Luego de la asamblea de productores realizada en Barinas, un abanico de opciones se presentó para enfrentar la situación. Las propuestas van desde reunión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pasan por la creación de un Comité de Productores Víctimas de Invasiones y el reimpulso a la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, entre otras.
Barinas. Este 1 de abril en la asamblea efectuada por los productores en Barinas, entre cuya audiencia estuvo miembros de la sociedad civil, el diputado a la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez y el presidente de Fedenaga, Armando Chacín, no solo se escucharon 17 testimonios de la atroz situación que atraviesan los productores sino también surgieron propuestas que se esperan sean puestas en práctica para enfrentar y solucionar la situación.
“Esta es una asamblea de productores venezolanos, de gente que siente y ama la tierra que no se va a dar el lujo de abandonar, no hacemos maletas, hacemos patria”, expresó José Labrador, presidente de la Federación Regional de Ganaderos y Agricultores del estado Barinas (Fegabarinas).
Los testimonios por parte de los afectados demandaban atención. Con múltiples casos expusieron las perturbaciones, afectaciones y amenazas que han ocurrido a lo largo de varios años.
Uno de los objetivos fue sensibilizar a toda la ciudadanía sobre la grave de inseguridad jurídica y personal, de la que es víctima la familia productora barinesa, y que se expresa en ocupaciones ilegales de las fincas y fundos por parte de personas y grupos organizados que actúan al margen de la ley.
Entre los ejemplos, mencionaron las constantes amenazas y perturbaciones a la Escuela Agronómica Salesiana en la que se forman jóvenes en las áreas agrícola y pecuaria. También en el Fundo Boralito, el Fundo 75 que está afectado, ha habido amenazas al personal y los propietarios sufrieron un intento de quemarlos vivo. En el predio Beraca los ataques son reiterados contra dueños y trabajadores. Los cuatro están ubicados en el eje Barinas-San Silvestre.
El Hato Las Mercedes, ubicado en el municipio Pedraza, llegó a producir regularmente 1 millón de kilogramos de carne al año, el equivalente para alimentar a 6 millones 700 mil personas en un día. Y ahora, el ganado se está muriendo debido a las acciones vandálicas.
Mientras que el Hato Santa Rita, pese a que hay una sentencia firmada por la Sala de Casación social del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena su devolución, el mismo continúa invadido; Hato Primavera que sufre ataques permanentes desde 2018, actualmente, se encuentra totalmente ocupado.
El Fundo Rancho Moderno fue repartido entre autoridades locales del municipio Pedraza, en la gestión del alcalde saliente, Alcides Molina. La Agropecuaria La Morenera, Fundos Camoruco y Santa Teresa, siguen ocupados ilegalmente, los dos últimos con la anuencia de funcionarios de la Oficina Regional de Tierras.
De acuerdo con los testimonios recabados en las fincas Delirio, municipio Andrés Eloy Blanco; La Brujita, en Punta Gorda, en ellas el abigeato es la norma, así como quema de potreros y en la Finca La Vega, municipio Obispos, hubo afectación de zonas protectoras, abigeato de 54 bufalinas, robo de 133 animales. En el Fundo El Paraíso, en el municipio Bolívar, los incendios provocados por los invasores fueron dantescos.
Acciones ya
Armando Chacín, presidente de Fedenaga, destacó aquellos aspectos importantes a los que se debe dar respuesta a la brevedad posible, sin embargo, no dejó de mencionar el caso de los barineses que fueron secuestrados hace pocos meses el de Franyeli Guerrero, desaparecida desde diciembre de 2021 y Anderson García, plagiado en enero de este año. Pese a que estos hechos mantienen conmocionada a la opinión pública en la entidad, las autoridades mantienen total hermetismo sobre estos casos y ninguna información oficial.
El diputado Sánchez, integrante de la Comisión de Diálogo de la AN, propuso una reunión interinstitucional entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Rogelio Peña, productor del Hato Santa Rita, planteó la constitución de un Comité de Productores Víctimas de Invasiones a los fines de que se ejerzan las acciones legales pertinentes, ante los órganos nacionales e internacionales.
En el ámbito legal, se recomendó reimpulsar la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera que permita dar garantías e integridad a los productores y trabajadores y la sanción de una Ley de Indemnización a los afectados por invasiones y despojos durante los últimos 50 años.
Javier Rondón propuso auditar las actuaciones de los representantes de los organismos del Estado incursos en hechos irregulares, que han ido en perjuicio de pequeños, medianos y grandes productores.
La actividad concluyó con muchas expectativas del público asistente de que ejecuten acciones para solventar la problemática que pone en riesgo la seguridad alimentaria de Barinas y de otros estados del país. Fue la primera vez que un evento de esta naturaleza se realiza en la entidad.
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