Servicio exterior del gobierno encargado solo ha alcanzado a 4,5% de los migrantes

La comisión presidencial para Relaciones Exteriores del gobierno interino está integrada por 266 personas. En 2020, esa oficina recibió un presupuesto de 7,6 millones de dólares, de los cuales 4,8 millones se destinaron al pago de salarios. 241.000 migrantes han sido atendidos por los servicios consulares. El comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, respondió algunas preguntas sobre el funcionamiento de esa oficina.

Caracas. El servicio exterior creado por Juan Guaidó, la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el gobierno interino a partir de enero de 2019 –paralelo al regido por Nicolás Maduro– consta de 35 representantes diplomáticos activos, 13 de ellos reconocidos como embajadores plenipotenciarios en sus países de acogida y el resto como representantes del gobierno encargado. Esa oficina, denominada Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores, está dirigida desde agosto de 2019 por el exdiputado en el exilio y expresidente de la AN Julio Borges.

Para su funcionamiento han sido asignados 7,6 millones de dólares, según el Reglamento de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela, procedentes de fondos venezolanos rescatados y resguardados en Estados Unidos. De ese monto, 4,8 millones se destinaron al pago de salarios al personal que durante más de un año trabajó de manera voluntaria, informó Borges a Crónica.Uno.

Pero ¿para qué ha servido y para qué no ha servido esa oficina, constituida en total por 266 personas en todo el mundo? Según el cristal con que se mire, la respuesta podría ser que ha servido para mucho, o para muy poco.

Si se le pregunta a las decenas de venezolanos deportados este mes desde Chile, o a los venezolanos forzados por Trinidad y Tobago (donde no hay una representación del gobierno interino) a regresar a Venezuela, la respuesta sería que la estructura diplomática montada por Guaidó ha servido para poco o para nada.

Pero si se le pregunta a Jennys Meizas, la venezolana que denunció estar a punto de ser vendida en Bahamas, o a la joven venezolana ultrajada en Argentina el 23 de enero y a su familia, o a los varios centenares de venezolanos que han logrado conseguir un empleo, regularizar su estatus legal en otro país, o ha recibido un abrigo que lo proteja del frío y una bolsa de comida para su familia, la respuesta a la pregunta cobra otro matiz.

El pasado 19 de febrero, el comisionado presidencial Julio Borges respondió a esa misma pregunta y a otras formuladas por Crónica.Uno, relacionadas con sus funciones como jefe del servicio exterior del gobierno encargado. Borges respondió por escrito a una solicitud de información pública remitida por este medio el 5 de febrero, como parte del seriado Gestión bajo la lupa.

Gestión política
servicios consulares
Julio Borges durante reunión de la OEA y el TIAR sobre Venezuela, en septiembre de 2019. Foto: Cortesía Prensa OEA

El impacto de la representación en el exterior nombrada por Guaidó tiene dos caras y varios niveles. Por una parte, el servicio exterior del gobierno interino ha sido el punto de apoyo central para dar a conocer de manera masiva y global la crisis política y humanitaria venezolana, unificar el mensaje político de la oposición mayoritaria hacia el exterior y visibilizar la violación masiva de derechos humanos.

Los principales frutos de ese trabajo político-diplomático de alto nivel son, de acuerdo con Julio Borges, los siguientes:

  • Reconocimiento de la crisis humanitaria venezolana.
  • Reconocimiento del carácter fraudulento de las elecciones en Venezuela.
  • Identificación de los aliados internacionales de Maduro (Cuba, China, Rusia e Irán).
  • Reconocimiento de Venezuela como una amenaza regional.
  • Lograr que en Perú y Colombia los venezolanos tengan acceso a la vacuna contra la COVID-19, independientemente de su situación legal.
  • Lograr la medida de protección para los venezolanos en Colombia y el TPS y DED (no deportación) en Estados Unidos.
  • Extensión de vigencia de los pasaportes por cinco años en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Honduras, Perú, Costa Rica, Honduras, Guatemala y el Reino Unido.
  • Reconocimiento de los pasaportes venezolanos hasta dos años después de su vencimiento en Chile y Colombia.
  • Sanciones internacionales individuales contra 250 colaboradores de Maduro por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del TIAR y la DEA.
  • Reactivación del TIAR e inicio de investigaciones contra más de 2000 personas en la región, vinculadas a Maduro.
  • Sanciones contra empresas públicas y privadas dentro y fuera de Venezuela por su relación con la administración de Maduro.
  • Acusaciones judiciales “contra 17 miembros de la dictadura”.
  • Recuperación y congelamiento de activos de la nación.
Lee también
Lo más reciente del 13 de abril de 2021
Asistencia consular para 4,5 % de los migrantes

Otro de los puntos enumerados por Borges como parte de los logros de su oficina es el referido al diseño de una plataforma de registro y servicios consulares que ha permitido atender a los venezolanos migrantes en dos niveles: acompañamiento legal y/o migratorio y atención social.

