El procurador especial del gobierno encargado, Enrique Sánchez Falcón, presentó un resumen de sus actuaciones del último año ante los medios de comunicación, en respuesta a la resistencia de la Comisión Delegada de la AN2015 a convocarlo para rendir memoria y cuenta en esa instancia. Destaca la creación de un protocolo para que acreedores del Estado cobren sus deudas con activos producto de la corrupción.
Caracas. Esta semana se cumple un año de la última rendición de la memoria y cuenta de la Procuraduría Especial del gobierno encargado ante la Asamblea Nacional electa en 2015. Sin embargo, en medio de la diatriba entre la esa oficina y partidos del G4, la Comisión Delegada no ha logrado ponerse de acuerdo para convocar nuevamente al procurador Enrique Sánchez Falcón.
En respuesta, la oficina del procurador especial convocó este martes a una rueda de prensa con medios nacionales y extranjeros para presentar a la opinión pública un resumen de sus actuaciones del último año y dejar claro que ese despacho está abierto al escrutinio público y de la Asamblea Nacional, cuando esta lo decida.
Sánchez Falcón ha expresado en repetidas ocasiones su disposición a concurrir a la Delegada para responder las dudas que tengan los diputados. El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, propuso en una entrevista a este medio, que la Delegada cite al funcionario.
Aún así, el G4 no ha logrado fijar una fecha de mutuo acuerdo para cumplir con ese mandato constitucional, como lo es la rendición de cuentas de los entes públicos.
Sánchez Falcón recalcó que sin embargo, su oficina no solo presentó el informe de memoria y cuenta en julio del año pasado sino que además ha mantenido informada a la opinión pública, al gobierno encargado y a la AN2015 de todas sus actuaciones mediante informes, oficios, y publicaciones diversas a lo largo del último año.
Las más recientes han sido el informe consignado en marzo de este año ante la Delegada, del cual, dijo, aún no ha recibido respuesta; y su comparecencia ante la Comisión de Contraloría en junio pasado, donde presentó un resumen de las actuaciones de la Procuraduría Especial.
“Los factores políticos que plantearon ese desafío (de ser interpelado por la Delegada) se opusieron a que se diera la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. No sé por cuál motivo, pero no se logró el acuerdo para que se realizara esa rendición de cuentas”, dijo.
Guaidó lo respalda
El procurador especial aseguró que ante tal controversia, Juan Guaidó respaldó su decisión de responder a los señalamientos de Borges de manera pública y lamentó que esos desencuentros entre los partidos hayan “entorpecido” la defensa de los activos y la atención de los litigios.
Además, ratificó que el principal obstáculo para la toma de decisiones sobre la Procuraduría ha sido la postura de Primero Justicia pero admitió “que hay otros factores como AD y UNT que en muchos casos los han acompañado en esas posiciones”.
El funcioanrio lamentó que estos partidos no hayan rechazado públicamente los argumentos de PJ y dijo estar consciente de que “las decisiones se han tomado con la opinión y el voto de esos factores”.
Aunque reconoció que fue postulado por Voluntad Popular, recalcó que no está vinculado a ningún partido político: “Voluntad Popular me propuso para esta posición, pero yo no tengo ningún compromiso con ese grupo. Reconozco que ese grupo ha acompañado la gestión de la Procuraduría”.
201 procesos judiciales y arbitrales contra Venezuela
En su introducción a la rueda de prensa, el funcionario del gobierno encargado amplió parte de la información que había presentado en junio ante la Delegada. Por ejemplo, precisó que actualmente hay 201 procesos, entre judiciales y arbitrales, contra la República, por “acciones y decisiones irresponsables” tomadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
De esos 201 procesos identificados por la Procuraduría, 139 son litigios donde se disputa un monto global de 24,6 millardos de dólares, y 62 arbitrajes (la Procuraduría Especial solo está actuando en cuatro de ellos) donde se disputan otros 15,6 millardos de dólares para un monto global de 40.141.223.586,53 dólares. “No estamos actuando en todos esos procesos, pero son los procesos que tenemos identificados”, aclaró el jurista y exprofesor de la UCV.
Reiteró que la Procuraduría tiene todos los juicios categorizados, pero que ante la resistencia de la Comisión Delegada de asignarle los recursos necesarios para pagar la deuda por la defensa de los activos, es tarea de la Asamblea Nacional determinar cuál será su política al respecto.
