¿Qué le queda a la Asamblea Nacional?

Los abogados Juan Manuel Raffalli y Salvador Yannuzzi señalaron que la AN debe ejercer acciones internacionales y los ciudadanos continuar con la protesta de calle.

Caracas. Desde el mismo día que fue electa la Asamblea Nacional (AN), el Gobierno inició una serie de acciones para mermar su funcionamiento y restarle competencias. La decisión del pasado viernes, tomada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de quitarle las competencias legislativas al Parlamento es parte de esta estrategia del Ejecutivo, que estuvo precedida por el otorgamiento de poderes especiales al Presidente Maduro y más de 60 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la instancia de mayoría opositora.

Abogados señalan que, si bien el ente sigue sesionando, está imposibilitado de ejercer casi la totalidad de las más de 20 funciones que le establece el texto constitucional. Los diputados ni siquiera tienen control sobre el Palacio Federal Legislativo y han denunciado una “ocupación militar” de este espacio, a partir de la instalación de la Constituyente en ese edificio. A juicio de los juristas, al Parlamento y los ciudadanos solo les queda la protesta de calle y la denuncia de la ruptura del orden democrático y constitucional en instancias internacionales.

1. ¿Qué decidió la Asamblea Nacional Constituyente sobre la Asamblea Nacional?

Este 18 de agosto, la ANC aprobó un decreto mediante el cual ese órgano asume “las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”, funciones que —de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución— son exclusivas del Parlamento. El dictamen fue tomado luego de que la junta directiva de la AN se negara a comparecer ante la Constituyente, para declarar su “subordinación” a ese órgano, como lo han hecho los integrantes de los demás Poderes venezolanos quienes fueron ratificados en sus cargos por la ANC.

Los abogados Juan Manuel Raffalli y Salvador Yannuzzi consideraron ilegítima a la ANC porque su convocatoria no fue sometida a una consulta popular, como lo establece la Carta Magna, mientras que la AN mantiene su legitimidad de origen, otorgada por el voto de más de 14 millones de electores.

No es que una ANC pueda asumir las funciones de otros entes públicos, lo que ha habido es una suerte de esfuerzo para legitimar lo que es ilegítimo. Estos funcionarios han renunciado a sus cargos para que la ANC los legitime y dar una apariencia desde el punto de vista legal. Eso es incorrecto. En la medida en que han renunciado a sus cargos se pudieran volver a designar”, señaló Yanuzzi

2. ¿Con esta decisión queda disuelta la Asamblea Nacional?

La opinión de los juristas sobre este punto varía. Coinciden en señalar que, más allá de este debate, ha habido un proceso de desmantelamiento del Parlamento que ha llevado su anulación como poder en la práctica.

Raffalli apuntó que “desde un punto de vista orgánico” la AN sigue funcionando pues incluso sesionó, en su sede, el pasado sábado, “pero desde el punto de vista fáctico sí [está disuelta], porque le siguen arrancando sus competencias fundamentales. Los poderes públicos son tales, en la medida que ejercen sus competencias. Si le digo al Contralor General que no puede investigar casos de corrupción será contralor, pero no puede ejercer sus funciones”.

Con esta opinión coincide el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández. “Cabe aclarar que la disolución de la Asamblea Nacional no se limita a los casos en los cuales el Poder Legislativo es cerrado por la fuerza. También ese órgano puede ser disuelto cuando se impide el ejercicio de sus funciones, de forma tal que lo único que queda es la apariencia de una Asamblea Nacional que, en el fondo, está vacía”, escribió en un artículo publicado en el portal Prodavinci.

Yannuzzi, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), consideró que la cuestionada ANC no tiene las competencias para disolver el Poder Legislativo. “La AN continua con sus funciones de una manera ambivalente. Dicen que asumen algunas funciones pero que la AN pervive y vamos a coexistir con ellos, es una coexistencia casi de papel, realmente la AN no tiene una manera de poder hacer cumplir sus decisiones, quien controla la fuerza es la ANC apoyada por la Fuerza Armada”.

3. ¿Qué otras acciones se han tomado contra el Poder Legislativo?

Diputados y juristas independientes sostienen que el Ejecutivo empezó a desarrollar una estrategia para anular el nuevo Parlamento, controlado por la oposición, pocos días después de que este fue electo, el 6 de diciembre de 2015. El 23 de diciembre de ese año, la AN saliente nombró 33 magistrados principales y suplentes que le garantizaron más control al Gobierno sobre ese juzgado. El 30 de diciembre, la Sala Electoral del TSJ suspendió los efectos de la proclamación de tres diputados de la oposición, con lo que esta perdía la mayoría calificada que le permitía escoger a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), los magistrados del TSJ y los integrantes del Poder Ciudadano: fiscal general, contralor y defensor del Pueblo. El Supremo ha dictado 64 sentencias en contra de Poder Legislativo y dictaminó que todas sus decisiones son nulas por desacatar los dictámenes del Poder Judicial. Entre estas sentencias se encuentran las 155 y 156, que los juristas consideran un antecedente de la decisión de la ANC. En estos dictámenes, el TSJ asumió las competencias del Parlamento mientras este estuviera en “desacato”.

