La Procuraduría Especial y el coordinador nacional de Primero Justicia Julio Borges han entablado un debate público a través de Crónica.Uno sobre la defensa de los activos en el exterior. Luego de la respuesta del procurador a los señalamientos de Borges del 8 de julio, este último solicitó espacio para ampliar sus puntos de vista y reclamos. Reiteró que la protección de los activos lograda hasta la fecha se debe únicamente a las licencias de la OFAC, no a los juicios.
Caracas. El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, propuso públicamente al presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y presidente encargado, Juan Guaidó, convocar al procurador especial Enrique Sánchez Falcón para que “rinda cuentas y responda preguntas” sobre el manejo de los activos en el exterior y los juicios contra la República.
La propuesta de Borges surgió como parte de un debate público entre él y la oficina del procurador especial, registrado esta semana luego de que en una entrevista concedida por Borges a este portal el pasado 8 de julio, aludiera a la gestión del abogado constitucionalista Sánchez Falcón en la Procuraduría Especial.
El dirigente político asegura que los informes presentados por el procurador ante la Comisión Delegada no pueden considerarse rendiciones de cuentas, porque los diputados no le han formulado preguntas ni le han interpelado sobre los datos que presenta.
“El hecho de que el procurador mande cartas no significa que está rindiendo cuentas, solo esta mandando informaciones, pero eso no es rendir cuentas. Rendir cuentas es someterse a las preguntas de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido yo le tomaría la palabra. Queremos hacer eso en la Asamblea Nacional, para todo el tema de los juicios y todo el tema de los activos”, dijo Borges a Crónica.Uno.
Al respecto vale acotar dos cosas. Primero, que no todos los entes del gobierno encargado han presentado informes de rendición de cuentas y de gestión desde 2020 en adelante. Tal como lo han reseñado medios independientes, solo han concurrido ante la Comisión Delegada a exponer sus informes (y en algunos casos a responder preguntas), las juntas ad hoc, la Comisión Presidencial para la Defensa de los Derechos Humanos, el programa Madre María de San José, el Consejo de Administración del Gasto y la Procuraduría Especial.
Ni Guaidó como presidente encargado, ni Borges durante el tiempo que fue comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores ni la Contraloría Especial ni el resto de los comisionados presidenciales hasta su supresión por la reforma del Estatuto para la transición (Protección de Activos, Centro de Gobierno, Renegociación de la Deuda Pública, Reorganización de Telesur, Asuntos de Seguridad Policial e Inteligencia y Desarrollo Económico) presentaron informes de sus respectivas gestiones de manera pública, ni ante la Plenaria ni ante la Delegada.
En febrero de 2021 Borges respondió una petición de información pública de este medio y a partir de allí se pudieron conocer algunos aspectos de su gestión.
Segundo, en su comparecencia ante la Comisión de Contraloría de la AN 2015 el pasado 20 de junio, Sánchez Falcón dijo que luego de presentar un balance de su oficina correspondiente al primer trimestre en marzo pasado, quedó a la espera de ser convocado por la Delegada para responder preguntas, pero nunca fue llamado.
Desmentidos van y vienen
Volviendo al debate público entre el diputado y funcionario del gobierno encargado, luego de publicada la entrevista de Borges la semana pasada, el procurador emitió un desmentido a los señalamientos contra su oficina a través de Crónica.Uno; desmentido que amplió el 12 de julio en un informe de cinco páginas de acceso público disponible en la página de la Procuraduría.
En respuesta, Borges contactó de nuevo a este medio y solicitó la oportunidad de ampliar sus planteamientos sobre los activos.
Dada la relevancia de la protección de los activos en el exterior y en vista de que el foco de la entrevista del 8 de julio fue la elección de autoridades internas de PJ, y por tanto no hubo espacio para profundizar sobre esta delicada materia, Crónica.Uno convino con Borges en realizar una nueva entrevista.
La segunda conversación se llevó a cabo vía Zoom el lunes 11 de julio, y a petición de Borges, estuvo presente el integrante del Consejo de Administración del Gasto en representación de su partido, Gustavo Marcano.
“Le tomamos la palabra al procurador”
Antes de esta nueva entrevista, Borges reiteró que desde 2019 se han gastado “50 millones de dólares en una estrategia que no rinde resultados” porque en su criterio, en materia de protección de activos, “todo depende de las licencias de los Estados Unidos y no de los juicios”.
Aseguró que en su declaración a este medio, el procurador “se contradijo cuando sostuvo que ha presentado una jerarquización de los juicios a la AN, pero al mismo tiempo señala que la jerarquización es tarea de la Asamblea Nacional”.
