Por falta de pruebas exigen a la Fiscalía culminar la investigación contra Luis Carlos Díaz

La solicitud de conclusión de la averiguación, consignada en un documento, explica que el Ministerio Público no investigó dentro del lapso de los ocho meses que la legislación venezolana establece para presentar las evidencias que sustenten la acusación. El periodista está acusado de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión con prohibición de salida del país.

Caracas. Abogados de la organización Espacio Público exigieron a los tribunales el cierre de la investigación contra el periodista y activista por los derechos humanos Luis Carlos Díaz, al vencerse –este miércoles 12 de noviembre– el plazo legal para la presentación de las supuestas evidencias halladas en su vivienda el 12 de marzo cuando fue detenido arbitrariamente.

La solicitud de conclusión de la averiguación, consignada en un documento, explica que la Fiscalía no investigó dentro del plazo de los ocho meses que la legislación venezolana establece para presentar ante el Tribunal las pruebas que sustenten la acusación.

Al periodista se le acusa de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión con prohibición de salida del país, imposibilidad de declarar a los medios sobre su caso y régimen de presentación.

Díaz fue acusado del delito luego de que Diosdado Cabello presentara en su programa televisivo Con el mazo dando un video distorsionado en el que manipulaba las recomendaciones del periodista sobre las acciones comunicacionales que se deberían tomar durante un apagón.

“Si la Fiscalía no presenta pruebas en contra del acusado, en esta situación particular, el Tribunal debe aplicar el control difuso de la constitucionalidad y declarar el sobreseimiento de la causa, es decir,  la suspensión del proceso legal por falta de pruebas, que equivale a la inocencia y libertad plena”, se lee en el texto.

Los representantes de Espacio Público pidieron –en caso de que no se declare el sobreseimiento– la aplicación del artículo 295 del Código Procesal Penal que implica que el juez debe fijar durante las próximas 24 horas, un plazo de entre 30 y 45 días para culminar el proceso de investigación.

La solicitud detalla que si el fiscal, Tarik Mora, hubiese obtenido elementos suficientes para comprobar la acusación se habría iniciado un proceso de juicio, pero la falta de independencia en el sistema judicial obstaculiza la investigación. Mora está involucrado en los casos políticos contra Juan Requesens, Roberto Marrero y Fernando Albán y también es el comisionado para averiguar la muerte de los jóvenes Armando Cañizales y Carlos José Moreno.

La Fiscalía 67 –encargada del caso– aún mantiene en su poder la computadora, pendrives, discos duros y otros equipos electrónicos que fueron decomisados cuando Díaz fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se dirigía su casa en bicicleta.

El 29 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la medida cautelar 250-19 en favor de Luis Carlos Díaz, en la que insta al Estado a garantizar que el periodista pueda ejercer su labor comunicacional y su derecho a la libertad de expresión, según los estándares de derechos humanos, los pactos y tratados firmados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Aun así, el Gobierno permanece en silencio ante la solicitud de la CIDH.

Los representantes legales de Díaz también solicitaron que se eliminen las medidas cautelares que le impiden salir del país y pidieron que se fije una audiencia para escuchar a las partes involucradas.

Desde marzo se presentaron cuatro solicitudes de permiso de viaje ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas, y todas fueron negadas lo que ha evitado que el activista asista a eventos internacionales sobre democracia y periodismo.

Hasta el momento la Fiscalía 67 no ha atendido ninguna de las diligencias entregadas por la defensa ni ha hecho ningún tipo de experticia para probar la culpabilidad o la inocencia de Luis Carlos Díaz.

“Espacio Público exige al Estado cumplir con lo establecido en el COPP y en la Constitución Nacional, de manera que no se retrase más el proceso en contra de Luis Carlos Díaz y sea declarada su libertad plena, levantando las medidas cautelares que limitan su trabajo y respetando el principio de presunción de inocencia”, se puntualiza en el documento.


Participa en la conversación