Con respecto al acompañamiento legal y/o migratorio, el alcance de la misión diplomática del gobierno interino es limitado: de los 5,4 millones de venezolanos migrantes que han sido calculados por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, Acnur, tan solo 241.000 migrantes (4,5 %) han sido cubiertos por planes de asistencia consular (emisión, certificación y validación de documentos) desplegados por la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores.

Julio Borges informó a Crónica.Uno que las distintas delegaciones han logrado asentar 623.588 registros consulares con datos verificados desde el año 2019. Precisó que los servicios consulares y de legalización de estatus migratorio han contribuido a cambiar la vida de muchos venezolanos en el exterior.

Borges detalló que las misiones diplomáticas del gobierno interino, además de contar con páginas web, ofrecen  un registro y censo de vulnerabilidad; emiten documentos como carta de no objeción, fe de vida, carta de soltería y carta de identidad consular; legalizan documentos y títulos universitarios y salvoconductos.

También emiten certificaciones de nacionalidad, licencias de conducir, partida de nacimiento, actas de matrimonio, de no poder emitir pasaporte nuevo, extensión de vigencia del pasaporte, antecedentes penales, título y notas universitarias, declaración jurada de matrimonio, entre otros. E incluso algunas delegaciones emiten constancias de existencia y acreditación de universidades venezolanas.

Los países donde se han realizado más trámites consulares, de acuerdo con la información suministrada por Borges, son:

  • Estados Unidos, más de 27.000.
  • Colombia, más de 9000.
  • Brasil, más de 4500.
  • Perú, 22.000 trámites, de los cuales 5000 se hicieron en zonas rurales o fuera de Lima.
  • Guatemala, más de 2500 trámites consulares.
  • Costa Rica, 7164 trámites consulares.
  • Chile, más de 5000.
Lee también
Lo más reciente del 13 de abril de 2021
Asistencia social
servicios consulares
Foto: Cortesía Gabriel Bastidas

En cuanto a la atención social, miles de familias migrantes se han beneficiado de entregas de alimentos, alianzas con las representaciones diplomáticas para brindarles servicios médicos, donativos de ropa, cursos de formación y enlaces con empresas de colocación de empleos, entre otros.

Por ejemplo, en Chile la empresa de colocación de empleos para extranjeros, Trabaja Global, suministra a la misión diplomática información sobre puestos de empleo y esta los difunde en sus redes sociales. Mientras que la Notaría de Ronchera acordó precios preferenciales para la tramitación de documentos legales para venezolanos. Y la organización Medipro ofrece consultas médicas especializadas con descuentos de hasta 50 % para los venezolanos, dijo Julio Borges.

Protección estatal

Además de la asistencia consular que brindan las delegaciones venezolanas, algunas han logrado que los países anfitriones aprueben resoluciones especiales para los migrantes venezolanos que amplían sus derechos, como el reciente Estatuto Temporal de Protección creado por el gobierno de Colombia, que concede el goce de derechos sociales y económicos. O beneficio de Salida Forzosa Diferida (DED por sus siglas en inglés), firmado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en las últimas horas de su mandato.

En Perú, 13.000 familias venezolanas fueron atendidas en 2020 durante la pandemia con donativos de alimentos, y 5000 personas accedieron al carnet humanitario por presentar graves problemas de salud. También en Argentina la representación diplomática organizó múltiples recolecciones y donativos de alimentos para familias venezolanas vulnerables.

El gobierno de Costa Rica se incluye en este grupo, pues aprobó un decreto que otorga la Categoría Especial Temporal de Protección Complementaria para aquellos venezolanos desplazados a quienes les fue negada su petición de refugio. Además, a ese país llegaron 2,5 millones de euros de la Unión Europea para atender a migrantes venezolanos (salud, educación, atención migratoria y laboral) a través de ONG y multilaterales.

