Se proyecta que el Estado venezolano percibió ingresos de entre 21.000 y 27.000 millones de dólares en 2022. Expertos aseguran que, con los niveles actuales de ingresos, es factible aumentar los salarios públicos y las pensiones, al menos, a 50 dólares sin recurrir al financiamiento del BCV y sin impacto inflacionario.
Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro vociferó durante gran parte de 2022 que la economía venezolana creció “pese a las sanciones”, con aumentos en la producción, los depósitos en divisas y la recaudación tributaria. Pero ese “crecimiento” no se vio de la misma forma en las pensiones y los salarios de la administración pública.
Al cambio oficial actual, el salario mínimo de 130 bolívares equivale apenas a 6,14 dólares. El malestar entre los empleados públicos, jubilados y pensionados ha ido en aumento en las últimas semanas. Así se ha evidenciado con protestas en Caracas y otras regiones del país para exigir mejores ingresos.
Aún así, los voceros oficiales mantienen su argumento de que, por las sanciones, el Estado no tiene ingresos suficientes para aumentar los salarios de una nómina que, según el presupuesto de 2023, supera los seis millones de trabajadores públicos, pero las pocas cifras disponibles, o aproximados, juegan en contra de ese argumento.
Se duplicaron los ingresos
En su memoria y cuenta de este año, Maduro afirmó que la recaudación tributaria (que abarca IVA, impuesto sobre la renta, IGTF, entre otros) casi se duplicó en dólares al llegar a $4744 millones al cierre de 2022. El mandatario, sin embargo, no ofreció balance de a qué se destinaron esos recursos.
Mientras que el economista y profesor de la Universidad Metropolitana, Hermes Pérez, estima que la nación percibió ingresos petroleros por el orden de $17.500 millones. Esto si se toma en cuenta la producción y el precio promedio del barril a lo largo del año.
Efectivamente, hay espacio fiscal para una mejora de los sueldos y salarios en Venezuela, por lo menos, los sueldos y salarios de la administración pública que son los que están por el suelo”, señala Pérez.
El experto calcula que, si se hace un ajuste de salario mínimo a 50 dólares mensuales (que continuaría como el más bajo de la región). Solo en nómina pública (seis millones de personas) el Gobierno tendría que desembolsar al menos 3600 millones de dólares al año. A ello habría que sumar otros cinco millones de personas que reciben pensiones, otros $3000 millones.
“¿Cómo es que el sector privado venezolano, que no depende del petróleo, puede pagar sueldos y salarios de entre $100 y $150 y el gobierno venezolano no llega, ni siquiera, a $10?”, cuestiona Pérez.
En entrevista para Éxitos, el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, dijo que en los últimos años el Gobierno “ha tenido recursos” con los que afrontar un aumento de salarios y pensiones. Oliveros señaló que, si se llegara a fijar un salario de 350 dólares, el Estado no tendría capacidad para cubrirlo. Pero sí para pagar uno de 50 dólares mensuales a empleados públicos y pensionados.
Ingresos suficientes para financiar incrementos
Para el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Daniel Cadenas, el Gobierno tiene –entre los ingresos petroleros y los tributos internos– “una cantidad suficiente” para llevar adelante un aumento salarial sin recurrir al financiamiento monetario por parte del Banco Central.
El Gobierno ha tenido ingresos suficientes, holgados, y la plantilla de empleados públicos se ha reducido sustancialmente. No se justifica (el salario actual) tomando en cuenta el tamaño de la nómina y lo que cuesta esta política salarial del Estado”, señala Cadenas.
Cadenas agrega que, si es cierto que la economía venezolana creció 18 % en 2022, “no es posible que los salarios en términos reales estén cayendo”. Asegura que, si los niveles de productividad realmente han crecido a ese ritmo, el factor trabajo del PIB no ha recibido la parte que le corresponde.
“El factor trabajo debería recibir una remuneración acorde o proporcional a ese incremento del producto interno bruto”, dice el experto. A finales de diciembre, el BCV publicó cifras escuetas de actividad económica y reveló que, de enero a septiembre la actividad petrolera creció 27 % y la no petrolera 14,5 %. El crecimiento, sin embargo, no parece estar llegando a todos los sectores de la sociedad.
¿Riesgo inflacionario?
Para Hermes Pérez, quien fue jefe de cambio del BCV, la alta inflación que aún padece Venezuela tiene su origen en que el Gobierno todavía recurre al Central para financiar sus gastos. Calcula que más de 90 % del aumento de la inflación en el país obedece a la emisión excesiva de dinero por parte del BCV.
Daniel Cadenas argumenta que, así como con los aumentos salariales, “no se justifica que cada vez que el Gobierno un bono a los empleados públicos tenga que hacerlo recurriendo al financiamiento del Banco Central” pues, reitera, percibe ingresos suficientes para cubrir esas asignaciones.
En agosto, cuando el Gobierno cedió ante la presión de los educadores que exigían el pago completo de su bono vacacional, la base monetaria (cantidad total de dinero circulante) del sector público aumentó 28 % y tuvo impacto directo en los precios y el tipo de cambio. En noviembre, mes de pago de obligaciones como las utilidades, la base monetaria aumentó otro 22 %.
De hecho, Hermes Pérez añade que un eventual aumento salarial puede, teóricamente, generar más ingresos al Estado, pues aumentaría el consumo de personas que hoy ganan menos de $7. Esto tendría un impacto directo en el pago de impuestos y en la actividad privada.
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