El Procurador Especial y profesor de Derecho Constitucional, Enrique Sánchez Falcón, emitió un duro comunicado público en el que tilda a Julio Borges de mentiroso, desinformado e irresponsable por sus declaraciones sobre la protección de los activos en el exterior. Dijo que el informe de la comisión nombrada para investigar denuncias sobre manejo de Monómeros “propone que las cosas sigan como están” y contó con el respaldo de Primero Justicia.
Caracas. En un comunicado hecho público la tarde de este viernes, la Procuraduría Especial, dirigida por el profesor de Derecho Constitucional Enrique Sánchez Falcón, desmintió declaraciones ofrecidas por Julio Borges, comisionado para Relaciones Exteriores del gobierno encargado de Juan Guaidó, quien aseguró que “todos los recursos (para pagar los juicios de defensa de activos) se han aprobado”.
El procurador especial replicó que esa afirmación no es cierta: “La Asamblea Nacional nunca ha aprobado un presupuesto integral para sufragar los litigios. Lo aprobado ha ocurrido siempre por montos menores a lo debido y muy tardíamente, sin tomar en cuenta que se trata de una deuda que crece con el decurso de los juicios”.
Tal como lo dijo el propio procurador especial en su rendición de cuentas el 28 de julio de este año ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021, y lo reiteró en un derecho de palabra ejercido ante esa misma instancia el 29 de septiembre, los recursos que requiere ese despacho para pagar servicios ya causados y por causar para la defensa de activos, desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021, ascienden a 39,4 millones de dólares. De esa suma, la oficina no ha recibido ninguna asignación.
“Aunque las solicitudes se han hecho siempre oportunamente, los retardos habidos en la aprobación de los recursos para los litigios han sido siempre causados por la actitud del partido Primero Justicia, sin razones de ninguna especie”, dice el comunicado.
La Procuraduría Especial también refutó el señalamiento de Borges que deja entrever que no ha habido una apropiada rendición de cuentas de los recursos utilizados para la defensa de activos. Al respecto el comunicado agrega:
“Esta es otra mentira de Borges. Durante los años 2019, 2020 y 2021, las Juntas Administradoras Ad Hoc de Pdvsa y el BCV han presentado oportunamente sus respectivas rendiciones de cuenta a la Asamblea Nacional, por los juicios atinentes a esos entes. La Procuraduría Especial recibió recursos en el mes de mayo de 2021, efectuó formalmente su rendición de cuentas ante el Presidente Encargado y ante la Comisión Delegada el 30 de junio de 2021 y reiteró esa rendición, públicamente, el 28 de julio de 2021”.
Procuraduría informó su estrategia
En la entrevista reseñada por el portal politiks.co, Borges cuestionó la participación del gobierno encargado en “una cantidad de juicios cuando la protección depende de la licencia de Estados Unidos”. El procurador especial expresó que tal afirmación “refleja una descomunal irresponsabilidad difícil de creer que se deba a ignorancia” y explica que la no concurrencia del Estado a los juicios emprendidos en su contra no lo exime de las condenas por incomparecencia:
“Sería absurdo pensar que el gobierno interino asume la propiedad de los activos, pero le deja al régimen de Maduro que se ocupe de la defensa de estos”, dice el comunicado.
Asimismo, Julio Borges cuestiona la supuesta falta de jerarquización de los juicios en los que participa la Procuraduría Especial en la defensa de los activos y al respecto el procurador Sánchez Falcón le replica lo siguiente:
“Si Borges se tomara el tiempo de leer las comunicaciones de la Procuraduría Especial dirigidas a la Asamblea Nacional y dedicadas al problema de los litigios –que ya deben estar rondando la centena– se habría enterado de que en el oficio N° PER-P-244, de fecha 14 de abril de 2021, y con el cual remitimos a dicha Asamblea la solicitud de aprobación de un presupuesto integral que discrimina caso por caso los juicios a atender (en curso y nuevos juicios) hasta el 31 de diciembre de 2021, la Procuraduría Especial propuso una jerarquización de los juicios, así como una estrategia clara basada en el criterio del control de daños, único utilizable ante juicios generados en su casi totalidad por los abusos y atropellos de los tiránicos desgobiernos de Chávez y Maduro”.
Sobre la propuesta de crear un fideicomiso que Julio Borges y Primero Justicia han promovido públicamente este año, la oficina de la Procuraduría Especial responde que la misma ha sido promocionada en medios de comunicación por sus voceros, pero nunca ha sido elevada ante los órganos correspondientes como lo son la AN y esa oficina.
“Jurídica e institucionalmente, los órganos ante los cuales la propuesta de constitución de un fideicomiso debería haberse ya presentado son la Asamblea Nacional y la Procuraduría Especial de la República y hasta el momento esto no ha ocurrido. Es más, después de algunos meses de estar mencionando mediáticamente una supuesta propuesta, esta sigue sin conocerse en sus aspectos jurídicos, políticos, económicos y administrativos”, dice el comunicado.
El caso Monómeros
El procurador especial también cuestiona la postura asumida por Borges y Primero Justicia en la investigación sobre las denuncias de irregularidades en Monómeros:
“Si la política y los intereses metidos en los activos es algo contra lo cual Borges está totalmente en desacuerdo, cómo es que él y su partido instruyeron a su representante en la Comisión Especial de Control e Investigación de Monómeros para que aprobara, junto con otros partidos, un informe en el que se eluden los graves señalamientos sobre el funcionamiento de la empresa hechos por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, así como también por el Presidente encargado de la República, en cuanto a hacer una reestructuración a fondo de la empresa”.
En opinión del procurador especial, dicho informe, presentado esta semana por la comisión especial nombrada por la Comisión Delegada, se conforma con proponer “que las cosas sigan como están”.
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