Todos Unidos irá a la recolección de firmas para el revocatorio pero aún no ha acreditado ni un testigo

Faltando menos de dos días de la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio presidencial, se desconocen garantías de resguardo de identidad de los electores, dijo el rector Roberto Picón en una entrevista. El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) introdujo ante el CNE un recurso de revisión del cronograma pero ratificó que no desistirá del proceso. El Observatorio Electoral Venezolano dijo que las normas y lapsos impuestos por el Poder Electoral para esta fase del proceso son “un muro imposible de saltar”.

Caracas. A menos de 48 horas para que se inicie la jornada de recolección de firmas para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral no ha realizado una auditoría que demuestre las garantías de resguardo de la identidad de las personas que decidan participar.

Pero ni esa, ni la otra media docena de objeciones que ha presentado el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (falta de publicación en la Gaceta Electoral, diseño de maqueta de los centros sin participación de los convocantes, pocos centros habilitados, solo 12 horas para la recolección, falta de acceso al software, falta de publicidad del proceso, entre otras) detendrá a Todos Unidos por el Revocatorio, una de las tres organizaciones adherentes, para seguir adelante y participar en la actividad de este miércoles 26 de enero.

“Nosotros seguimos adelante. Nos vamos a adherir al cronograma (sic). Vamos a participar en la recolección del miércoles. Haremos todo lo que esté en nuestras manos porque es el futuro del país”, dijo vía telefónica Julio Scivoletto, asistido en todo momento por Gonzalo Contreras, ambos representantes de Todos Unidos por el Revocatorio.

todos unidos por el revocatorio
FJulio Scivoletto, coordinador de Todos Unidos dijo  que ese movimiento aún no ha acreditado testigos para el miércoles.

En la declaración a Crónica.Uno, Scivoletto y Contreras admitieron que aún no han acreditado testigos para el proceso, pese a que la planilla de inscripción se hizo pública el sábado. Ellos dijeron que no sabían que el formato estaba dispobible, pero que este mismo lunes se reunirían con la directiva del CNE “para afinar todos esos detalles”.

Vacíos procedimentales

La información sobre la inexistencia de una auditoría que permita saber hasta que punto el sistema electrónico y el proceso de recepción de manifestaciones de voluntad resguardará la identidad de los participantes la hizo pública este mismo lunes el rector Roberto Picón, integrante de la Junta Nacional Electoral.

“El CNE tiene la obligación de proteger la identidad de todos. Independientemente de la plataforma que se use, hay que resguardar las bases de datos y del proceso. En este momento, el proceso no tiene una auditoría para determinar cómo se garantiza el secreto de la identidad de quienes se adhieran pero sigue siendo una responsabilidad del CNE proteger a todos los ciudadanos. (Evitar) que el ejercicio de su derecho no se convierta en una herramienta de presión o discriminación”, dijo Picón en una entrevista concedida al Circuito Éxitos.

A la ausencia de garantías sobre el resguardo de la identidad de los participantes se suman vacíos procedimentales que aún hoy al momento de publicación de esta nota rondan el proceso. Por ejemplo, ante una pregunta de los activistas de Mover esta mañana en su reunión con la rectora Tania D’Amelio, presidenta de la Junta Nacional Electoral, esta habría admitido que todavía no se sabe cómo será el paso a paso del día de la recolección de firmas.

“Ellos (el CNE) no han hecho una sola prueba técnica, según nos informa el rector Picón, sobre el funcionamiento de las máquinas; no tenemos acceso al software; ni siquiera Tania D’Amelio nos pudo explicar cual es el procedimiento de recepción de la gente: no saben si son cuatro huellas, no saben si es una firma, no saben si hay que registrar los datos de la cédula de identidad. Ellos mismos no saben hoy, a esta hora, cómo se recibirá a la gente para recibir la solicitud de activación”, denunció Nicmer Evans a las puertas del CNE esta mañana.

Y es que luego de expresar su rechazo el sábado en la mañana al cronograma publicado el viernes por la noche por el CNE, este lunes los integrantes del comité nacional de Mover acudieron al CNE a consignar en físico un recurso de reinterpretación para que el Poder Electoral modifique los plazos y procedimientos y haga viable el ejercicio del derecho constitucional a revocar y haga viable la recolección de firmas.

“Tania D’Amelio nos informó de la recepción formal del documento en nombre de Pedro Calzadilla, y a título personal dijo que desde el punto de vista político esta acción era inviable. Nosotros como Mover le exigimos que fuese convocada hoy, de manera urgente, un directorio del CNE para que nos den respuesta formal urgente a nuestro requerimiento”, agregó Evans. Solo con una respuesta formal del CNE, Mover podría recurrir a la vía judicial.

