Martha Tineo, abogada y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que la opacidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios aumenta la angustia de los familiares sobre el estado de las instalaciones.
Caracas. Transcurrió más de un mes de los dos terremotos del 24 de junio y el Ministerio de Servicios Penitenciarios aún no publica informes oficiales sobre las inspecciones técnicas en las cárceles.
La abogada Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, alertó que esta falta de información oficial aumenta la angustia de las familias sobre el estado de las instalaciones y la seguridad de los reclusos.
Frente al silencio institucional, Tineo insistió en la urgencia de permitir el acceso a expertos independientes, así como a representantes de la Cruz Roja Internacional y de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Aunque no es posible confirmar daños en la estructura principal sin una evaluación experta, los reclusos reportaron afectaciones físicas a sus familias durante las visitas. En El Rodeo, los detenidos duermen sobre láminas de cemento empotradas que hacen función de literas. De acuerdo con los testimonios, algunas de estas láminas y varias paredes se resquebrajaron por el impacto de las réplicas”.
El temor a nuevos derrumbes a causa de las réplicas llevó a los detenidos en El Rodeo I a realizar una protesta para exigir garantías de seguridad tras ser devueltos a sus celdas. La respuesta oficial consistió en la entrada de cuerpos de seguridad del Estado, quienes arremetieron contra los reclusos el 5 de julio pasado.
Lentitud en las evacuaciones
Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, relató que el día de los terremotos, los reclusos en El Rodeo I pasaron 50 minutos encerrados, sin ser evacuados, hasta que comenzaron a gritar por auxilio.
Los familiares que tienen seis meses en un campamento afuera del penal escucharon los gritos e increparon a los guardias en el portón. Fue entonces cuando, bajo presión, el personal evacuó a los detenidos hacia la cancha por corto tiempo.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos confirman que la evacuación en centros de reclusión como Ramo Verde y El Rodeo I no ocurrió de forma inmediata.
A causa de los terremotos la cárcel de Ramo Verde y El Rodeo I fueron las que sufrieron más daños. Baduel contó que en Ramo Verde el piso cinco sufrió daños estructurales. Aunque los reclusos de los niveles inferiores sintieron temor de permanecer en sus celdas, los custodios los obligaron a retornar bajo amenaza de traslado a otros penales.
“Las llamadas telefónicas que realizan los reclusos, y que son grabadas y monitoreadas, confirman que la infraestructura de El Rodeo I sufrió daños considerables y presenta filtraciones de agua cuando llueve. Pese a las denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio correspondientes, el Estado no ha ofrecido respuestas”.
aseguró Baduel
El lunes 13 de julio, el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, convocó a una reunión con 10 familias de El Rodeo I. Durante el encuentro, el funcionario descalificó las denuncias y trató de chantajear a los presentes bajo la premisa de que hacer pública la situación empeoraba el escenario.
“El ministro aceptó que él mismo ordenó la intervención del 5 de julio, pero no ofreció acuerdos para garantizar los derechos humanos de nuestros familiares”, dijo Baduel.
Pese a los hechos violentos, las visitas de familiares no han sido suspendidas en los penales. Sin embargo, persisten las irregularidades cotidianas como la falta de atención médica, la escasez de agua potable y las deficiencias en la alimentación.
Tras los sismos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que en la sede policial de Caraballeda, en La Guaira, 25 mujeres permanecen sin recibir alimentos ni insumos básicos debido a las restricciones impuestas a sus familias tras la evacuación.
Baduel contó que su hermano Josnars, hijo del exministro de la Defensa Raúl Baduel quien murió bajo custodia del Estado, necesita cuatro operaciones por secuelas de torturas y padece una afección pulmonar crónica. En la última arremetida del 5 de julio, cuando lo asfixiaron con gases dentro del penal, contrajo una infección pulmonar y duró 48 horas sin atención médica.
De acuerdo con las denuncias del OVP y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), alrededor de 40 privados de libertad por razones políticas se encuentran en estado crítico debido al agravamiento de sus enfermedades crónicas tras el reciente doblete sísmico.
El OVP también contabilizó la muerte de dos internos bajo custodia en el centro penitenciario Fénix Lara y, este lunes 27 de julio, la muerte de un recluso en el Centro Agroproductivo de Barcelona. Todos por complicaciones de salud.
Por otro lado, Clippve indica que al menos 500 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. A pesar de las amenazas, los familiares mantienen sus reclamos en organismos nacionales e internacionales.
