El 3 de junio de 2021 llegó una noticia que dio paz y justicia a la familia de Jimmy Guerrero y Ramón Molina en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, pero, sobre todo, la esperanza de retomar la lucha de muchas voces acalladas por la impunidad en contra de quienes han arrancado de tajo a uno de sus seres queridos, por el simple hecho de ser pobres o contar con algún antecedente penal.
Coro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró internacionalmente responsable al Estado venezolano no solo de violación del derecho a la vida, a la protección judicial y a la libertad personal, sino también de cometer actos de tortura y no cumplir con las obligaciones relativas a la investigación y la sanción de los responsables de los asesinatos de Jimmy Guerrero Meléndez, de 26 años de edad y Ramón Molina Pérez, de 49 años de edad.
La decisión del organismo hemisférico fue publicada el 19 de julio y se refiere a la ejecución extrajudicial de Guerrero y de Molina ocurrida el 30 de marzo de 2003 en Punto Fijo, estado Falcón.
El dictamen de la CIDH abre una ventana ante la impunidad que reina en Venezuela con los casos que violan las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Ejecuciones contra los más pobres
En el comunicado publicado el pasado 19 de julio, el organismo explica que los actos contra el joven de entonces 26 años de edad estuvieron motivados por “preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza”.
Jean Carlos Guerrero, hermano de la víctima y defensor activo de los derechos humanos en la Falcón, hoy en el exilio en Perú, comentó a Crónica Uno: “Nosotros como defensores de derechos humanos estamos muy satisfechos con la sentencia, sobre todo porque esta trata un contexto actual de la realidad venezolana como son las ejecuciones extrajudiciales por grupos de exterminio y cómo se materializan contra los jóvenes de los sectores más empobrecidos de nuestro país”.
Además, destacó otro elemento importante: el reconocimiento de la tortura.
La CIDH ha dado un paso adelante y ha dicho que en el caso de Jimmy Guerrero hubo hechos de tortura, y eso refleja el contexto actual que viven los presos políticos en las mazmorras de las cárceles venezolanas, claro en el caso de Jimmy fue mucho más cruento”.
Segunda sentencia internacional en Falcón
Esta es la segunda sentencia a favor de las víctimas de ajusticiamiento extrajudicial o sin proceso que dicta la Corte Interamericana sobre casos que ocurrieron en Falcón.
La primera fue a favor de la familia Uzcátegui Jiménez, por el homicidio de Néstor José Uzcátegui, de 21 años de edad. Néstor fue asesinado en su vivienda el 1° de enero de 2001 por un grupo de siete funcionarios, presuntamente pertenecientes a la Policía del estado Falcón.
La medida también benefició a su hermano, Luis Enrique Uzcátegui, que se ha dedicado a buscar justicia por el crimen de su familiar. Ha sido igualmente hostigado, vejado y perseguido por los organismos de seguridad.
Me mantengo en la lucha por la justicia en favor de aquellos a quienes este sistema de gobierno ha arrancado de tajo a uno de los suyos”.
El director de Comité Prodefensa de Victimas de Violación de Derechos Humanos (Coprovidh), Luis Uzcátegui, aseveró: “Con esto se demuestra que siempre hemos tenido razón en nuestra lucha”.
250 casos en Falcón
Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela no son de nueva data, entre 1989 hasta 1999, la ONG Provea registró una constante de casos de violación del derecho a la vida.
En los primeros años de gobierno de Hugo Chávez hasta hoy se han registrado casos de violación de los derechos humanos y abusos de grupos parapoliciales, cuya realidad han ido creciendo y sociológicamente se le ha denominado “limpieza social”, ante el aumento de los índices de inseguridad en el país debido a una crisis humanitaria compleja que muestra su peor cara.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) en diciembre 2003 señaló: “Una de las situaciones más serias que ha incidido sobre el derecho a la vida durante los últimos años ha sido el fenómeno de la limpieza social. En un país donde las ciudades están sometidas al auge de la delincuencia y la impunidad del crimen …”.
Desde 2001 hasta la fecha se han registrado de manera pausada y evidente, según reportes de Cofavic y otras organizaciones de derechos humanos, muertes a manos de los grupos élite o de exterminio con presencia en los cuerpos de seguridad en los estados Anzoátegui, Yaracuy, Portuguesa y Falcón, como lo demuestran en las investigaciones reflejadas en el libro Grupos Parapoliciales en Venezuela (2005).
