Integrantes de la Fuerza Unitaria de Trabajadores de Guayana rechazaron la propuesta de una Ley de consenso laboral, sobre la que advirtieron que es una réplica del Memorándum 2792.
Ciudad Guayana. La Fuerza Unitaria de Trabajadores de Guayana rechazó la propuesta de una nueva ley de consenso laboral y social, planteada en el diálogo tripartito entre el Gobierno nacional, Fedecámaras y centrales sindicales. Consideran que esta nueva normativa podría utilizarse para desmejorar aún más sus beneficios contractuales.
Advirtieron que se preparan nuevas acciones de protesta en la ciudad, entre ellas el denominado “Guayanazo”. Para ello, convocaron a los sectores transporte y comercio a sumarse a las manifestaciones.
Ramón Gómez, dirigente sindical de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), sostuvo que no se debe desviar la atención de las demandas centrales de los trabajadores. Reiteró que estas se enfocan en salarios dignos, respeto a las convenciones colectivas y elecciones libres y transparentes en Venezuela.
“La única ley está en la Constitución y eso es lo que hay que respetar, está la ley del trabajo y las convenciones colectivas, eso es lo que hay que respetar”.
A su vez, cuestionó la participación de sectores empresariales y centrales de trabajadores en una iniciativa que busca cambiar la narrativa de las reivindicaciones laborales. Aseveró que el deterioro del sistema laboral no es responsabilidad de los trabajadores, sino de “un régimen que acabó con el aparato productivo nacional”.
En ese sentido, advirtió que no aceptarán condiciones laborales que representen “mano de obra de esclavos con sueldos miserables”.
Cuestionan legitimidad
Por su parte, el dirigente de CVG Alcasa, Diego Castro, cuestionó la actuación de Fedecámaras y de su expresidente, Jorge Roig, a quien señaló de haberse convertido en un enemigo de los trabajadores.
Recordó que las modificaciones al cálculo de las prestaciones sociales durante el gobierno de Rafael Caldera generaron consecuencias negativas para la clase trabajadora.
Por ello, recordó que la Constitución venezolana establece garantías que no pueden desconocerse mediante nuevas disposiciones legales.
“No pueden eliminar un beneficio que está en la Constitución de la República y la Ley del Trabajo. No hay forma de que puedan desmejorar estos beneficios”.
Cuatro años sin aumento salarial
Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, denunció que los trabajadores venezolanos acumulan cuatro años sin un aumento del salario mínimo. Cuestionó que ahora se plantee una ley de consenso laboral que podría afectar las prestaciones sociales.
“No tenemos Asamblea Nacional, no tenemos presidente y todo lo que hacen en este momento es forajido”.
La Fuerza Unitaria de Trabajadores de Guayana reiteró que mantendrá sus exigencias por mejores salariales y el respeto a los derechos laborales, mientras prepara nuevas acciones de calle.
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