El integrante del OVV en el Área Metropolitana de Caracas, Pedro Rengifo, precisó que desde principios de 2023 hasta el pasado mes de junio, se registraron 39 muertes causadas por la policía. Según el registro de la ONG, al menos 10 % de estos asesinatos fueron ejecuciones extrajudiciales.
Caracas. En agosto la mayoría de las muertes se produjeron en barrios de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda y los actores principales fueron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El primer caso fue el de Edwin Raniel Fuentes García, de 46 años, quien pidió auxilio desde el balcón de su casa al escuchar que efectivos del Cicpc forcejeaban la puerta de la vivienda, quienes al ingresar le dispararon en el barrio Bolívar, sector El Parquecito en Petare.
Ramona García y Anyelis Pimentel, madre y hermana de la víctima, aseguraron a Crónica.Uno que no les permitieron ver el cuerpo en el lugar de los hechos, aquel 15 de agosto. También, negaron la versión policial que indica que Edwin murió durante un enfrentamiento armado.
Seis días después, el 21 de agosto, la reja de la vivienda de William José Martínez Barrios fue abierta a la fuerza por miembros del Cicpc. El hombre, de 27 años, recibió un disparo en la cabeza y fue llevado hasta el hospital Dr. Domingo Luciani, pero llegó sin signos vitales.
De acuerdo con la versión policial, se produjo un intercambio de disparos y William resultó herido. Su madre, Deyanira Barrios, desmintió desde la medicatura forense de Bello Monte, que a su hijo le encontraron un arma de fuego, como aseguró la policía.
Tres muertes en un mismo día
El 25 de agosto se registraron tres decesos en distintos municipios del Área Metropolitana de Caracas. El primero ocurrió en Petare, en la zona 4 del barrio José Félix Ribas, calle El Carmen, vereda 9.
Eduardo David Williams caminaba cerca de su casa cuando unos vehículos de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) pasaron por el lugar.
El hombre, de 29 años, intentó correr pero le dispararon en una pierna. Familiares afirmaron que algunos testigos vieron cuando los funcionarios de seguridad se lo llevaron a otra zona de José Félix Ribas, donde recibió dos disparos que le ocasionaron la muerte.
Sobre este hecho, el organismo policial informó que se produjo un intercambio de disparos entre Eduardo y los funcionarios.
Municipio Libertador
Las otras dos muertes tuvieron lugar en un edificio en la avenida Baralt en el municipio Libertador. Se trató de Carlos Luis González Silveira, de 48 años, y Yenrrin Antonio Guillén Almeida, de 59 años, quienes fallecieron en medio de una “intervención legal” con el Cicpc tras resistirse al arresto, de acuerdo con Douglas Rico, director general de ese cuerpo de seguridad.
Según un informe policial, estos dos hombres estaban presuntamente implicados en el doble homicidio de Enrique Junio López Cid, detective del Cicpc, y Jennifer Margarita, quien era administradora del Mercado de La Hoyada. El asesinato de ambos ocurrió el pasado 7 de agosto, en el distribuidor de La California.
Baruta
El pasado 28 de agosto, Eduis Yoel Sandoval Mata, de 39 años, salía a su trabajo cuando fue interceptado por efectivos del DCDO, en el barrio Ojo de Agua, sector La Arenera, en Baruta.
Su familia alegó que la policía lo confundió con otra persona. El hombre trabajaba como albañil y vendía perfumes. La víctima estuvo presa durante cuatro años por el delito de robo, pero salió en libertad en 2020. En la actualidad estaba bajo régimen de presentación en tribunales de Caracas.
Muertes en el primer semestre de 2023
Según Pedro Rengifo, miembro del OVV en el Área Metropolitana de Caracas, desde principios de año hasta junio de 2023, se registraron 39 muertes causadas por la policía. Al menos 10 % fueron ejecuciones extrajudiciales.
Rengifo indicó que 9 de cada 10 casos ocurrieron en Petare, sobre todo en barrios como José Félix Ribas. Recordó que en la actualidad Petare es un epicentro de disputas entre bandas por el control territorial, y el intento de desalojar los grupos criminales que residen en la zona.
Subrayó que el Cicpc ha sido responsable de 53 % de las intervenciones, mientras que 27% recae sobre la PNB.
A juicio de Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, los operativos policiales que se han ejecutado desde hace varios años en el país no representan una verdadera política de seguridad y protección de la ciudadanía.
Denunció que por el contrario, es una medida que causa amenazas y genera miedo y desconfianza en la población, particularmente en los habitantes de zonas pobres y barrios, donde se incrementaron estos operativos de manera notoria.
“Una política acertada en materia de seguridad no genera muertes, no genera daños, no genera en la población la percepción de las instituciones de la ley como instituciones que son arbitrarias, que no son protectoras, o que por el contrario son instituciones que dependen del capricho de la actuación claramente arbitraria y no apegada a la normativa legal de esos funcionarios que se trasladan a las comunidades”.
Cifras históricas
Perdomo detalló que desde el registro que lleva el OVV, la mayor cantidad de muertes por presuntas ejecuciones extrajudiciales o por resistencia a la autoridad, se produjo en 2018 con 7523 casos.
Desde 2016 hasta 2019 la referida ONG contabilizó 23.625 muertes por resistencia a la autoridad. 113 personas murieron a manos de la policía cada semana durante ese periodo, y unas 16 fallecieron cada día.
Asimismo la coordinadora resaltó que en 2020, por primera vez en la historia, el número de decesos por violencia policial fue mayor que el números de homicidios cometidos por la población civil.
Durante ese periodo, se documentaron 4153 homicidios perpetrados por la población civil mientras que 4231 muertes por resistencia a la autoridad.
OLP
La violencia policial tiene varios precedentes. En 2013 se crearon las llamadas Zonas de Paz; una visión del Gobierno Nacional “para lograr la pacificación de las bandas, buscando un pacto de no agresión entre los grupos y un acuerdo, básicamente, entre el Gobierno y las bandas a cambio de la entrega de las armas”, aseveró Rengifo.
Sin embargo, esto tuvo el efecto opuesto, ya que terminó consolidando el dominio de grandes bandas en extensas zonas populares en el Área Metropolitana de Caracas.
Para Perdomo, en 2015 hubo una especie de respuesta policial asociada con el incremento de muertes de funcionarios policiales. En ese mismo año nació, por orden del presidente Nicolás Maduro, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que luego se llamó Operación de Liberación Humanista del Pueblo.
Esto hizo que las intervenciones por cuerpos de seguridad no fueran una actuación aislada, sino que se establecieron como “una política nacional” que se ponía en combate contra la delincuencia. Esas operaciones implicaban invadir o llegar a viviendas en comunidades pobres y zonas populares.
Rengifo informó que en el OVV ha observado una disminución de operativos policiales desde 2022 hasta lo que va de 2023.
Explicó que la eliminación o el cambio de nombre de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, –ahora Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), según Rengifo– ha tenido mucha influencia.
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