“La Asamblea Nacional es la única que puede detener las actividades de defensa. Hemos solicitado que se decida si se continua o no en los procesos. Hemos categorizado los juicios, pero la decisión no es de la Procuraduría. A nosotros nos corresponde atender todos los juicios y no tenemos criterio para omitir en unos casos y seguir en otros, pero la decisión es de los factores políticos”, enfatizó.
Al igual que lo ha informado en otras oportunidades, dijo que si se suman el total de lo pagado y adeudado desde 2019 hasta hoy para la defensa de los activos, da un poco más de 63 millones de dólares, lo que a su juicio es “una cantidad pequeña en comparación con los intereses en juego que están por el orden de los 40 mil millones de dólares”.
Acreedores podrán cobrar con activos de la corrupción
El Procurador identificó como uno de los avances estratégicos de esa oficina este último año la emisión de un documento denominado Pautas para procesar las propuestas de acreedores del Sector Público venezolano para demandar a poseedores de activos obtenidos por actos de corrupción.
En otras palabras, se trata de unos lineamientos oficiales para que los acreedores del Estado Venezolano, víctimas de las acciones y políticas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, puedan cobrar sus acreencias a través de la ejecución de bienes en manos de sujetos acusados por corrupción de fondos públicos venezolanos. Y para que ellos sea posible en un contexto de sanciones internacionales contra personas y bienes públicos, la Procuraduría se ofrece a emitir una carta oficial dirigida a la OFAC para declarar que no se opone a tal ejecución.
Con esta estrategia, lo que persigue la oficina es que los activos así recuperados sirvan para amortizar las deudas que tiene el Estado venezolano, hasta concurrencia de las sumas adeudadas.
En el informe presentado por el Procurador se precisa las pautas fueron emitidas en febrero de este año, publicadas en la Gaceta Legislativa número 57, y que para poder acogerse al mecanismo, el acreedor debe tener en sus manos una sentencia definitivamente firme en la que constan sus acreencias. Además el interesado se debe ofrecer demandar a su propio riesgo al o los poseedores de activos del Sector Público venezolano obtenidos mediante actos de corrupción.
“En el procedimiento previsto en dichas pautas está contemplado que la Procuraduría podría dirigir una comunicación a la Oficina de Administración de Activos en el Exterior (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los EEUU en la cual se exprese que no tiene objeción a la solicitud de licencia que le haga el interesado”, dijo Sánchez Falcón.
Consultado sobre cuantas solicitudes de aplicación de este mecanismo han recibido hasta ahora, declaró que solo uno, de momento: “Hemos recibido una propuesta. De un tenedor de bonos”.
Nada sobre Monómeros
Sobre la situación de Monómeros, contra cuya gerencia general se acaba de emitir un informe en la Comisión de Contraloría que solicita la declaratoria de responsabilidad política y la reestructuración de la directiva, Sánchez Falcón recalcó que ese mecanismo lo que significa es que el órgano que designó a esas autoridades perdió su confianza en la gestión.
“El informe es la opinión de un órgano sobre la confianza que le debe merecer el desempeño de un funcionario”, dijo.
Con respecto al procedimiento de auditoría que según el gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, ya está en curso y culminaría dentro de un mes, el Procurador dijo no tener más información que la difundida en los medios.
“No tengo información adicional. Tampoco he visto hasta el momento ninguna explicación plausible sobre una contratación que se hizo con una empresa denominada Lyon Street que permita entender que pasó. Tampoco he conocido que se hayan satisfecho los planteamientos que ha hecho la Superintendencia de Sociedades de Colombia”.
No se mostró optista sobre el destino de la empresa radicada en Barranquilla Colombia, ante el pronto ascenso a la presidencia de Gustavo Petro, quien ha expresado disposición a retomar las relaciones con Nicolás Maduro.
“Soy pesimista. Pienso que es difícil que se mantenga en manos el gobierno interino. Soy pesimista, creo que eso esta cerrado”, sentenció.
Aseguró que no existe ningún tipo de relación entre la Procuraduría y Monómeros desde el punto de vista administrativo, ni gerencial ni judicial:
“Hemos tenido alguna información por lo que se ha dicho cuando se creó la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional que vino a Colombia y produjo un informe. Informe que desde mi punto de vista es una reproducción de los argumentos de los abogados de la directiva de Monómeros. En ese momento se me propuso para ser parte de esa Comisión y la presidenta que era del partido Primero Justicia pidió que se excluyera al procurador porque no era diputado y así quedamos”.
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