La Gobernación de Carabobo cancela entre 1,2 millones y 3 millones de bolívares mensuales según la escala a sus trabajadores. Cuando Rafael Lacava llegó al capitolio carabobeño la nómina era de 2350 trabajadores, 35 % de ellos, según dirigentes sindicales, han abandonado sus puestos de trabajo por la precariedad de los salarios.
Valencia. Trabajadores de la Gobernación de Carabobo se declararon en emergencia tras asegurar que el salario que devengan mensualmente no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y transporte.
El monto que se refleja en sus cuentas nóminas, a la hora de cobrar sus remuneraciones, va desde 1,2 millones a 3 millones de bolívares, según el escalafón.
Judermi García, secretaria general del sindicato de empleados públicos de la Gobernación de Carabobo, aseguró que cuando comenzó la administración del gobernador Rafael Lacava en 2017, esta contaba con 2350 trabajadores, al día de hoy, afirma, a 35 % de ese personal no le importó perder su carrera administrativa y derechos contractuales adquiridos por años de servicio y decidió abandonar sus puestos de trabajo debido a los bajos salarios.
Aseguró, además, que los que aún se mantienen activos han tenido que buscar otras fuentes de ingreso y dedicarse al comercio informal. Algunos están trabajando como vigilantes o en la construcción para poder mantener a sus familias.
Refiere García que los empleados de la Gobernación de Carabobo se sienten burlados, pues hace ocho meses cuando acudieron a una mesa de diálogo con el Ejecutivo regional, expusieron la problemática, y dejaron a un lado la exigencia de sus beneficios contractuales a cambio de devengar salarios que garantizaran el derecho a la alimentación y a la salud. Hasta ahora no han recibido respuestas.
Pagos selectivos
García denunció que la Gobernación de Carabobo discrimina a los trabajadores y lleva adelante una práctica perversa, pues un grupo reducido recibe bonificaciones en dólares, que tampoco ayudan a paliar las necesidades alimentarias.
Recalcó que algunas dependencias exigen a los empleados acudir a sus puestos de trabajo durante las semanas de flexibilización sin garantizar el transporte y mucho menos las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de la COVID-19. “El gobernador no nos ha dado ni siquiera un tapabocas”.
La dirigente aseguró que la venta de bolsas de comida las hacen a un precio de 1,5 millones de bolívares, cantidad que no pueden cancelar porque es superior al salario mensual que devengan. Subrayó que los jubilados son los más afectados, pues su pensión apenas alcanza 1,2 millones de bolívares mensuales.
García manifestó que el pasado 10 de febrero introdujeron una denuncia ante la Inspectoría del Trabajo en Valencia que describe todas las irregularidades que padecen, pero hasta el momento no han recibido respuesta.
También indicó que el Ejecutivo regional los está convocando a una nueva mesa de diálogo que consideran será estéril porque aún no han honrado las peticiones que hicieron hace ocho meses que se centraban en que garantizaran el derecho a la alimentación y la salud.
Para el profesor de postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela Gustavo Manzo, a los trabajadores de la Gobernación de Carabobo se les están conculcando sus derechos, pues la Constitución es clara al señalar en el artículo 91 que los trabajadores deben recibir un salario que cubra sus necesidades.
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento”, reza el artículo.
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