El gobierno de Canadá (que ha aportado 80 millones de dólares para asistencia a venezolanos migrantes) creó el programa Casa de Venezuela, que ofrece toda la información sobre planes de ayuda en vivienda, educación, salud, asistencia social, asistencial laboral, finanzas, idiomas y asistencia legal en ese país. “Además se logró que Canadá no deporte a venezolanos con solicitudes de refugio rechazadas”, indicó Borges.

En 2019 Ecuador hizo un censo de migrantes venezolanos y aprobó una amnistía migratoria para todos los venezolanos que no hubieran violado las leyes locales; entonces se les permitió tramitar su regularización por razones humanitarias hasta el 31 marzo del 2020, pero como consecuencia de la pandemia el gobierno extendió el cronograma de visado ordenado de venezolanos. “Se logró regularizar a cerca de 75.000 venezolanos, sumados a los 110.000 que ya tenían una visa. Actualmente 233.000 venezolanos de los 417.000 que se encuentran en Ecuador se han regularizado”, afirmó el comisionado presidencial.

“En el caso de España, se logró que el gobierno español reconociese el pasaporte venezolano vencido para trámites administrativos dentro del país y el canje u homologación de licencias de conducir”, dijo.

Lee también
Julio Borges anunció la iniciativa “Hermanos” para apoyar a migrantes venezolanos
Han hecho la diferencia

La migración masiva y forzada de personas desde su país de origen trae consigo numerosos problemas tanto para los migrantes propiamente dicho como para los países de acogida. El crimen organizado encuentra en las mujeres desplazadas un nicho para la trata y esclavitud sexual. Los servicios públicos y asistenciales de las localidades fronterizas colapsan. Y la xenofobia y el rechazo al extranjero se disparan.

Parte de las responsabilidades de una representación diplomática es, precisamente, brindar protección a sus conciudadanos, independientemente de si son víctimas de un delito en un país de acogida o son procesados por la justicia local por algún hecho punible. Los representantes diplomáticos del gobierno interino han tenido que mantenerse alertas también en ese flanco.

Solo este año, migrantes venezolanos, tanto hombres como mujeres, han sido víctimas de asesinatos y amenazas de muerte (Perú), violación (Argentina), secuestro y trata (Bahamas) y deportación (Chile) y encarcelamiento por intentar ingresar sin documentos (Trinidad y Tobago), entre otros abusos, pero han contado de manera directa o indirecta con el acompañamiento de las misiones diplomáticas, como se describe en la siguiente infografía.

Algunos testimonios

“Aquí en Costa Rica, antes de la pandemia, la embajada de Guaidó prestaba la sede para talleres de emprendimientos. Junto a la ONG Alianza Venezuela, dan asesorías migratorias sin costo para los venezolanos. He podido apostillar documentos en línea; los envían en una semana. Lograron que los pasaportes venezolanos vencidos fueran aceptados, así como la partida de nacimiento y antecedentes penales, sin apostillar. También sé que hacen la homologación de la licencia venezolana de conducir. En verdad, creo que han hecho un buen trabajo con los recursos que tienen”.

El testimonio es de Andreína Urbina, una joven docente venezolana de 27 años de edad, que migró a Costa Rica hace cuatro años en busca de mejores oportunidades. Las primeras diligencias que hizo al llegar fue buscar un empleo y solicitar el refugio. Este le fue negado, pero entró dentro de la Categoría de Protección Complementaria de parte del gobierno de ese país, lo que le ha permitido continuar su plan de establecerse.

“Si pudiera pedir algo directamente a las autoridades, o a Julio Borges, sería que hagan lo necesario para que aprueben las residencias a quienes tenemos como cuatro años haciendo los trámites. Realmente lo que uno quiere es un documento para estar completamente legal, una cédula que nos permita trabajar, porque aquí la cosa es así: sin permiso de trabajo, no te dan empleo pero sin empleo, no te dan el permiso de trabajo. Es complicado”, relató.

Marisol de Carrillo cuenta su experiencia en Ecuador: “El exembajador De Sola logró varias cosas: que los migrantes que no tenían pasaporte vigente pudieran solicitar la visa humanitaria por un costo de 50 dólares (la visa temporal normal cuesta 250 dólares y 500 dólares la visa permanente). Además, daban apoyos y talleres de adiestramiento a la gente para buscarles trabajo, conectarlos, ayudarlos a conseguir empleos”.

Foto principal cortesía Gabriel Bastidas


Participa en la conversación