Enfatizó que “nadie sabe cuántos activos hay” y que la Procuraduría no ha rendido cuentas sobre los bufetes de abogados y abogados locales que ha contratado “habiendo incluso conflictos de intereses”. Y acotó que la Procuraduría Especial y las juntas administradoras ad hoc de Pdvsa y el BCV “habrían ejecutado más de 35,7 millones de dólares, sin ningún tipo de control, auditoría o supervisión de la Asamblea Nacional”.
Julio Borges reiteró su propuesta de conformar un fideicomiso que se encargue del resguardo de los activos y recalcó que la Procuraduría (bajo la gestión de José Ignacio Hernández) incurrió en contrataciones públicas de abogados sin contar para ello con autorización de la AN ni con presupuesto.
“Lo hemos pedido muchas veces y no se ha hecho. Entonces nuestra petición, que hacemos publica a través de Crónica.Uno, es tomarle la palabra en las contradicciones que expresa el procurador, para que a través de Juan Guaidó se abra un debate en la Asamblea Nacional o en la Comisión Delegada sobre este particular”, dijo Borges.
Una conversación en profundidad sobre los activos
Luego de exponer esos planteamientos iniciales, se desarrolló la entrevista, que sigue a continuación:
¿Su partido había pedido antes de hoy de manera formal que se interpele al procurador Sánchez Falcón?
—Desde hace años Primero Justicia ha pedido una y otra vez la rendición de cuentas, es el partido que ha obligado a que en el Estatuto haya todo un sistema de rendición de cuentas, hemos sido coherentes y hemos puesto propuestas sobre la mesa y eso nos ha llevado a la incordia con mucha gente en la AN. Lo hemos hecho privadamente, públicamente, en el Estatuto, en los medios de comunicación.
¿PJ como fracción parlamentaria ha solicitado oficialmente a la directiva de la AN2015 la interpelación del procurador y no les han hecho caso?
—No solamente del procurador, hay un escrito de 30 páginas que redacté yo y que te puedo pasar, sobre todas las irregularidades en los juicios. Ese escrito se lo mandé a Guaidó el 20 de octubre de 2020 y no hubo respuesta. Fue un trabajo exhaustivo de los juicios y presupuestos. Se han mandado muchos documentos y se ha planteado en muchas ocasiones en distintas instancias.
Usted dice que no ha habido ninguna supervisión de la AN sobre los pagos para la defensa de los litigios. ¿Cómo es eso posible? ¿No existe coordinación entre la AN2015 y el gobierno encargado?
—En el caso nuestro, no. Hemos sido muy duros, lo hemos solicitado y reclamado muchas veces, que los juicios no están jerarquizados, que no hay rendición de cuentas claras, que no hay un criterio de por qué se gasta dinero. La misma gente de Voluntad Popular nos ha dicho “sí, esto está funcionando mal, hay que hacer cambios, hay que hacer mejoras, no se está llevando bien”, pero al final esos cambios no se han dado. Eso ha pasado docenas de veces tanto en la AN como en las comisiones, o en las instancias políticas, parlamentarias y las del gobierno interino.
¿Por qué usted dice que no hay clasificación de los juicios? En el informe del 28 de marzo de este año y en su balance anual ante la Delegada, en julio de 2021, Sánchez Falcón expuso con bastante detalle los juicios, su origen, los bufetes, los pagos y las deudas, ¿usted ha podido leer esos informes?
—Vuelvo a la contradicción del procurador. Es muy contradictorio decir “hay una jerarquía, hay una clasificación” y al mismo tiempo decir “no me corresponde clasificarlos, eso lo tiene que hacer la Asamblea Nacional”. Nosotros le tomamos la palabra. Que se dé una discusión a fondo sobre los juicios, sobre lo gastado. ¿Por qué se ha gastado tanto si al final eso depende de la protección de los Estados Unidos? ¿Cómo se maneja Citgo, la Fundación Simón Bolívar y Monómeros sin ningún tipo de rendición de cuentas? El tema del procurador es uno dentro de una película muchísimo más grande y más grave, y la única institución que ha puesto una solución sobre la mesa es Primero Justicia cuando planteó crear un ente independiente que maneje los activos, sin los partidos, pero no ha habido la voluntad política.
¿Usted se refiere a la propuesta del fideicomiso?
—La propuesta del fideicomiso o cualquier cosa cercana que tenga como premisa sacar a los partidos del manejo de Citgo, de Monómeros y de los activos fundamentales porque eso es lo que ha distorsionado y creado el ruido.
