El Parlamento se solidarizó y ratificó en sus cargos a los legisladores Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma, destituidos de forma inconstitucional por orden del PSUV-Zulia. Por decreto presidencial y autorización de los diputados, Juan Guaidó creó el Centro de Comunicación Nacional. La plenaria aprobó un acuerdo que insta a los cuerpos de seguridad al desarme de la población.
Caracas. El pasado 13 de marzo, tres legisladores zulianos electos por la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) apenas tres meses antes —en diciembre de 2018— tomaron la palabra en la sesión del Consejo Legislativo de esa entidad para denunciar la incapacidad manifiesta del entonces ministro de Energía, Luis Motta Domínguez, para resolver la crisis eléctrica nacional, que en el Zulia ha tenido dimensiones dantescas.
Habían transcurrido 6 días del primer megapagón nacional del mes de marzo y los legisladores Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma decidieron alzar su voz para solicitar la destitución de Motta. La solicitud no solo fue rechazada por la mayoría de los parlamentarios, también del PSUV, sino que además la cámara expresó su pleno respaldo a Nicolás Maduro.
Cinco días más tarde, el 18 de marzo, la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (Clez), Ángela Fernández, anunció la expulsión de los tres legisladores de la fracción del PSUV. Aunque en aquel momento ella aseguró que los diputados regionales podrían seguir ejerciendo sus funciones pero no en representación del PSUV, la verdad es que desde entonces no les dejan ni siquiera entrar a la sede de la Cámara.
Este martes, desde el podio de oradores de la Asamblea Nacional (AN) donde se incorporó un debate sobre el irregular proceder del Clez en este caso, Labrador relató parte de los hechos: “Nosotros solicitamos que se interpelara y destituyera al entonces ministro Motta Domínguez. A partir de ese momento el pueblo pudo observar la persecución que se inició en nuestra contra. El ciudadano gobernador Omar Prieto, el señor Maduro y el teniente Pedro Carreño deciden no dejarnos hacer el ejercicio parlamentario que el pueblo nos dio. Se nos prohíbe el acceso y asistir a las sesiones para cumplir nuestras funciones como parlamentarios”.
Agregó que lo ocurrido a su persona y a sus compañeros “es un ejemplo del autoritarismo y vulneración del Estado de Derecho que hay en Venezuela”.
En respuesta, la plenaria aprobó un acuerdo que ratifica la condición de legisladores de Labrador, Fernández y Vielma amparados en los artículos 162, 199, 200 y 201 constitucionales. Asimismo, se instruyó a la comisión de Política Interior a investigar el caso para determinar a los responsables de la vulneración del derecho a la representación de los electores zulianos.
La Asamblea Nacional aprovechó el suceso para “motivar a todos los funcionarios públicos electos y designados a que sigan el ejemplo de los legisladores zulianos y se levanten contra una dictadura que ha generado la tragedia de incalculables dimensiones que vive el pueblo venezolano”.
El caso será remitido a la OEA, la ONU, la UE y la CPI para que “se establezcan responsabilidades por la violación de los derechos políticos al sufragio activo y pasivo” del pueblo del Zulia y de los referidos legisladores.
Decreto número 5
La plenaria también autorizó a Juan Guaidó para la creación del Centro de Comunicación Nacional (CCN), ente conformado mediante el Decreto Número 5 de la Presidencia Encargada, aunque su contenido no había sido divulgado para el momento del debate en la plenaria ni para el momento de redacción de esta nota.
Pese a ello, el texto del acuerdo aprobado en plenaria señala que el CCN será un “órgano oficial del Ejecutivo nacional encargado de confirmar la información necesaria sobre el acontecer de la transición, el gobierno legítimo y las fuerzas democráticas que lo respaldan”.
El objetivo del CCN será “garantizar a los ciudadanos y a la comunidad internacional el acceso a la información veraz, libre y oportuna, así como combatir la censura, hegemonía y manipulación comunicacional del régimen dictatorial”.
Y el mismo estará dirigido por el periodista de amplia trayectoria y político Alberto Federico Ravell, actualmente exiliado en Colombia, exdirector de Globovisión y fundador del portal digital de noticias La Patilla.
Ninguno de los diputados que intervino en este punto ofreció detalles sobre la estructura, financiamiento y competencias de este nuevo organismo, como tampoco sobre los criterios que privaron para la selección de Ravell en este cargo. La misma falta de información sobre los criterios para designar este importante cargo ha caracterizado la mayoría de las designaciones de los representantes diplomáticos en el exterior, como a los integrantes de las juntas directivas ad hoc de Pdvsa, Citgo y Monómeros Colombo-Venezolanos.
Este martes también se aprobó un Acuerdo sobre la Acción Nacional para el Desarme de la población civil, el cual insta “a la Fuerza Armada Nacional e instituciones del Estado a promover la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones ilegales, sin detrimento de los procedimientos para lograr el desarme forzoso de grupos armados”. Además, compromete al Parlamento a iniciar la revisión de la legislación vigente.
Y a propósito del Día Mundial de la Tierra, los diputados dieron un debate de cierre sobre el Ecocidio perpetrado por la administración Maduro en el estado Bolívar.
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