Ocho hombres, ente ellos funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ejército venezolano, fueron detenidos luego del bombardeo del 3 de enero. Sus familiares denunciaron torturas, mientras estuvieron en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de La Carlota.
Caracas. “Es duro ser mamá y también responsable de todo su proceso legal, de llevar papeles a todos lados, de comprar todo lo que le tengo que llevarle de comer y de la comida para mi casa. También tengo que estar pendiente de lo que necesitan los niños, ahora que van a comenzar las clases”.
Yeimi Guzmán tiene una camisa con la foto y el nombre de su esposo: Álvaro Roger Valladares Eslava, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Al funcionario lo detuvieron luego del bombardeo de Estados Unidos, el 3 de enero pasado, que derivó en la extracción del mandatario Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.
Desde entonces su esposa se encarga de todo. Tomó la batuta de la familia compuesta por sus dos hijos, de 18 y 11 años de edad.
“A nivel psicológico les ha afectado mucho, mi hijo mayor llora todos los días, le hace mucha falta su papá. Mi esposo nos hacía literalmente todo, ayudaba mucho a su hijo mayor porque tiene una patología. Las decisiones las tomábamos entre los dos y ahora soy yo sola”,
dijo, luego de una pausa, para evitar llorar al hablar de lo que vive en casa con sus dos hijos.
El hijo mayor de la pareja padece perthes de cadera, un trastorno infantil que interrumpe el flujo sanguíneo de la cabeza del fémur, lo que provoca la muerte del tejido óseo. Aunque lo operaron a los nueve años de edad, Yeimi considera que “pasaron mucho trabajo” con él, lo cual creó un vínculo especial entre padre e hijo.
Caso Azul Celeste
Tras el bombardeo de Estados Unidos en Caracas el inspector Valladares, fotógrafo forense adscrito a la subdelegación de San Agustín, acudió a La Carlota a hacer las experticias. 20 días después de los hechos, el 23 de enero, lo citaron a una supuesta reunión con el personal directivo, que no ocurrió, y lo detuvieron.
Asimismo aprehendieron el inspector Joharlinn Enrique Luzardos, perteneciente a fotografía forense, y los exfuncionarios Héctor José Martínez Yáñez, David Figueredo Sandoval y Jesús Leonardo Gómez Brito.
En la causa Azul Celeste también se encuentran privados de libertad José Gregorio Rivas Sifontes, comisario jubilado de la policía científica; Manuel Alejandro Iria Arteaga, teniente coronel Ejército, y Carlos Ulises Hernández Rojas, coronel (R) del Ejército.
A pesar de las versiones extraoficiales que indican que a los ocho hombres los detuvieron por, presuntamente, negarse a alterar las pruebas del bombardeo norteamericano, los familiares y los detenidos desconocen el motivo. Nadie les explicó.
“Ni siquiera ellos saben qué pasó, a ellos no le dieron explicación alguna, solo les dijeron los delitos imputados pero ellos se declararon inocentes. La defensora pública ha revisado el expediente y no hay delitos de culpabilidad, ellos están encerrados porque tienen un peso político que los mantiene allí”, contó Yeimi.
A los ocho los imputaron de traición a la patria y conspiración. Los parientes contaron que luego de la detención estuvieron desaparecidos alrededor de siete días, hasta que recibieron un mensaje que informaba que tendrían visita en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, penal que se encuentra bajo la vigilancia del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas) del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Sobre el Sesmas, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, hay diversas denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos en este penal. Desde golpizas y castigos a las personas privadas de libertad, hasta tapar los rostros de los familiares con una capucha, durante la entrada a la visita, la cual se efectúa sin contacto físico.
Luego de casi ocho meses de detención los parientes dijeron que siguen a la espera de la celebración de la audiencia preliminar. “Los defensores públicos hacen lo que pueden, ellos también tienen miedo”.
Torturas y tratos crueles
De acuerdo con las familias los detenidos fueron víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos, mientras permanecieron en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en La Carlota.
“Lo colgaron con cadenas, le pusieron electricidad, le dieron arroz con aceite y le tiraron la comida al piso para que la consumiera allí. Él dice que las mayores torturas ocurrieron allí en la Dgcim”,
contó Kiolis Luzardos, hermana de Joharlinn Enrique Luzardos, inspector jefe de Fotografía Forense de la policía científica.
El comisario jubilado del Cicpc, José Gregorio Rivas Sifontes, también fue víctima de torturas. Marly Morillo, detalló que su esposo pasó al menos una semana debajo de una batea.
“Él mide 1.90, imagínate cómo fue estar debajo de esa batea una semana. Además lo golpearon. Eso le afectó mucho, porque él formó a muchas de esas personas y nunca le dijeron por qué lo estaban deteniendo”.
Por otro lado, el inspector Álvaro Valladares detalló a sus familiares que lo colgaron “como una red” con tres cadenas, de aproximadamente 10 centímetros, durante 24 horas.
Traslados
El 3 de septiembre pasado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que hubo traslados de privados de libertad desde la cárcel de Rodeo I hacia diversos centros de reclusión como Fuerte Guaicaipuro, Yare II y Tocuyito.
La organización de familiares y activistas por los derechos humanos denunció que las autoridades no notificaron sobre esta decisión ni tampoco hicieron público un listado de los trasladados.
A José Gregorio Rivas, Álvaro Valladares, Joharlinn Enrique Luzardos y Héctor Martínez los llevaron al penal de Yare II. Ahora sus familiares deberán movilizarse más lejos para visitarlos y llevarles artículos de aseo personal, así como la comida que las autoridades les permitan ingresar al centro penitenciario.
“Quiero pedir que pare esta situación que estamos viviendo, todo esto es injusto, siempre tapan una cosa con los inocentes. Él es la cabeza de casa, a mi mamá le ha afectado demasiado su salud, nosotros hemos hecho milagros con el pasaje y para llevarle sus cosas, ha sido muy fuerte, ha sido un cambio de vida que nos dieron y esta gente no sabe el daño que le ha hecho a cada familia”,
contó Kiolis Luzardos, hermana del inspector Joharlinn Luzardos.
El Gobierno venezolano anunció la excarcelación de 131 personas el 14 de agosto pasado, sin embargo, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que la cantidad de personas que recibieron medidas sustitutivas de libertad no llega a 90.
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