Este martes entregaron los tres cuerpos que faltaban, de las 13 personas ajusticiadas en el estado Miranda, presuntamente por funcionarios del Ejército en una OLP.
Caracas. Este martes retiraron los cadáveres de las últimas tres víctimas de la masacre de Barlovento, que permanecían en la morgue de Bello Monte hasta que estuvieran listas las pruebas de ADN realizadas a sus parientes para confirmar sus identidades.
El pasado lunes entregaron el resultado de los exámenes, pues el 27 de noviembre, cuando los parientes de los 12 fallecidos acudieron a la medicatura para identificar sus cuerpos, varias características no coincidieron con estos tres jóvenes y tuvieron que practicar otras pruebas.
Zulay Hernández, hermana de Freddy Hernández —uno de los ajusticiados— contó que hace 15 días vio a través de fotografías la dentadura de un cuerpo que no parecía la de él puesto que estaba derecha, mientras que la suya presentaba una separación en los dientes incisivos y le faltaba un colmillo.
También entregaron los cuerpos de Antonio Aladejo y Jairo Rivas, sometidos a las mismas pruebas.
A los parientes de las 12 víctimas halladas en dos fosas comunes el pasado 25 de noviembre en Aragüita y Brión, estado Miranda, les están haciendo estudios socioeconómicos para indemnizarlos, cosa que no se ha hecho hasta el momento.
Zulay contó que les han pedido llenar varias planillas en las cuales deben indicar oficio, cantidad de parientes en la vivienda, ocupaciones, entre otros datos.
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Freddy Hernández fue detenido el pasado 16 de octubre mientras comía mandarinas en el poblado de Aramina, municipio Acevedo del estado Miranda, con dos primos, a quienes soltaron horas después.
Esta detención y 37 más se realizaron entre el 15 y 16 de octubre en los poblados de Yaguapa, Capaya, Aramina y El Café, después de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunciara el despliegue de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en seis municipios del estado Miranda con al menos 1.299 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército, el 7 de octubre.
Posteriormente, dejaron en libertad a 25 personas y quedaron únicamente 12 más un adolescente —encontrado en un Centro de Atención Integral—, a quienes sus parientes les llevaron alimentos y ropa a una quinta de dos plantas, ubicada en El Café, que había sido convertida en una sede para el Comando Caribe 323. La comida y el vestuario nunca les fueron entregados, pus al momento del hallazgo en la fosa común tenían la misma vestimenta que el día de su desaparición.
El 19 de octubre se llevaron la sorpresa de que no se encontraban ahí y según los funcionarios los habían trasladado al fuerte Chaguaramal, en Cúpira. No obstante, cuando llegaron al lugar les informaron que no había detenidos.
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Durante 15 días los buscaron, hasta que decidieron denunciar en Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Al cumplirse un mes de la desaparición de los detenidos, la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hizo una denuncia y exigió información acerca del paradero de estas personas.
Pero no fue sino hasta un mes y medio después que la Fiscalía, tras investigaciones, encontró las fosas comunes. El defensor del pueblo, Tareck William Saab, sostuvo que dos militares confesaron su participación en la masacre.
El pasado 9 de diciembre, el Ministerio Público informó en una nota de prensa que 12 militares están privados de libertad, por su presunta participación en la masacre.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de entre cinco y nueve personas, según la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y la Defensoría.
Foto referencial: AVN
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