Ya casi culmina la primera semana de enero de 2023 y alrededor 130 trabajadores, varios provenientes de Carabobo, Lara y Zulia, siguen esperando el pago correspondiente a la culminación de una etapa del urbanismo Antonio Ricaurte, en el municipio Iragorry del estado Aragua, destinado en gran parte para los damnificados de Las Tejerías.
Maracay. Aunque vive en Maracaibo, Andrés García nació en la Goajira venezolana. Desde el Zulia llegó a principios de octubre de 2022, invitado por un amigo que le habló de unos trabajos de construcción que se iniciarían en Aragua y por los que recibiría una buena paga.
Desde entonces se instaló en el urbanismo Antonio Ricaurte, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry de Aragua, para acelerar la construcción y culminación de varios apartamentos que serían adjudicados a los damnificados de la tragedia de Las Tejerías.
Junto a García, otros cientos de trabajadores de la construcción se abocaron sin descanso, día y noche, a culminar la obra que fue entregada el 29 de diciembre pasado, en una transmisión televisiva de Nicolás Maduro en la que anunciaba la entrega de la vivienda número 4.400.000.
Pero desde antes de Navidad, 130 trabajadores, entre hombres y mujeres, asignados a la contratista Gentel C. A., siguen sin recibir los pagos correspondientes. Se trata de albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros, aseadores, entre otros.
Aquí seguimos esperando el pago, pues el contratista dice que no tiene plata”, refiere Andrés García, quien desde que llegó del Zulia ha pernoctado en el urbanismo y en la actualidad, apenas se alimenta con lo que algunos de los nuevos habitantes le suministran como ayuda.
Al menos –dice resignado– que me den para la comida, los pasajes y regresarme.
Un día después de la entrega oficial de los apartamentos, los afectados pudieron hacer pública la denuncia, pues les fue negado el acceso al urbanismo durante el acto gubernamental. Ya para entonces, el contratista les adeuda un mes de trabajo.
Las deudas varían según el oficio. Hay albañiles a quienes les deben hasta 1500 dólares. Andrés García, por ejemplo, solo recibió un primer pago de 300 dólares al inicio de la obra, pero la deuda que mantiene el contratista con él, supera los 700 dólares.
Los trabajadores afectados estiman que la deuda pendiente de la contratista, podría superar los 100.000 dólares, considerando que hay ingenieros a quienes tampoco les han cancelado sus trabajos de inspección.
Yo no veo justo que nos pongan a trabajar día y noche, y ahora viene con su cara fresca a decir que no nos va a pagar. Su deber es pagarles a sus obreros. Ese señor es un estafador”, increpó José Barreto, uno de los afectados.
Denuncian acoso
Los trabajadores, que aún insisten en reclamar sus pagos, aseguran son amedrentados por organismos policiales apostados en el urbanismo. Denuncian que han sido acosados, al punto que varios de los afectados desistieron de su reclamo y se regresaron a sus regiones de origen con los bolsillos vacíos.
Otros se mantienen firmes e inclusive pernoctan en las inmediaciones del urbanismo, en el que, por cierto, este 4 de enero, un piquete policial los amedrentó nuevamente, mientras se realizaba la instalación del primer órgano superior nacional de vivienda y hábitat del año 2023, con la presencia de Ildemaro Villarroel, ministro de Hábitat y Vivienda, Karina Carpio, gobernadora del estado Aragua y Brullerby Suárez, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry.
Adjudicados damnificados de Las Tejerías
La construcción del urbanismo Antonio Ricaurte estuvo a cargo de la empresa china Citic y forma parte del convenio China-Venezuela, suscrito por el fallecido presidente Hugo Chávez y ratificado por Nicolás Maduro.
Las obras iniciaron en 2014, en un área de más de 12 hectáreas, en las que se levantarían 76 edificios con 1520 apartamentos, además de tres centros de educación inicial, una escuela básica y un ambulatorio.
Estiman culminar la obra en un promedio de dos años para entregar los 1520 apartamentos con las respectivas áreas comunes, incluyendo instalaciones para la salud y la educación”, reseñaba entonces el portal de la Fundación Vivienda Popular.
En diciembre de 2015, solo se habían culminado 34 torres, y en esa fecha, Nicolás Maduro entregaba la vivienda 1 millón. Desde entonces, la segunda etapa quedó en obra gris, hasta que, en abril de 2021, el entonces gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunciaba la culminación de seis torres, cinco con 40 apartamentos y una torre con 20 apartamentos, para un total de 220 residencias.
Luego del deslave de Las Tejerías, el gobierno de Nicolás Maduro y la gobernación de Aragua, anunciaron la reactivación de la construcción para atender a los damnificados del municipio Santos Michelena, aunque se desconoce la cifra exacta de adjudicados y beneficiados.
“Estas viviendas han sido construidas para atender a las familias que perdieron sus hogares en el desastre natural de Las Tejerías”, señaló Maduro durante la jornada del jueves 29 de diciembre, en la que mencionó la participación de más de 1200 trabajadores para la culminación de 440 apartamentos.
30.000 viviendas para Aragua
Durante el encuentro del órgano superior de vivienda y hábitat, el ministro Villarroel anunció la asignación de 39.685 hogares para el estado Aragua en 2023, además de las 174 que se construirán en la capital de Santos Michelena, luego de la tragedia ocurrida el pasado 8 de octubre.
El ministro aseguró que los trabajos de mejoras en los apartamentos del urbanismo “Antonio Ricaurte”, van a continuar.
“Seguiremos trabajando en las mejoras de los apartamentos, debido a que fueron construidos en la mitad del tiempo establecido por la emergencia. Vamos a estar todos estos días para resolver siempre estos detalles propios. Seguiremos hasta que se dé la entrega a satisfacción del beneficiario del último apartamento, el apartamento 440, aquí vamos a estar”, comentó el titular de Vivienda y Hábitat, de acuerdo a un boletín oficial.
Mientras tanto, cientos de trabajadores ni siquiera recibieron el pago para el Año Nuevo y una semana después de la adjudicación, las deudas siguen intactas, pese a que los afectados aseguran que las autoridades ministeriales están al tanto de lo que ocurre, tal y como lo denunció Carlos Piña, uno de los trabajadores afectados.
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