En el informe del 28 de marzo de 2022, el procurador Sánchez Falcón dice que él le remitió una serie de preguntas sobre el fideicomiso y usted nunca respondió. ¿Usted ha enviado su propuesta de fideicomiso de manera oficial a la Procuraduría?
—Existe la propuesta, pero yo no tengo que mandarle nada a la Procuraduría. Eso se hizo ante todo el país desde la Asamblea. Ellos son los que han debido tomar la propuesta y ver cómo la entendían o la trabajaban o lo que fuera. Pero la propuesta es pública y es notoria, y se ha hecho muchas veces y no es nada distinto a lo siguiente…
Disculpe que lo interrumpa, pero ¿usted se refiere a su derecho de palabra ante la Comisión Delegada de la AN en diciembre de 2021 o hicieron otra presentación privada ante la Comisión de Finanzas? Es que en esa sesión de diciembre de 2021 usted no dijo nada distinto ni adicional a las generalidades que había venido diciendo previamente en Twitter y en algunas entrevistas. Ahí no hubo profundidad.
—Es que no hay mucho más detalle qué decir: el fideicomiso está regulado en todas las leyes. Ahí están todos los detalles. Es un contrato que existe absolutamente regulado y lo que tiene que haber es la voluntad de hacer el contrato. El contrato consiste en que se crea una estructura para la protección de un patrimonio, se crean unos protectores de ese patrimonio y se logra de alguna manera independizar ese patrimonio con unos gerentes autónomos. No es mucho más que eso. No un invento mío, la figura existe, hay países que lo usan, por ejemplo, México. Lo demás es buscar excusas.
Pero esa propuesta, así como usted la ha planteado, ¿no contradice a la Constitución que ordena que los activos del Estado los tiene que administrar el Estado y no un ente externo?
—No se va a trasladar la propiedad de los activos, que seguirán siendo de todos los venezolanos, sino que se crea un mecanismo transparente, reglado para que no sean los partidos políticos los que gerencien eso. En este momento la gerencia de los activos está privatizada: yo no sé quién maneja Citgo. Ellos hacen cambios de la junta directiva, cambios internos, sin pasar por la Asamblea Nacional. La idea es que sin traspasar la propiedad, se cree un sistema independiente con un tercero sin partidos. Eso no requiere mayor explicación, sino tomar la decisión de algo que ya está en las leyes. Repito: le tomo la palabra al procurador. Demos esa discusión de fondo en la Asamblea. Que él hable con su jefe que es Juan Guaidó y le plantee que ese debate hay que darlo en la AN. Lo hemos planteado miles de veces en público y privado, pero hemos sido una voz en el desierto.
¿Usted pudo leer el informe enviado por el procurador Sánchez Falcón a la Delegada del 28 de marzo de este año?
—¿En marzo de este año? ¿El informe del procurador? ¿completo? No. No lo he leído completo. Pero el problema de fondo son los activos, el problema no es el informe del procurador.
Primero Justicia que tanto ha cuestionado la gestión del actual procurador Sánchez Falcón ¿ha pedido su remoción?
—El enfoque no es el tema del procurador o las 82 páginas del informe, el problema de fondo son los activos. Se puede poner ahí de procurador al presidente equis o al Papa y el problema sigue siendo el mismo porque es de diseño. Los activos no pueden seguir siendo manejados por los partidos. No importa quién es el procurador, o sus escritos o su posición. Hay un problema de fondo que traspasa a cualquier procurador que es que los activos no deben ser manejados por los partidos porque se ha generado un ruido de corrupción que mancha a toda la alternativa democrática.
Usted sostiene que ir a juicios por la protección de los activos es innecesario porque su protección depende de las licencias de la OFAC. Ahora bien, en un país como Estados Unidos con poderes independientes, la protección que otorga la licencia tiene un alcance, es decir, ¿un resultado judicial podría obligar a cesar esa protección?, ¿correcto?
—Hasta ahora la protección ha dependido del gobierno de los Estados Unidos, llámese Trump o Biden, y quien inició los juicios para poner en duda los compromisos que podían haber o no fue precisamente la Procuraduría. Y quién al mismo tiempo dijo “mejor es negociar con los acreedores en lugar de seguir el juicio” fue la Procuraduría. Entonces al final se ha gastado mucho dinero para caer en lo mismo que es buscar negociar con los acreedores y seguir dependiendo de la licencia del gobierno americano.
¿Se refiere al juicio sobre la nulidad de los bonos 2020 que posteriormente la Asamblea Nacional 2015 acordó pagar a los acreedores?
