Tras ser descubiertos por agentes de la Policía del municipio Vargas, los involucrados tuvieron que cumplir labores comunitarias en calles, avenidas y urbanismos populares, mientras que los propietarios o responsables de los equipos de sonido incautados debieron cancelar multas entre 2 y 8 millones de bolívares. También recibieron formación ciudadana.
