La instancia consideró que la petición era asunto de la Sala Político Administrativa, pero aprovechó para pedirle a la Procuraduría General de la República que le informe sobre los daños que han sufrido ese y otros sistemas de transporte durante la actual ola de protestas.
Caracas. El Gobierno podrá seguir cerrando las estaciones del Metro de Caracas e interrumpiendo las líneas de Metrobús que estime convenientes cada vez que la oposición marche por la capital, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó una demanda que un grupo de organizaciones de Derechos Humanos interpuso en mayo pasado contra el ministro de Transporte Terrestre, Ricardo Molina; y el presidente del subterráneo, Gerardo Quintero, para conseguir que le garantizaran a los manifestantes opositores el derecho a movilizarse al igual que a los oficialistas cuando deciden salir a las calles.
La Sala Constitucional, en su sentencia número 390, desechó la demanda de protección por intereses colectivos y difusos que Espacio Público, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Acceso a la Justicia y un grupo de abogados, interpusieron bajo el alegato de que “la demanda versa sobre un reclamo sobre un servicio público, cuya pretensión solo puede ser satisfecha ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante una acción de prestación de servicios públicos”.
Desde que inició la actual ola de protestas, las autoridades han suspendido el servicio del Metro y del Metrobús por varias horas durante todos los días en los que la Mesa de la Unidad Democrática ha convocado acciones de calle. Algunos días hasta 30 de las 46 estaciones del subterráneo han permanecido cerradas.
Pese a que no se dio por enterada sobre la discriminación que supone que unos ciudadanos puedan trasladarse por un medio de transporte en manos del Estado y otros, por su posición política y por estar ejerciendo el derecho a manifestar, ni tampoco sobre los trastornos que en general produce a la ciudadanía la medida gubernamental, la instancia sí está en conocimiento de los daños que supuestamente habrían sufrido las instalaciones del subterráneo y por ello le asignó tarea al procurador encargado Reinaldo Muñoz.
“El Procurador General de la República para que, conforme con lo señalado en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuantifique, en forma cierta, los daños ocasionados a los bienes del Estado y, dentro de su autonomía, actúe ante los órganos respectivos y se establezcan las responsabilidades civiles y administrativas derivadas de esos daños, a objeto de no dejar impune el resarcimiento pecuniario de los daños a bienes del Estado venezolano”, le mandó la instancia.
La orden pone en evidencia la ruptura entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, pues el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz podría perseguir penalmente a los supuestos responsables de los daños a las instalaciones del Metro y de cualquier otro medio de transporte. Es más, el Código Penal tiene varias disposiciones que castigan tales conductas (artículos 343 al 349 y del 473 al 479).
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