Esta realidad no dista mucho de la de los años 90 y principios de 2000. La recién reestructurada Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y órganos de Dirección de Inteligencia Policial (Diep) se han visto involucrados en estas acciones extrajudiciales. Hechos tan violentos y notorios que la CIDH ha emitido reiteradas recomendaciones para que el Estado elimine esta instancia y/o reestructure el modus operandi.
Falcón, entre 2001 y 2007, registró 248 casos de ejecuciones extrajudiciales y dos desapariciones forzadas. Todas bajo la administración de Jesús Montilla Aponte, gobernador de la entidad, y la dirección de la Policía Regional en manos del comisario Oswaldo Rodríguez León, imputado y condenado por la desaparición de Javier Vargas, que ingresó a la comandancia de Polifalcón el 10 de marzo de 2003 y nunca salió.
A decir de Jean Carlos Guerrero, “esta sentencia no determinó la justicia porque fue un caso más político que judicial”.
Luego Rodríguez León ocupó el cargo de secretario de seguridad ciudadana en la actual administración regional, que sigue bajo la conducción oficialista, y ha sido postulado a cargos de elección popular después de su excarcelación.
Nadie nos escuchó: solo una audiencia en 16 años
Jean Carlos Guerrero relató que desde la muerte de su hermano solo se logró una audiencia y eso ocurrió 16 años después, a pesar de los esfuerzos realizados en los tribunales falconianos y ante la Fiscalía General de la República.
“En el caso de Jimmy Guerrero y mi tío Ramón Molina no hubo audiencia, solo una 16 años después, que fue la imputación de Felipe Rojas Quero, comisario y jefe de la zona policial de Falcón”.
Guerrero no está conforme con esa audiencia. Afirmó: “No fue fuerte, muy débil, y a la carrera por órdenes de la Fiscalía Nacional de Derechos Fundamentales cuando me tocó un derecho de palabra ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos”.
De resto, dijo, no se presentó una audiencia en Venezuela, “ningún tribunal nos escuchó a nosotros nunca”.
Para el 2003, unos 159 funcionarios en Falcón estaban siendo investigados por su presunta participación en muertes extrajudiciales, de acuerdo con cifras de Cofavic. Para la fecha, el municipio Silva, capital de Tucacas en el eje oriental de la entidad con una población costera que limita con Carabobo y Yaracuy, contaba con 56 agentes policiales y dos funcionarios del hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que estaban siendo investigados.
Actualmente, esta zona costera es una de las entidades donde se registran más casos de desapariciones forzadas en altamar. Familiares coinciden en afirmar que los cuerpos de seguridad están implicados en el asunto.
Las investigaciones sobre casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales quedan impunes, aseguró el también exdirector de Coprodedh, Jean Guerrero.
La respuesta del Estado no fue ni ha sido distinta a la mayoría de los casos. Siempre en desventaja para las víctimas. Las medidas eran y son arrestos domiciliarios. No hay justicia en ninguno de los casos en Falcón. Impunidad ha sido siempre la sentencia”.
Falcón mantiene casos activos de desapariciones forzadas con unas 57 personas desaparecidas entre menores de edad, mujeres y hombres.
Omar de Dios García, director regional de Fundaredes, ha sido la voz de las familias junto con otros defensores locales y nacionales. García está en manos de las autoridades venezolanas desde el 21 de junio, junto con Javier Tarazona, director de esa ONG, cuando interponían una denuncia en el Ministerio Público de la entidad por hostigamiento y persecución.
La sentencia de la CIDH relata que la violación al derecho a la vida de Jimmy Rafael Guerrero implicó un acto de discriminación debido a su estado de pobreza y a la atribución de una supuesta peligrosidad que nunca se sustentó.
Jean Carlos manifestó: “Otro elemento interesante de esta sentencia es que se hace oportuna porque reaviva las voces de las víctimas en busca de justicia y levanta esperanzas”.
Acotó que para quienes aún se encuentran en ese tránsito de búsqueda de justicia en el sistema interno venezolano sin ningún tipo de respuesta, la sentencia: “Viene a reforzar esas fuerzas, esas energías, a levantar esas voces de esos familiares adormecidas por el sistema, la impunidad, el silencio, el maltrato y el olvido”.
