El documento de 50 páginas incluía 42 de anexos en los que se detallaba la operación que se planeaba ejecutar en Venezuela y se enmarcan lo que serán las reglas de enfrentamiento que serían implementadas en suelo venezolano.

Caracas. El pasado 6 de mayo el asesor político de la oposición Juan José Rendón confirmó a medios de comunicación la firma de un preacuerdo entre Jordan Goudreau y él para llevar a cabo una operación militar en Venezuela con el objetivo de remover a Nicolás Maduro del poder.

Este preacuerdo, que el propio Rendón dijo fue firmado el 7 de septiembre de 2019, enmarcaba lo que sería la Operación Gedeón, la cual fue finalmente ejecutada el pasado 3 de mayo y que culminó con la muerte de 8 personas y la captura de al menos 14.

El documento fue entregado al medio estadounidense Washington Post por parte de “funcionarios de la oposición venezolana” y estos a su vez lo publicaron casi a plenitud, censurando solo una pequeña parte. A continuación lo más destacado de lo que establecía:

No era una operación de asesinato a Maduro

Aunque Nicolás Maduro y diversos voceros de su gobierno han señalado que se trataba de una operación para asesinarlo, el documento no establece la muerte o algún término similar para describir lo que le ocurriría al mandatario chavista.

En el punto 4 del anexo A, se lee: “El Proveedor de Serivicio (SilverCorp, empresa de Jordan Goudreau) asesorará y asistirá al Grupo Acompañante (militares venezolanos en el exilio) en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/remover a Nicolás Maduro, remover su actual régimen, e instalar al presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó”.

El vínculo seguiría luego de la salida de Maduro

El preacuerdo refleja que luego de que se lograra sacar a Nicolás Maduro del poder, SilverCorp y el eventual gobierno de Juan Guaidó mantendrían una relación laboral en forma de “asesoría”. Específicamente, se habla de prestar apoyo de asesores en materia de contraterrorismo, antinarcótico y la recuperación de bienes financieros venezolanos robados.

Materia financiera

El documento refleja una serie de pagos que recibiría SilverCorp como empresa que se encargaría de asesorar y organizar la operación militar. Entre estos pagos destacan: un anticipo de 1,5 millones de dólares, 50 millones de dólares para una fase inicial del proyecto que duraría 45 días, y un costo total de 212,9 millones de dólares por todo el proyecto el cual duraría 495 días.

Una vez que se completara la operación y Maduro fuera removido del cargo, se establecía un costo adicional por mes que iría desde 10,89 millones de dólares hasta 16,45 millones. De igual forma, durante el tiempo que SilverCorp operara en Venezuela, se le permitiría organizar y formar parte de operaciones para la recuperación de bienes y propiedades, en cuyo caso, los bienes serían entregados a las autoridades del gobierno de Guaidó y SilverCorp sería indemnizado con el 14 % del valor de dichos bienes.

El preacuerdo también estipulaba el pago de un bono de 10 millones de dólares si la operación resultaba exitosa.

Se tenía previsto una cooperación con la Dgcim y las FAES

En el punto 10 del Anexo A, subsección E, se habla de la creación de una Unidad de Bienes Nacionales, esta sería una unidad compuesta por diferentes organismos de seguridad del Estado, incluyendo la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), esta unidad actuaría bajo las órdenes del nuevo gobierno.

“La Unidad de Bienes Nacionales actuará bajo la dirección de la Administración para contrarrestar amenazas a la estabilidad del gobierno, amenazas de terrorismo, y trabajará con la GIC (no se especifica qué es), FAES y DGCIM”, se lee en la parte indicada del texto.

Prioridad en protección de infraestructura

En el Anexo B del preacuerdo, que trata sobre las Reglas de Combate, se señala una serie de directrices, entre las cuales destaca la protección a estructuras civiles, así como la infraestructura de la nación.

En el Anexo B, punto 1, se señala la necesidad de distinguir entre no combatientes y estructuras civiles con objetivos militares (párrafo F), así como la orden de “en lo posible” asegurar que bajas incidentales y colaterales de civiles sean minimizadas (párrafo H).

También se lee lo siguiente en el párrafo I: “Estructuras civiles, especialmente edificaciones culturales e históricas, centros de población civil, sitios religiosos, y hospitales, son estructuras protegidas y no se les atacará a menos que estén siendo usadas para propósitos ilegales como los describa la Administración (Gobierno). El transformar en objetivos estas estructuras debe hacerse de acuerdo a las Reglas de Combate y a lo señalado por la Administración. Las Fuerzas Venezolanas no utilizarán estas estructuras protegidas para propósitos militares”.

Jorge Rodríguez destacó potestades de SilverCorp en Venezuela

Durante una rueda de prensa este 8 de mayo, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación de Nicolás Maduro, presentó el preacuerdo firmado entre Rendón y Goudreau que ya había sido dado a conocer por The Washington Post, y destacó lo que serían algunas de las atribuciones de los funcionarios de SilverCorp durante el tiempo que estuvieran en suelo venezolano.

Rodríguez hizo énfasis en el permiso que el documento le otorgaría a estos funcionarios de usar armas convencionales de guerra e inclusive “minas automáticas o de detonación por comando” para mantener la seguridad en el territorio venezolano.

“Estaban autorizados para eliminar elementos militares del régimen, o elementos no militares terroristas: venezolanos de consejos comunales, soldados, cualquier venezolano”, dijo mientras condenaba que en un apartado del texto se permitiera el uso de fuerza progresiva, hasta llegar a la fuerza letal, en el caso del control de manifestaciones en el país.

Desestimó las afirmaciones que desvinculan al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó, del preacuerdo, asegurando que esto eran intentos de “medios de la derecha por lavarle la cara”.


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