La Sala Constitucional admitió a trámite una demanda que en abril pasado recibió de cinco mujeres que nacieron hombres y que aspiran ser reconocidas como tal. Este es el segundo caso de esta naturaleza que tiene la instancia tras el de la diputada Tamara Adrián.
Caracas. El tema de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI) vuelve a estar en la agenda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que revisará la petición que cinco personas transgénero le hicieron a fin de que ordenara que sus documentos sean modificados para ajustarlos con su actual identidad sexual.
La Sala Constitucional, en su sentencia número 399, admitió a trámite la demanda por intereses colectivos y difusos que el pasado 6 de abril le presentaron Dominic Gabriel Ordúz, José Reniera Aponte, Carlos Eduardo Gutiérrez, Rigoberto Quintero Verdú y Richard Briceño Colmenárez para conseguir que “se les reconozca y se les dé el trato con el género y nombre prolegal con el cual son pública y notoriamente conocidos”; y por lo tanto en su partida de nacimiento, su cédula de identidad, pasaporte y cualquier otro documento aparezcan como Gabriela Desiré Ordúz, Madeleine Aponte, Lisset Gutiérrez, Rummie Quintero y Richelle Briceño Colmenárez.
En el dictamen redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, la instancia solicitó a los demandantes que durante los próximos 15 días de despacho la presenten: documentación que pruebe su estado civil, copia certificada de las actas de nacimiento que fueron agregadas en copia simple y un informe médico psiquiátrico y psicológico suscrito por un especialista en la materia, que demuestre la veracidad de su condición, emanado de cualquier organismo competente público o privado, pudiendo acudir a tales fines, entre otros, a la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), al Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela o al Servicio de Psiquiatría del Hospital Domingo Luciani, ubicado en el Llanito, Caracas.
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Esta última solicitud fue criticada por la diputada suplente a la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, quien la consideró como una demostración del estado de atraso en el que se encuentra el país en materia de derechos de las personas transgénero.
Los estándares internacionales en materia de reconocimiento de identidad ya no son patologizantes. Hoy no se exige ningún tipo de informe psicológico o psiquiátrico a una persona que demanda el reconocimiento de su identidad, es llamativa esta solicitud patologizante que hace el TSJ”, afirmó la legisladora trans, quien tiene 14 años esperando que el máximo juzgado responda una petición que formuló para que sus documentos se compaginen con su identidad sexual.
A la cola de la región
Adrián denunció que Venezuela es el único país de Suramérica donde los transgéneros no tienen reconocidos sus derechos. “Ecuador, Bolivia, Colombia o el Distrito Federal de México tienen leyes, Brasil ha dictado sentencias, pero Venezuela, que fue el primer país de la región en reconocerlos, no solo no ha avanzado sino que ha retrocedido en esta materia”.
La legisladora denunció que la Ley de Registro Civil vigente desde 2010 permitiría a los miembros de este colectivo ajustar sus nombres a su identidad actual, pero ello no ha sido posible debido a “una interpretación fundamentalista que ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual solamente permite modificaciones de nombre dependiendo de si se ajustan al sexo físico de la persona. Ellos asignan nombre dependiendo de si hay pene o vagina” (sic).
En los últimos meses la Sala ha admitido la demanda de Adrián, la cual estuvo durmiendo en sus gavetas por más de una década; y además en agosto pasado citó al entonces presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup, para que explicara por qué el Parlamento no había discutido el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario que una organización pro Derechos del colectivo LGBTI interpuso en 2014.
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