El pronunciamiento de Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, se produce casi dos meses después del duro informe que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU emitió y en el cual llegó a la misma conclusión.
Caracas. La crisis venezolana va rumbo de convertirse en la primera situación latinoamericana que podría terminar siendo analizada por la Corte Penal Internacional (CPI). Al menos esta es la conclusión a la que se llega luego de leer las declaraciones de la fiscal del organismo, Fatou Bensouda, quien afirmó que tenía “base razonable” para creer que en el país se habían cometido delitos de lesa humanidad y otros graves crímenes contra los derechos humanos.
“La Oficina (de la Fiscal) había concluido su evaluación de la materia y determinó que había una base razonable para creer que los delitos dentro de la jurisdicción de la Corte se han producido en Venezuela”, dijo el despacho Bensouda en un comunicado de prensa que publicó este jueves, luego de mantener una reunión con el fiscal designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, en la sede del juzgado en La Haya (Países Bajos).
El pronunciamiento parece indicar que Bensouda iniciará una investigación de las denuncias que a finales de 2017 la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz; y luego siete países de la Organización de Estados Americanos (OEA) le presentaron contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, por la presunta comisión de vulneraciones a las garantías fundamentales ocurridas desde abril de 2017, cuando estalló la última gran ola de protestas contra el gobierno chavista producto de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la práctica aniquilaron a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, habrá que esperar hasta el próximo informe anual que la funcionaria presentará en semanas para saber su decisión definitiva.
Estas querellas se encuentran bajo “examen preliminar”; es decir, la primera fase, desde febrero de 2018.
Más presión
El pronunciamiento de la fiscal de la CPI se produce menos de dos meses después de que la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas presentara su contundente informe sobre el país, en el cual concluyó que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el periodo examinado (2014-2019)”, por cuanto “se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”.
En dicho informe el grupo nombrado por el Consejo de Derechos Humanos instaba a Bensouda a actuar, al afirmar que “la Fiscalía de la Corte (debería tener) en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y a los que están bajo su consideración”.
¿Qué hace Saab en La Haya?
El fiscal impuesto por la cuestionada Constituyente viajó a La Haya, junto con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, para suministrar más pruebas del supuesto daño que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jerarcas chavistas y algunas instituciones públicas venezolanas están provocando en la población. Esto, en el marco de la querella que en febrero de este año interpuso el Gobierno contra la administración de Donald Trump.
Sin embargo, durante el encuentro Bensouda aprovechó para pedirles a ambos funcionarios información sobre las investigaciones relacionadas con ajusticiamientos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones ocurridas en el país en 2017, de acuerdo con lo informado por la oficina de la jurista africana.
Por su parte, Ortega Díaz denunció que Maduro “tiene semanas dedicando sus esfuerzos a frenar la inminente decisión de la CPI” y “por eso el criminal Saab está en La Haya”. Sin embargo, la fiscal general en el exilio descartó que sus intentos rindan frutos.
No hay forma (de) que logren desvirtuar todas las pruebas que hemos consignado en los últimos tres años”, escribió en su cuenta de Twitter.
Una larga carrera
La eventual apertura de una investigación contra funcionarios venezolanos solo será un paso más en una larga carrera, la cual podría demorar años, y solo si al finalizar dicha pesquisa la Fiscalía de la Corte considera que hay motivos para acusar a alguien, se podría pensar en un juicio.
Hasta ahora el tribunal creado en 2002 solo ha celebrado 22 juicios y todos relacionados con hechos ocurridos en África.
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