Dos trabajadoras del Correo del Caroní permanecieron detenidas por seis horas, para rendir declaraciones. Durante el procedimiento, el Sebin les incautó sus teléfonos celulares.
Puerto Ordaz. Después de seis horas detenidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), liberaron a María Ramírez Cabello, periodista del Correo del Caroní; y a Susana Reyes, secretaria del director de este medio de comunicación.
Los funcionarios las trasladaron hasta la sede del Sebin en San Félix, luego de un allanamiento a las instalaciones del Correo del Caroní. Este operativo se extendió por más de seis horas.
Funcionarios incautaron los teléfonos celulares de Reyes y Ramírez Cabello, los cuales fueron revisados y entregados una vez que culminó el proceso de declaración. También devolvieron los libros administrativos del Correo del Caroní que confiscaron, pero se quedaron con una computadora de la sala de redacción.
Este procedimiento lo ordenó el Tribunal Especial de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Carol Padilla.
Fue el mismo tribunal que ordenó el allanamiento a la residencia del director del Correo del Caroní, David Natera Febres, así como las oficinas en Caracas del medio internacional 15 Minutos. Este último, fundado por David José Natera Bilancieri, hijo de Natera Febres.
Durante el procedimiento y detención de las dos trabajadoras del Correo del Caroní, se violó el legítimo derecho a estar asistidas por un abogado. Funcionarios impidieron al abogado Germán Borregales estar presente. Alegaron que se trató de una “visita domiciliaria”.
Ataques a Correo del Caroní
Correo del Caroní ha enfrentado ataques desde abril de 2002, cuando simpatizantes afectos al oficialismo acecharon la sede. Posteriormente, el Consejo Legislativo de Bolívar, dominado por el sector oficial, ordenó la demolición de sus instalaciones. Vecinos del sector impidieron que este hecho se consumara.
Para 2013, el diario y su director enfrentaron una demanda por difamación, luego de la publicación de un trabajo de investigación sobre corrupción en Ferrominera. La demanda provino de Yamal Mustafá, dueño del diario regional Primicia, que estuvo vinculado con este caso de presuntas irregularidades en Ferrominera y estuvo privado de libertad por investigaciones.
En 2016 se reabrió el caso y condenaron a Natera Febres a más de cuatro años de prisión. La medida fue sustituida por régimen de presentación y prohibición de salida del país. Además tuvo que pagar una multa.
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