Ocho hombres, ente ellos funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ejército venezolano, fueron detenidos luego del bombardeo del 3 de enero. Sus familiares denunciaron torturas, mientras estuvieron en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de La Carlota.
