Comerciantes de Cumaná denuncian el incremento “silencioso” de las tarifas de electricidad que superan 1000 y hasta 1500 %. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná insta a otros gremios a unificar voces en reclamo al exagerado cobro de las tarifas que, lejos de impulsar la producción, ha provocado el cierre de aproximadamente 35 % de los establecimientos afiliados.
Cumaná. “Sobrevivir en medio de las restricciones propias de la pandemia por la COVID-19 ya es un sacrificio”, dice un pequeño comerciante que hace “malabares” para mantener su negocio abierto.
El comerciante, propietario de una carnicería, advierte que no es mucho lo que se puede hacer porque, ante un reclamo, las autoridades arremeten contra el denunciante en lugar de atender los problemas.
Uno continúa haciendo el esfuerzo, pero no está fácil mantener este ritmo y más cuando llega la factura por consumo eléctrico por costos que superan en 1000 % lo que uno venía cancelando”, sostiene.
El pequeño empresario afirma que de los 15 y hasta 18 millones de bolívares que cancelaba por consumo eléctrico mensual, ahora recibe facturas por un monto superior a los 300 millones de bolívares. “Esto sin duda nos pone contra la pared”.
Se encienden las alarmas
Los excesivos aumentos en las tarifas eléctricas ponen en jaque a comerciantes de Cumaná y encienden las alarmas en el sector ante la baja productividad y el cierre inminente de empresas que dejan en la calle a unos 300 empleados, aproximadamente.
En ese sentido, el gremio de comerciantes de la capital sucrense denunció el incremento “silencioso” de las tarifas eléctricas, con recibos que tienen aumentos entre 1000 y 1500 % .
Para Miguel Pazos, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, de las más de 170 empresas afiliadas, alrededor de 60 ya han bajado sus santamarías, “lo que representa casi un 35 % de comercios que hoy están inactivos, cierre que está incidiendo notablemente en el desarrollo empresarial de la ciudad”.
Pazos manifestó que los excesivos aumentos de las tarifas del servicio eléctrico son un “abuso” para los comerciantes, puesto que las tarifas se elevaron de manera inconsulta y sin considerar los planteamientos del gremio empresarial con relación al déficit del servicio, tras el colapso eléctrico y los apagones constantes que en ocasiones superan las 24 horas.
A ello se le suma que “todavía existen sectores prioritarios que no han podido generar ingresos en estos meses de pandemia debido a las restricciones o por falta de gasolina y transporte”. No existe liquidez, insistió el representante gremial, así que no es el mejor momento para hacer incrementos en el servicio.
Asimismo, Pazos sostuvo que: “No está claro qué tabulador aplicó el prestador del servicio. Nadie sabe cuál es el precio de un kilovatio y las tarifas son exorbitantes”.
El dirigente dijo que en la ciudad hay comercios que recibieron facturas aún estando cerrados con un consumo eléctrico mínimo.
“Hay empresarios que solo mantienen el encendido de luminarias por la permanencia de vigilantes de seguridad en sus galpones y locales”, agregó.
De igual forma, reconoce que los costos de generación y transmisión eléctrica son superiores y, en consecuencia, las tarifas anteriores son bajas, pero alerta que para un ajuste de las tarifas es necesario mejorar y garantizar un servicio de calidad para los usuarios.
Dadas las condiciones y restricciones propias de la pandemia y el evidente colapso del servicio eléctrico “no se justifica un aumento tan desproporcionado en las tarifas, mucho menos luego de un confinamiento social que se ha traducido en pérdidas en diversos sectores”.
Ante este panorama que asfixia al sector empresarial, la Cámara de Comercio de Cumaná llama a otros gremios a unificar voces en reclamo al exagerado cobro de las tarifas.
Pazos también advierte que Corpoelec, como ente prestador de servicio, ya no promueve los incentivos para el sector empresarial como eran algunos descuentos, cambios de luminarias de bajo costo y consumo, entre otros.
El representante de la Cámara destacó el desinterés de las autoridades locales ante el cierre de más de 35 % de las empresas afiliadas y lo que ello representa: “Ni el alcalde ni el gobernador han puesto interés ante clausura y liquidación de empresas que representan un ingreso sustancial en impuestos para la autogestión del gobierno local”.
La ley queda en el papel
Para algunos comerciantes afectados ante el alza “descabellada de las tarifas eléctricas”, la ley queda en el papel, porque aún haciendo el respectivo reclamo no reciben respuestas.
En ese caso, según lo que estima la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, es derecho del usuario “recibir respuesta oportuna y adecuada de sus reclamos; además de obtener por parte del operador y prestador del servicio, la compensación adecuada por fallas en la calidad del servicio eléctrico y el resarcimiento de los daños causados por fallas en el suministro de energía eléctrica en primera instancia del operador y prestador del servicio y en segunda instancia del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica”.
Asimismo, el reglamento establece que: “Los usuarios tienen derecho a recibir por parte del operador y prestador del servicio, el reembolso de lo cobrado en exceso, si la tarifa aplicada fue indebidamente cambiada o por errores de medición, lectura o facturación, de acuerdo con las normas que regulen las relaciones entre el operador y prestador del servicio y los usuarios”.
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