A pesar de la “corrección” de estos con las sentencias 157 y 158, la realidad es que el máximo juzgado siguió anulando todas las acciones del Parlamento.

4. ¿Qué otras acciones han socavado las funciones de la AN?

El Ejecutivo también anuló las competencias del Parlamento.

Antes de que se instalara la Asamblea Nacional, Maduro utilizó la Habilitante para modificar las leyes financieras con lo cual el Jefe de Estado no permitió a los diputados revisar las condiciones financieras de las emisiones de deuda, ni nombrar el directorio del Banco Central. A solo 10 días de instalada la AN, el Ejecutivo decretó un estado de Emergencia Económica que se ha prorrogado durante 21 meses. Estos decretos le han permitido al mandatario burlar la Constitución y autorizar el presupuesto nacional, la Ley de Endeudamiento y los créditos adicionales sin el visto bueno de la AN.

En 2017, Maduro no asistió a la AN para dar su mensaje anual, como lo establece la Carta Magna, amparado en una sentencia del TSJ.  La sede del Legislativo ha sido asaltada en dos ocasiones por grupos paraestatales afectos al chavismo, los diputados han sido víctimas de agresiones y han denunciado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de algunos legisladores, sin la necesaria aprobación del Legislativo, como establece la Constitución.

5. ¿Qué ha pasado con las decisiones de la AN?

Todas estas acciones provocaron la anulación práctica de la Asamblea como poder. Casi todas las leyes que ha aprobado han sido declaradas nulas o inconstitucionales por el TSJ. Solo la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios apareció en Gaceta Oficial, sin embargo, no ha tenido efectos prácticos dentro de los penales. Los demás poderes —a excepción de la destituida fiscal Luisa Ortega Díaz— desatienden las invitaciones a comparecer ante ese órgano, los informes de sus comisiones o los votos de censura contra ministros, que deberían implicar la remoción del funcionario, tampoco son acatados por el Ejecutivo.

6.¿Que quiere lograr el Gobierno con la anulación de las funciones del Parlamento?

A parte de la anulación de un Poder Independiente existe una razón económica que ha sido constante en las decisiones del Ejecutivo y el Judicial: la posibilidad de firmar contratos y obtener financiamientos sin la aprobación de la AN. Los abogados opinaron que la ANC es otro intento por crear una justificación jurídica, ante organismos internacionales, que le permitiera al Gobierno obtener estos recursos sin la aprobación del Parlamento. Al Ejecutivo se le ha complicado obtener fondos que no sean aprobados por el Legislativo, como lo establece la Constitución. De hecho, ha tocado las puertas de organismos pero no ha recibido respuesta.

En la sentencia 156 de la Sala Constitucional se señalaba que el Gobierno podía crear empresas mixtas, sin la aprobación de la AN. Esto le permitió al Ejecutivo crear una empresa mixta petrolera sin que el Parlamento revisara el contrato.

7. ¿Ha funcionado estrategia?

A partir de la convocatoria y la instalación de la Constituyente el efecto ha sido el contrario. Más de 40 países han señalado que desconocen a la ANC y los actos que deriven de ella. Una institución financiera internacional de gran importancia, como el Credit Suisse Group, señaló que no efectuará ni aceptará transacciones con bonos de Venezuela. “Si nos guiamos por las declaraciones internacionales concluimos que eso no va ser suficiente. Los países no reconocen a ese ente como órgano como legítimo”, señaló Yannuzzi.

8. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional ante esta situación?  

Tanto Yanuzzi como Rafalli coincidieron en la posibilidad de ejercer acciones internacionales. “Debe tratar de seguir ejerciendo las funciones propias y hacer las denuncias pertinentes ante órganos internacionales”, dijo Yannuzzi.

Raffalli, por su parte, agregó que la acción se debe combinar con la protesta en la calle. “No hay respuesta en los órganos judiciales internos, lo que queda es la protesta a lo interno y la denuncia en el ámbito internacional, por eso el repudio de todos los países ante esta situación”. Este sábado, la AN aprobó denunciar a las acciones de la ANC ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “usurpación” de funciones del Legislativo y la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos.

Foto referencial: Francisco Bruzco