren las consecuencias de las distorsiones de la economía: inflación y escasez, pero la solución a estos desequilibrios no llega. 

La ausencia de rubros en los anaqueles se ha agudizado debido al declive de la producción por la restricción en la entrega de billetes verdes, la fijación de precios y las regulaciones. Y con una baja oferta de bienes, el Gobierno inyecta más dinero a la economía, lo cual presiona los precios y evapora el ingreso.

Para afrontar la crisis, la administración de Nicolás Maduro opta por recrudecer los controles, y los Clap han sido instrumento para ello, sirviendo además para que los ciudadanos sean más dependientes del Estado en el acceso a la comida.

El 3 de abril de 2016, el Presidente dijo: “Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano por la vía del socialismo”.

Nueve días después, volvió a referirse al asunto: “Los Clap son la cura del bachaqueo y la corrupción para llegar a una economía autosustentable, con fuerza propia, integrada, para satisfacer las necesidades del ser humano”.

Hay más. En las alocuciones, el mandatario siempre asevera: “Todo el poder para los Clap”. Sin embargo, a pocos meses de cumplirse un año de la conformación de los Comités, el saldo es que no han garantizado el abastecimiento ni han acabado con la reventa. 

Analistas señalan que el Gobierno estructuró una vía para administrar la escasez. En octubre del 2016, el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, terminó admitiendo que con los Clap se administra el poco alimento.

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Aunque a lo largo del pasado año se realizaron reuniones con los privados para buscar maneras de superar los escollos en la producción, ese objetivo no se alcanzó. La actividad industrial disminuyó y con unas empresas que operan a 35 % de su capacidad, el Jefe de Estado ordenó a las empresas orientar 50 % de la producción de alimentos y artículos de higiene a los Clap. Con esa regulación se busca más poder.

El economista y profesor, Ronald Balza, señala que “hace unos años las familias tenían locales donde comprar incluso los productos regulados. Hoy día no es así, por ello, hay más dependencia de las bolsas de los Clap”.

En las redes privadas, a lo cual acuden más los venezolanos, la variedad de productos no es amplia, pero en las redes públicas la crisis es mayor, y más cuando el número de establecimientos se ha reducido.

Por tanto, una parte de los ciudadanos buscan las bolsas, porque además sus ingresos son limitados. Balza añade que “para algunos grupos de la población la dependencia es mayor”.

La encuesta de Ratio UCAB de noviembre reveló que 53,6 % de los venezolanos tienen problemas para acceder a la comida, y un tercio de la población ha tenido que pedir ayuda para alimentarse.

“Sin el Clap no me resteo”

Durante todo el 2016 hubo protestas por comida, y varias fueron contra la organización comunal alentada por el Ejecutivo.

Una que despertó la amargura por los Comités, fue la desarrollada el pasado 2 de junio de 2016: los habitantes de la avenida Fuerzas Armadas —a cinco cuadras de Miraflores—, mostraron su furia frente a una orden emanada del despacho del Gobierno del Distrito Capital, que indicaba que ningún establecimiento cercano al Palacio Presidencial debía expender productos alimenticios cuyos precios estuvieran regulados por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde). 

Las denuncias ese día fueron dirigidas a la actuación de los Clap que, en compañía de funcionarios policiales y militares, intentaron desviar un camión de alimentos que tenía como destino un abasto local, afectando a cientos de pobladores que tenían más de tres horas haciendo fila para poder comprar alimentos.

Lo mismo ocurrió en las parroquias Sucre y Antímano. Más tarde se repitió en La Vega y en Petare, donde hubo fuertes protestas, cierre de vías y conatos de saqueos.

Según los investigadores de Manifestar.org, de 3.060 protestas que se registraron hasta octubre de 2016, 513 estuvieron vinculadas a demandas por comida (16% del total). Respecto a 2015, estos eventos aumentaron 968 %, ya que ese año se contabilizaron solo 48 protestas.

Las molestias evidencian que el desabastecimiento —estimado a noviembre en 77 % según Datanálisis— no pudo ser controlado por los Clap, comités con los que Maduro espera estabilizar la economía en seis meses y superar con ellos “el modelo rentista y capitalista instaurado en la Cuarta República”.

La diputada del Psuv, Nora Delgado, argumenta que “uno de los objetivos de los Clap es sustituir a los empresarios, pero un año no ha sido suficiente para la organización. Por ello ha habido reclamos. Esas diferencias la gente las tiene que resolver con las organizaciones. Nuestro fin es que el pueblo no dependa del empresario”.

Los Clap no solo venden bolsas, regulan la distribución y producción de las industrias, y adicionalmente, pueden controlar el orden público.