Mover no desiste
movimiento venezolano por el revocatorio
Nicmer Evans ratificó que no desisten de su solicitud de revocatorio pero no participarán en la jornada del 26 de enero. Foto cortesía Guillermo Molina, Mover

Sobre el procedimiento de recolección de firmas, que tendrá lugar en 1200 centros seleccionados por el CNE sin consultar a las organizaciones promotoras, Evans denunció que “la mayoría están concentrados en bases de misiones, centros de UBCh y centros de colectivos, lo que hace inviable desde el punto de vista de seguridad, poder expresar nuestro sentimiento de querer revocar”.

El dirigente reiteró que Mover no inscribirá testigos para el proceso y no llamará a la ciudadanía a participar, pero ratificó que tendrán dos observadores por centro para registrar todas las incidencias al tiempo que llamarán a realizar protestas pacíficas ese día, porque no declinarán su solicitud. Por otro lado, Evans dijo que a estas alturas no han logrado comunicarse con ninguna de las otras organizaciones promotoras.

De acuerdo con el reglamento que rige este proceso, la única forma de desistir de la solicitud en esta fase preparatoria sería que todas las organizaciones promotoras declinen. Según el CNE las organizaciones promotoras son Mover (principal), y Todos Unidos, Derecha Democrática y Min Unidad como adherentes al proceso.

Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular

(aprobadas el 6 de septiembre de 2007)

Artículo 24:

Las organizaciones con fines políticos podrán desistir del procedimiento mediante una comunicación suscrita por sus autoridades y deberá venir acompañada de un acta de decisión interna. En el caso de las agrupaciones ciudadanas, el escrito deberá estar suscrito por sus cinco promotores. En cualquier caso, el desistimiento podrá realizarse hasta 45 días antes del inicio de la jornada de recepción de manifestaciones de voluntad. No se extinguirá el procedimiento para la solicitud de referendo revocatorio cuando sea promovido por dos o mas organizaciones con fines políticos o agrupaciones de ciudadanos y no desistan todas ellas.

El OEV alza su voz

El Observatorio Electoral Venezolano emitió un comunicado en el que califica como un “muro imposible de saltar” las condiciones y lapsos impuestos por el CNE el pasado 21 de enero para la recolección firmas, lo que constituye una nueva violación a un derecho constitucional de los venezolanos.

“El cronograma aprobado en el directorio, con dos votos salvados entre los cinco rectores principales, dificulta radicalmente la posibilidad de tan siquiera empezar a ejercer el derecho constitucional a revocar”, dice el texto.

Entre sus objeciones resaltan:

  • Que la fecha fijada para ese proceso, el 26 de enero, no le da margen a los promotores ni para notificar a sus electores ni para acreditar a sus testigos.
  • Que la publicación de la lista de centros se hizo apenas cuatro días antes del proceso de recolección.
  • Que la duración de la jornada de apenas 12 horas obligaría a recibir y procesar a 5 electores por minuto durante todo el día para acercarse a la meta de 4,2 millones de firmas.
  • Que el número de centros de recepción es insuficiente respecto al número de electores inscritos en el país y las graves dificultades de movilización que hay por la escasez de gasolina y la pandemia entre otros factores.
  • Que se reiteró la jurisprudencia aplicada en 2016 de solicitar 20 % del registro electoral de cada estado en vez de 20 % del registro electoral nacional.
  • Que no se estableció ningún parámetro de bioseguridad y por el contrario se expone a los participantes a contagios en medio de un aumento notable de casos.
  • Que no se contemplan auditorías del Registro Electoral, de software de máquinas, de software de recepción, de producción de equipos y de resultados.
PSUV solicitará lista de firmantes al CNE

En la rueda de prensa semanal de los lunes, el vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela, Diosdado Cabello, adelantó que esa organización se reserva el derecho de solicitar al CNE el listado de personas que firmen para activar un revocatorio contra Nicolás Maduro, porque a su juicio, es un derecho que les asiste el saber quiénes desean revocar el mandato de un dirigente.

No obstante, el abogado y promotor del revocatorio, César Pérez Vivas, ha enfatizado en las últimas semanas que la firma para revocar es equiparable al voto para elegir y en tal sentido el CNE debería ofrecer las mismas condiciones de seguridad, accesibilidad y libertad para revocar que para elegir. Por analogía de ese criterio se entiende que el secreto del voto es aplicable a la firma para revocar. Ese principio, el secreto del voto sirve para evitar la presión, estigmatización, amedrentamiento y/o la persecusión política.

En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia en esta materia en su decisión sobre la denuncia de la experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, quien para el año 2004 era integrante del Consejo Nacional de Fronteras, un ente del Estado del que fue despedida junto a otras dos personas, por haber firmado en la solicitud de revocatorio contra el hoy fallecido Hugo Chávez.

La decisión de la CIDH puede leerse completa aquí, pero el texto señala que “la Comisión consideró que la terminación de sus contratos constituyó un acto de desviación de poder” con el objeto de sancionar a San Miguel y a las otras tres funcionarias “por la expresión de su opinión política mediante la firma de dicha solicitud”. “La Comisión consideró que tal acto representó una sanción implícita violatoria de sus derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión”.


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