Misión de la ONU “tiene motivos razonables para creer” que el gobierno de Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad”

crímenes de lesa humanidad

En un extenso documento, la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos acusó a las autoridades de detener, torturar, violar y asesinar a personas con el propósito de “silenciar” a la disidencia.

Caracas. En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y los mismos habrían sido perpetrados por órdenes directas de Nicolás Maduro y por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, así como por los distintos titulares que ha tenido el Ministerio del Interior desde 2014; es decir, los generales Miguel Rodríguez Torres, Gustavo González López y Néstor Reverol Torres y la almirante Carmen Meléndez. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en un extenso y contundente informe que este martes presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

“La Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”, denunció la instancia presidida por la abogada portuguesa Marta Valiñas, la cual constató que en el país se han venido produciendo de “manera sistemática y generalizada” asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desapariciones forzadas en los últimos seis años y que los mismos formaron parte de “una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno”. 

A estas conclusiones llegó la misión, cuyo mandato fue prorrogado por un año más tras un acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Michelle Bachelet, y el gobierno de Maduro, luego de investigar 223 casos, de los cuales 48 se revisaron de manera exhaustiva; y de analizar otros 2891. 

Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento, el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno, apuntó la abogada lusa al presentar el reporte. 

De Miraflores para abajo 

Pese a que en el informe se aclara que no pretende “determinar las modalidades de responsabilidad penal” en las que han podido incurrir autoridades venezolanas, sí se deja claro que hay motivos para procesarlos por vulnerar disposiciones previstas en el llamado Estatuto de Roma. 

“Las autoridades estatales –tanto a nivel presidencial como ministerial– tenían y ejercían su poder y supervisión sobre las siguientes fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares: la Policía Nacional Bolivariana (incluidas las PNB/FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las fuerzas de policía municipales y estatales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Fuerza Armada Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los miembros de esas fuerzas y organismos de seguridad fueron los autores de las violaciones y los crímenes documentados en este informe”, se afirma en el texto.

Además agrega: “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”. 

El señalamiento no es poca cosa y refuerza las querellas que reposan en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y varios Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron contra Maduro y otros altos funcionarios chavistas. Estas demandas fueron admitidas por la Fiscalía de la Corte; en 2018 anunció que las revisaría y en mayo pasado agregó que se han “producido avances significativos”. 

Precisamente la Misión, en su reporte, metió presión al despacho de Fatou Bensouda, al instarla a que “tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes”. 

El artículo 29 de la Constitución de 1999 señala que “las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles” y que dichos delitos ”quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”. 

Reacciones a granel 

El presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó, celebró lo dicho por la Misión de la ONU, porque “despeja cualquier duda”. “Maduro es un criminal que, además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad. Es un gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha por la libertad y justicia para las víctimas“, escribió en Twitter. 

Para el diputado Miguel Pizarro, comisionado presidencial ante las Naciones Unidas, el informe no es “un documento más”, sino que marca un precedente, por cuanto “deja muy claro que hay un patrón de conducta dentro de los organismos de seguridad (Sebin, DGCIM, FAES), y también deja muy claro la vinculación de Maduro, Diosdado Cabello, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López con esas violaciones”. 

“Lo que está ocurriendo en Venezuela no es un problema huérfano ni que se está olvidando (…) este informe habla de la resiliencia y resistencia de un país que no se ha rendido”, afirmó el legislador. 

Por último, Pizarro reconoció la valentía de las víctimas por relatar su experiencia y el trabajo “tenaz” de las organizaciones de derechos humanos que han documentado lo que viene ocurriendo en el país.

Lea aquí el documento completo:

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Informe de La Misión de La ONU by Crónica Uno

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