El tiempo de la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para verificar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y otros graves crímenes está por expirar. Sin embargo, varios países y decenas de organizaciones civiles piden prorrogarle su actividad, por considerar que su tarea no ha concluido.
Caracas. La Misión Internacional Independiente de Deterninación de Hechos sobre Venezuela está por publicar su tercer informe sobre el país, en el cual, si se cumple lo anunciado por los propios integrantes del grupo, deberán señalarse a los potenciales responsables de los “crímenes de lesa humanidad” ocurridos en el país desde 2014.
Sin embargo, con la presentación de este reporte la instancia también debería llegar a su fin, un escenario que no agrada a cientos de organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, las cuales tienen meses en campaña tratando de convencer a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que extiendan, por segunda vez, el mandato del organismo.
Para entender lo que está en juego en estos días en Ginebra (Suiza), donde el Consejo tiene su sede, en Crónica.Uno ofrecemos esta guía para intentar despejar algunas dudas.
¿Qué es la Misión?
La Misión es uno de los instrumentos con los que cuenta el Consejo de Derechos Humanos para monitorear la situación de un país en particular. La Misión de Venezuela fue creada en 2019 para investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014” con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
¿Qué ha hecho hasta ahora la instancia?
La Misión sobre Venezuela ha presentado dos informes. El primero en 2020 y en él concluyó que hay “motivos suficientes” para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, como “asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada […] y otros actos inhumanos de carácter similar”. Y que estos fueron cometidos con anuencia, cuando no órdenes directas, de altas autoridades del Estado.
En su segundo reporte, publicado en septiembre de 2021, acusó al Poder Judicial de ser cómplice de dichos crímenes.
¿Cómo ha llegado a estas conclusiones?
La Misión no ha podido visitar Venezuela, porque las autoridades nacionales se opusieron a su creación. Sin embargo, la instancia ha sido capaz de reunirse con víctimas o familiares de víctimas y con exfuncionarios en el extranjero, los cuales le han suministrado información. Asimismo, organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos le han presentado denuncias y casos de graves crímenes.
¿Por qué se pide extenderle el mandato a la Misión? ¿Cuáles son las razones?
Porque las violaciones a los Derechos Humanos no han cesado en Venezuela, porque todavía faltan muchos casos que documentar, porque la impunidad y la falta de mecanismos internos de reparación persisten y porque el gobierno no cesa en sus intentos por eludir el escrutinio internacional. Estas son las cinco razones que 125 organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos alegaron en una carta que le enviaron en agosto pasado a los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, en la que le piden extender, por segunda vez, el mandato de la instancia.
Asimismo, los peticionarios consideran que la extensión permitirá a la Misión abordar áreas y enfocarse en grupos sobre los que hasta ahora no ha podido fijar su atención con mayor detenimiento.
¿Para qué ha servido hasta ahora?
En primer lugar la Misión ha servido para darle voz a las víctimas y a sus familiares y para exponer al mundo los crímenes que las autoridades vienen cometiendo contra los venezolanos, en particular aquellos que se les oponen. Los informes de la Misión han servido para mantener la atención de la comunidad internacional sobre la grave crisis institucional y humanitaria que afronta el país.
De la misma manera, la labor de la Misión ha tenido un efecto disuasorio en la comisión de nuevas violaciones a los Derechos Humanos. Así lo aseguran desde el movimiento de Derechos Humanos, donde consideran que el monitoreo de la Misión, así como la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), han desempeñado un papel en la reducción en el número de ejecuciones extrajudiciales registradas en 2021. El año pasado, el Centro de Acción Social de la Compañía de Jesús (Centro Gumilla) y Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contabilizaron 1.400 ajusticiamientos, mientras que en 2020 reportaron 3.034.
¿Para qué podría servir una extensión de la Misión?
Las nuevas investigaciones que conduzca la Misión podrían ayudar a las averiguaciones por crímenes de lesa humanidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició a finales de 2021, al brindarle insumos o una guía, han afirmado quienes definden la extensión en su carta. Asimismo, en el tercer reporte, la Misión había anunciado que trataría de identificar a los presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad y las respectivas cadenas de mando.
¿Las condenas que los tribunales han impuesto a los responsables de algunos crímenes (Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo), así como la cooperación que las autoridades aseguran tener con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la CPI, no hacen innecesaria a la Misión?
No, aseguran los peticionarios, los cuales en su misiva recordaron que ya en el pasado las autoridades hicieron promesas de cooperar de forma genuina con el sistema de derechos humanos de la ONU, pero el tiempo reveló que dichas promesas solo “buscaban evitar el escrutinio internacional y no han resultado en mejorías tangibles en la situación de Derechos Humanos en el terreno”.
Para probar la acusación anterior recordaron que ninguna de la treintena de recomendaciones que la anterior alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, formuló a lo largo de los últimos años ha sido acatada completamente. Esto, a pesar de que el gobierno aceptó que funcionarios de su despacho se instalaran en el país.
¿Qué probabilidades hay de que se prorrogue la Misión?
En las últimas semanas siete países del continente han pedido al Consejo de Derechos Humano que extienda el mandato de la Misión (Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú). De estos dos (Brasil y Paraguay) integran el Consejo. Sin embargo, durante las últimas sesiones varios Estados más, en especial europeos, se han mostrado favorables a esta posibilidad. No obstante, hay dudas de que se logre el número necesario, debido a que un importante porcentaje de los miembros del Consejo tienen un mal historial de Derechos Humanos y son aliados del gobierno como Cuba, Bolivia o China.
¿Cuál es la posición de las autoridades venezolanas?
Como ya afirmamos antes, desde que en 2019 fue creada, el gobierno de Nicolás Maduro se viene oponiendo a la Misión por considerarla “una iniciativa hostil” y “alejada de una genuina promoción de los Derechos Humanos”.
El embajador venezolano en Ginebra, Héctor Constant Rosales, ha criticado los informes de la instancia por considerarlos “politizados”, por “repetir las acusaciones que lanzan los enemigos de Venezuela” y por haberse “hecho a distancia”, algo que viene ocurriendo por la negativa de las autoridades a permitirle a la instancia acceder al país . No hay motivos para creer que esta posición vaya a cambiar.
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