Saab intenta que la Corte Penal Internacional deseche las pruebas presentadas por Ortega Díaz

Corte Penal Internacional

Los cientos de fotos, testimonios, experticias y demás evidencias que Ortega Díaz ha presentado al juzgado internacional en los últimos tres años son el núcleo de la denuncia, por delitos de lesa humanidad, contra altos funcionarios venezolanos.

Caracas. Las maniobras del Ministerio Público para evitar una investigación por crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúan. Así, tras admitir que el concejal Fernando Albán no se suicidó, sino que habría sido asesinado por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que lo tenían detenido y que el estudiante Juan Pernalete sí murió por culpa de una bomba lacrimógena que le disparó un efectivo de la Guardia Nacional; y emprender acciones contra los responsables de ambos hechos, el fiscal general designado por extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pidió al juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) que deseche cientos de pruebas que comprobarían los dichos delitos, por considerarlas ilegales. 

La petición de Saab figura en la solicitud de control judicial que este presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte el pasado 26 de mayo. Con el tercer punto de dicha acción se busca que la instancia aclare lo siguiente: “¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?”.

Aunque no lo menciona expresamente, Saab busca que los magistrados ordenen a la Fiscalía de la Corte que no tome en consideración las evidencias que su antecesora en el cargo, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha presentado en los últimos tres años a la instancia dependiente de Naciones Unidas. 

Solo al momento de presentar su denuncia, la primera de las dos que reposan en el organismo internacional contra autoridades venezolanas, en noviembre de 2017, Ortega Díaz llevó 39 carpetas y 12 CD que contenían 1690 evidencias recabadas por el Ministerio Público hasta que ella estuvo al frente del mismo. Dichos elementos probarían que desde que Nicolás Maduro llegó al poder en marzo de 2013 bajo su administración se han venido produciendo al menos cinco crímenes de lesa humanidad (asesinato, ejecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura). 

El corazón de la querella 

Antes de ser removida por la cuestionada Constituyente en agosto de 2017 y exiliarse en Colombia, Ortega Díaz y su círculo de colaboradores más cercanos pasaron semanas escaneando y fotocopiando informes, experticias, planimetrías, fotografías y otros elementos en relación con la represión de las protestas antigubernamentales que ese año sacudieron al país, así como otros supuestos crímenes, tales como las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015 en el marco de la cuestionada Operación Liberación del Pueblo (OLP) y las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de las fueron víctimas opositores como Yon Goicoechea. 

Dichas evidencias no solo sustentan la denuncia que Ortega Díaz presentó individualmente contra Maduro y contra los generales Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa; Néstor Reverol Torres, actual titular de Energía Eléctrica y antes del Interior; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y contra Antonio Benavides, excomandante general de la Guardia Nacional; sino también son parte del basamento de la querella que meses después presentaron varios países del Grupo de Lima.

La acción presentada en su momento por Colombia, Chile, Canadá, Paraguay, Perú y Argentina se basó en un informe que un grupo de expertos convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) elaboró en 2018. Ortega Díaz entregó elementos para la elaboración de dicho reporte, los cuales fueron tomados por válidos.

Una eventual orden para desechar las evidencias presentadas por la fiscal general en el exilio supondría un duro golpe a las denuncias. 

Miedo a flor de piel 

Para Ortega Díaz la acción de quien la reemplazó en el puesto revela la preocupación que existe en el Gobierno por lo que próximamente pueda anunciarse desde La Haya. El 15 de junio vence el plazo de la actual fiscal de la Corte Penal Internacional, la jurista gambiana Fatou Bensouda, quien será reemplazada por el británico Karim Khan. Antes de que se produzca el relevo se espera que Bensouda dé a conocer si abre o no una investigación en relación con la situación de Venezuela. 

De hecho, este fin de semana pasado, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo en una entrevista con France 24 que “para la situación de Venezuela siempre he indicado que ahora estamos en el proceso de examinar la situación y que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”.

“Están desesperados (…) ahora intentan desacreditar el origen de las pruebas que presenté en 2017 (…) El miedo a la justicia internacional se apoderó de Maduro. Haga lo que haga, Maduro sabe que en la CPI hay un expediente cargado de pruebas irrefutables de sus crímenes. Sabe que son delitos que no prescriben. La desesperación que demuestran sus actuaciones, presionando a la Corte y cuestionando sus métodos, no sirven sino para hundirlo más”, afirmó Ortega Díaz, en conversación con Crónica.Uno.

La jurista guariqueña negó que ella haya sustraído nada del Ministerio Público o que las pruebas que ha presentado a la Fiscalía de la CPI se puedan considerar viciadas o ilegales. “Yo soy la fiscal general y puedo compartir pruebas con la CPI a los fines de lograr que haya justicia frente a la violación de los derechos humanos”, zanjó. 

Por último, descartó que las pretensiones de Saab prosperen. “La CPI es un tribunal serio y riguroso, no es una corte de jueces indignos y genuflexos como los que ahora ocupan el TSJ en Venezuela. A la independencia y a la seriedad de ese tribunal le temen los criminales que como Maduro ya no le tienen ningún respeto a la vida humana, a las leyes y a las instituciones democráticas. Todos los autócratas le temen a la verdad”, remató.


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