El Centro para los Defensores y la Justicia explicó que aunque esta cifra es una disminución del 43 % en relación con 2021, todavía es muy alta y refleja que sigue siendo consecuencia de una política de criminalización contra los defensores de DD. HH.
Caracas. Al menos 214 ataques e incidentes de seguridad se registraron entre enero y junio de 2022 contra personas y organizaciones en Venezuela que se dedican a la defensa y promoción activa de los Derechos Humanos.
La cifra fue presentada por el Centro para Defensores y la Justicia (CDJ) el cual, a través de un informe, reveló que aunque esto es una disminución con respecto al año pasado, refleja que la política de criminalización y la falta de correctivos en el Estado venezolano son la norma.
A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, se destaca que los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves”, expuso el grupo en el informe.
El CDJ explicó que estos ataques e incidentes de seguridad contra los defensores de DD. HH. se producen por una política impulsada desde el gobierno en el que, apoyándose en la tesis del enemigo interno, se consideran a estos grupos y activistas como adversarios contra la paz del país.
De las 214 situaciones que se registraron en el primer semestre del año, 146 fueron estigmatizaciones por parte de voceros del Estado a través de medios públicos los cuales se presentan a los activistas de DD. HH. de Venezuela como delincuentes.
Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país”, expuso el CDJ en el informe.
Además de las 146 estigmatizaciones, el CDJ registró 45 intimidaciones y hostigamientos, 14 amenazas, 2 judicializaciones, 2 ataques digitales y otras 5 situaciones que catalogaron como “otros”.
Algunas de las organizaciones que han recibido estos ataques son: Provea, Transparencia Venezuela, Espacio Público, IPYS Venezuela, el Centro Gumilla, el Foro Penal, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, entre otros.
Con respecto a quiénes son los principales responsables de efectuar estos ataques, 66 (un 31 %) instancias fueron realizadas por personas asociadas a las estructuras de la protección para la paz del Estado y periodistas vinculados a los medios públicos; 65 (30 %) fueron hechos perpetrados por funcionarios públicos a través de redes sociales; 46 (22 %) por medios de comunicación gubernamentales; 22 (10 %) por instituciones públicas; y 15 (7 %) por organismos de seguridad del Estado.
El CDJ instó en sus conclusiones a que el Estado debe “avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la comunidad internacional y adoptar todas las medidas necesarias para avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros que permitan ejercer el derecho a defender los DD. HH. sin que haya el temor a ser víctima de agresiones o represalias”.
Los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y amenazas deben investigarse; las leyes, mecanismos e instrumentos contrarios a la defensa y exigencia de derechos deben ser derogados y la institucionalidad y el Estado de Derecho deben ser restablecidos”, se recomendó en el informe.
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