–Me refiero a todos los casos. Monómeros, la protección del oro de Inglaterra (sic), Citgo. Esas empresas no han tenido otro destino única y exclusivamente porque el gobierno de los Estados Unidos los está protegiendo a través de la OFAC. Eso no tiene nada que ver con los juicios que se han entablado. Al final los tribunales pueden decidir incluso ‘vamos a quitarle la licencia’ y el gobierno de Estados Unidos tiene que cumplir y quitar la licencia. Pero la decisión y la protección ha estado atornillada por la voluntad de Trump y ahora de Biden de proteger esos activos.
¿De alguna manera no está atada una cosa a la otra, es decir, qué pasaría si el gobierno de Estados Unidos no viera el interés de la oposición, en este caso del gobierno encargado que ellos reconocen, en salvaguardar esos activos? ¿Mantendrían la protección o la cesarían?
—Lo que estamos cuestionando es que se comenzaron a ejercer, ejecutar y ganar dinero en una cantidad de juicios que al final dependen de la protección de Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno americano nos han dicho a todos, a PJ a VP a todos los partidos “no entendemos por qué ustedes se metieron en todos esos juicios si eso depende de la administración de Estados Unidos”. Eso nos lo han dicho gente del gobierno de Trump y gente del gobierno actual. No le ven sentido a la inmensa mayoría de juicios en los cuales se ha metido el gobierno interino y el dinero que se ha gastado.
El oro venezolano en el Banco de Inglaterra es un caso que no tiene nada qué ver con la OFAC. ¿Cree que ha sido inoficioso participar en ese juicio?
—El caso del oro de Inglaterra (sic) es anterior al gobierno interino y al procurador especial. Quien comenzó lo del oro de Inglaterra fui yo. Hice todas las gestiones ante el gobierno de Inglaterra para que le quitaran ese oro a la dictadura. Por eso te digo, con gobierno interino o sin gobierno interino cuando hay voluntad política se protege el activo.
Una política plasmada en el Estatuto
El diputado Julio Borges enfatiza que el problema fondo con los activos es de diseño y no de personas, sin embargo, es pertinente recordar que la defensa de los activos como política del gobierno encargado está sustentada en el Estatuto de la Transición.
Uno de los autores de ese instrumento es precisamente el jurista, constitucionalista y diputado de Primero Justicia, Juan Miguel Matheus.
El Estatuto dice que es obligación del gobierno encargado proteger los activos entonces, ¿cómo podría el gobierno encargado no involucrarse en un juicio si el Estatuto lo obliga? ¿Para qué pusieron esa obligación en el Estatuto entonces?
—Es un camino que no te conduce a la protección, sino a gastar dinero sin protegerlo.
Según el informe de marzo de Sánchez Falcón, actualmente hay acreedores que buscan ejecutar las sentencias contra las cuentas bancarias del BCV, amenazando el único activo financiero del gobierno encargado, lo que pondría en “alto riesgo” su continuidad. ¿Primero Justicia se opone a la participación en los juicios para lograr por la vía de la asfixia financiera lo que no han podido lograr por la vía del acuerdo político, como lo es la extinción del gobierno encargado?
—Primero, no es un reclamo nuevo. En octubre de 2020 envié a Guaidó un documento de 33 páginas que ya te mencioné antes; no hubo respuesta nunca a esa carta. Segundo, la única razón por la que apoyamos el gobierno interino en su oportunidad fue para darle una solución al tema de los activos; la solución que hemos diseñado es quitarle los activos a los partidos. Esa fue la condición que pusimos en 2020 cuando se aprobó ese Estatuto (la primera reforma) pero no se hizo porque no hay voluntad. Y tercero, pensamos que el gobierno interino debe desaparecer, porque se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Hemos tratado de poner soluciones para proteger a los activos, pero lo que no vamos a proteger es a un status quo donde algunos partidos tengan un manejo discrecional y opaco de Citgo, Monómeros y la Fundación Simón Bolívar.
¿Primero Justicia busca lograr la asfixia financiera del gobierno encargado?
—No, por que no tiene nada que ver. Me preocupa la pregunta. El gobierno interino vive de las licencias que le aprueba el gobierno americano, punto. No vive de los activos; que haya particularidades que se estén aprovechando de los activos para usarlos de manera opaca es otro problema, pero el manejo de los activos y el financiamiento del gobierno interino son dos mundos separados. El gobierno interino vive de la cooperación internacional y de las licencias del gobierno americano sobre el dinero venezolano. Los activos no tienen nada que ver en el soporte del gobierno interino. Lo que creemos es que hay intereses de partidos que manejan los activos.
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