Para que tengan un mayor poderío en mayo de 2016,  Maduro asignó un fondo de 10 millardos de bolívares con el objeto de “ganar esta guerra”, en las que participan los consejos comunales, las Unidades de Batalla Bolívar–Chávez (UBCh), el Frente Francisco de Miranda y la Unión Nacional de Mujeres (UnaMujer), todas estas instancias bajo el control y supervisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Discriminación y partidización

Más allá de que el despacho de alimentos ha sido insuficiente, la molestia con los Clap se centra en la discriminación que existe en el proceso de venta de los paquetes. 

“Sobre esos organismos comenzó a recaer la organización y operatividad de los comités. Con ellos es que comienzan la discriminación y la partidización de los Clap”, comentó Manfredo González de la Red Vecinal del municipio Sucre.

Según González, quien también forma parte de la Red Vecinal Metropolitana, esos comités los están manejando de manera clientelar y partidista: “Reparten en algunos sectores populares. No se ven en las urbanizaciones del municipio. En Sucre, quienes están entregando las bolsas son los concejales, que van casa por casa y hacen operativos en los sectores populares”.

A su juicio, esto no es un beneficio, pues hay ciudadanos que no lo han recibido.

“El Gobierno sale a dar cifras que no son ciertas. El municipio Sucre es emblemático porque está Petare. Sin embargo, eso está sucediendo en todos los municipios. Cuando sacas la cuenta —electoralmente hablando— la proporción es 40 % urbanizaciones, 60 % zonas populares. Eso quiere decir que a casi la mitad de la gente no les está llegando el Clap”.

La diputada Mariela Magallanes complementa y añade que “la distribución de la comida es a discreción de quien la tiene” y, por tal motivo, destaca que muchas veces las bolsas se venden a quien tiene vinculación con el partido de gobierno y a aquellos que se atreven a denunciar el trato que reciben por parte de los Comités, les quitan el beneficio.

Por ello, la parlamentaria asevera que “los Comités son un control político”. 

En noviembre, Provea destacó en un informe que “la falta de reglamentación de los Clap, precisa y suficientemente conocida tanto por los ejecutores como los beneficiarios, abre espacios a las arbitrariedades, entre ellas la discriminación por razones políticas” y añadió que “la falta de trámite de las iniciativas legales contra los Clap, dificulta la justiciabilidad de las violaciones de derechos humanos denunciadas por las víctimas de discriminación política”.

La ampliación del control 

El Gobierno busca que el dominio de los Clap crezca. En 2016, atendieron a 1,9 millones de familias y a marzo ese número se triplicaría. 

Para el alcance de esa política se fijaron tres planes. Uno de ellos fue el denominado Plan Especial para Zonas de Silencio en Caracas, que consistió en ir a las zonas donde nunca han llegado las bolsas, según explicó el coordinador de esta instancia, Freddy Bernal, quien además resaltó que este beneficio no era para todo el mundo.

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El otro plan fue el reforzamiento y respondió a ir otros lugares que no han sido atendidos, pero en todo el país. Para responder a esos requerimientos de la población, el presidente Nicolás Maduro ordenó unas compras especiales para ofrecer 2 millones de combos de alimentos importados por mes.

El tercer plan fue la aplicación de un mecanismo expedito junto con la Sundde para atender las denuncias.

Con todo, la realidad es que mientras se han desarrollado esas estrategias, las irregularidades aumentan en zonas como La Candelaria, La Urbina, Coche y El Valle, no están llegando ni las cajas ni las bolsas.

“Nos dicen que somos escuálidos y que el consejo comunal está vencido. La gente fue a reactivarlo y ahora les informaron que para abril de este año, pues están suspendidas las elecciones. Mientras tanto, no recibimos las bolsas”, mencionó Rita Cáceres, vecina de las veredas de Coche.

En casi un año que está el tema de los Clap, otra habitante de ese sector mencionó que se las ofrecieron para el mes de marzo, “pues es una orden del Estado Mayor del Clap atender los sectores que no han recibido”, acotó.

Pero las denuncias llueven, aunque la orden sea distribuir la comida con más frecuencia.

“Se benefician son los consejos comunales y sus familiares. De hecho, ellos compran en cualquier lado y solo porque son del PSUV”, comentó Carmen Rasquier, vecina de las residencias de Cochecito.

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En diciembre de 2016, se tuvieron 26.691 Clap que distribuyeron bolsas a 1,9 millones de familias, informó Nicolás Maduro el 15 de enero.  De las 1.200 parroquias que hay en el país, priorizaron 644 que según estadísticas son las de mayor vulnerabilidad social. Freddy Bernal señaló que se cubren 86 % de los sectores.

Lo de la distribución para el mes de marzo en esa zona del suroeste capitalino coincide con las recientes declaraciones del vicepresidente Tareck El Aissami, quien anunció que afinan una estrategia para la expansión de los Comités con el objetivo de llegar a 6 millones de personas antes del 12 de marzo de este año. Algo que llamó “contraofensiva de los Clap”.

Para ello en las últimas semanas las autoridades han presionado a las industrias para que agilicen la entrega de la producción.

Foto: AVN


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