El 30 de mayo de 2003 la muerte emboscó a Jimmy
Los padres de Guerrero reciben con beneplácito esta sentencia que, si bien no devuelve a uno de sus hijos, muerto de una manera “tan abrupta y aberrante”, representa la justicia que han esperado durante 18 años. Desde aquel fatídico 30 de marzo de 2003, cuando la muerte emboscó a Jimmy y a su tío Ramón, que pagó con su vida la defensa de su sobrino.
Jimmy era el cuarto de ocho hermanos. Alcanzó a estudiar hasta segundo año de bachillerato. Su madre los levantó a fuerza de planchar y lavar en casas de familia. Ciertamente, este hijo de Emilia Guerrero había cometido errores y se había metido en problemas, pero como refirió su hermano: “La vida de Jimmy estaba sosegada y tranquila”. Con todo, no dejaban de perseguirlo funcionarios de la policía.
La persecución inició en 2002 y se mantuvo hasta días antes de su asesinato. En noviembre de ese año, Jimmy denunció ante la Fiscalía Primera de Falcón las reiteradas amenazas de muerte y hostigamiento policial, sin obtener mayores resultados o protección por parte del Estado.
En febrero 2003 acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar la situación y el entonces defensor del Pueblo interpuso ante el sistema judicial una protección a favor de la vida de Jimmy Guerrero.
Ramón Molina, tío de Guerrero y víctima directa, velaba a uno de sus hijos en el sector Santa Irene de Punto Fijo. A eso de las 11:30 de la noche, Guerrero, Molina y un amigo de Jimmy fueron a una licorería por algo de provisiones y galletas. El negocio estaba cerca del lugar del velatorio.
Dos horas y media después llegó la noticia del asesinato de Guerrero y su tío. Así lo certificaron en la morgue del hospital Calles Sierra en Punto Fijo. En las primeras horas de la investigación se manejó la tesis de una balacera entre bandas, pero el amigo de Guerrero que sobrevivió a la incursión parapolicial desmintió la versión oficial.
Balas y un cuerpo con vestigios de tortura
El testigo circunstancial contó que Jimmy estaba comprando unas botellas de licor cuando unos hombres vestidos de negro bajaron a la zona de la licorería. Uno de ellos se acercó a Jimmy y dijo: “Este es el hombre que andamos buscando” y enseguida le disparó en la cabeza.
Poco después, prosigue el relato, “de un Monza rojo baja Ramón Antonio y al interceptar a los agresores los increpó: ‘¿Qué pasa? Ese es mi sobrino, lo que es con él es conmigo’ y luego, un segundo hombre de negro descargó un arma sobre su humanidad dejándole moribundo” (sic).
Inmediatamente, los agresores se retiraron de la escena del crimen, no sin antes realizar disparos contra el Monza, en el que estaban el amigo de Jimmy, a quien alcanzaron a herirle en el brazo. Este “se hizo el muerto” para evitar que fueran a rematarlo.
Posteriormente, entró en escena un jeep y arrolló a Jimmy Guerrero. Del rústico descendió un hombre que lo tomó por las piernas, las amarró al parachoques trasero y puso marcha para arrastrar el cuerpo.
“Mi hermano mostró signos de tortura, pues en el cuerpo se apreciaban escoriaciones con pérdida de dermis a nivel pectoral, abdominal, antebrazos y en el hombro izquierdo”, recuerda Jean Carlos Guerrero.
La familia Guerrero no confía en que el Estado venezolano vaya a cumplir con los considerandos previstos en la condenatoria internacional porque siempre: “el Estado ha estado en desacato con otras sentencias en los últimos 20 años” como lo ha demostrado en el caso Uzcátegui, por ejemplo.
“No creo que vayamos a tener una respuesta inmediata”, afirman Emilia y Jean Carlos Guerrero, pero ahí está la sentencia y, para ellos, lo importante es que un órgano internacional escuche y refleje la verdad de las víctimas.
El precedente
Liliana Ortega, cofundadora de la ONG Cofavic y quien estuvo al frente del litigio junto con el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (Cejil), aseguró que la decisión “marca un precedente que da luces no solo sobre el pasado reciente de Venezuela, sino sobre lo que viene sucediendo en el país”, reportó Voz de América.
En un comunicado de la Cofavic, Ortega apuntó que la sentencia “evidencia el prejuicio permanente y sistemático presente cuando las fuerzas policiales arremeten contra los jóvenes de sectores populares”.
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