Alfredo Romero, director de Foro Penal, denunció que las personas detenidas tras las elecciones presidenciales llevan casi cuatro meses sin poder elegir a sus abogados.
Caracas. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, manifestó que ninguna de las personas privadas de libertad luego de los comicios presidenciales del 28 de julio, han sido condenadas. En más de tres meses no le han establecido «responsabilidad formal» por algún delito.
«Hasta ahora son inocentes mientras no se pruebe lo contrario y mientras no se determine en un proceso judicial que efectivamente han cometido un delito», sostuvo. Añadió que a los detenidos en el contexto de las manifestaciones poselectorales se les violenta su derecho a la presunción de inocencia.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, expresó que el artículo 44 de la Constitución establece que las personas tienen derecho a ser juzgadas en libertad salvo a que excepcionalmente no sea posible. Alegó que los investigados están amparados por la presunción de inocencia.
«Todo detenido tiene que ser tratado como inocente hasta que exista una sentencia condenatoria válida», dijo Himiob.
Sin juicio
Romero informó que la mayoría de los casos pasaron la fase preliminar e iniciaron los juicios. Es decir, que «todavía ni siquiera estas personas han tenido el derecho de defenderse formalmente en juicio», expresó.
Según cifras del Foro Penal, desde el 29 de julio hay 1836 personas arrestadas luego de las protestas poselectorales. De este número, solo 86 adolescentes fueron excarcelados, y se mantienen con procesos judiciales abiertos. Aún 69 adolescentes siguen detenidos.
Las manifestaciones se dieron de forma espontánea en varios estados del país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dejaban a Nicolás Maduro como ganador. Se cumplen casi cuatro meses de los comicios presidenciales y todavía no se publican los resultados de forma desagregada.
Sin derecho a la defensa
Romero mencionó que como organización les preocupa la violación «sistemática» del derecho a la defensa de los detenidos, a los cuales les «han impuesto» defensor público. Hizo un llamado de atención a las autoridades a respetar lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución sobre este derecho.
Destacó que la legislación establece que toda persona detenida puede asignar un abogado de confianza y excepcionalmente se les designa un defensor público, «pero aquí un defensor público es básicamente la regla»
Esta situación fue denunciada por familiares en instancias como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo desde hace tres meses. Romero Manifestó que equipo del Foro Penal ha acudido a centros de reclusión a llevar designaciones firmadas por familiares, pero aún así no han tenido acceso a ninguno de los casos.
«No sabemos la evidencia ni el sustento del por qué estas personas están privadas de libertad, porque nadie ha tenido acceso a los expedientes, a conversar con ellos (abogados con los detenidos)».
Solo familiares han podido ver a los detenidos y por cortos períodos de tiempo. Algunas madres de jóvenes recluidos en Tocorón y Yare III contaron a Crónica.Uno que las visitas son de 10 y 15 minutos, y su hijos le expresaron que los imputaron por el delito de terrorismo e incitación al odio.
El artículo 125 del Código Orgánico Procesal en el numeral 3 establece que todo imputado tiene derecho a «ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público».
Romero resaltó que la represión en Venezuela incrementó al igual que la cantidad de presos políticos, que considera «la más alta» del siglo XXI en el país y en «toda América».
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