El uso desmedido de recursos públicos a favor del PSUV y la falta de una legislación que obligue a los candidatos a hacer públicos sus ingresos y gastos caracterizan las campañas electorales en Venezuela.
Caracas. Un candidato que quiera contratar un mínimo de piezas publicitarias en los medios de comunicación, comprar tapabocas para su equipo de campaña, pagar la gasolina dolarizada para sus recorridos o repartir volantes por su circuito en Caracas necesita, al menos, unos $5000 para poder llevar su mensaje a los electores durante el mes de campaña para las elecciones del 6-D, cuya legitimidad es cuestionada por la Asamblea Nacional (AN) y parte de la comunidad internacional.
Crónica.Uno indagó en los costos mínimos que debe asumir un candidato que aspire a una curul por Caracas. El Reglamento Especial Sobre Campaña y Propaganda Electoral limita a cinco minutos diarios la publicidad de las organizaciones políticas en televisión, diez minutos en el caso de la radio, a media página diaria en el caso de los periódicos tamaño estándar y una página en el formato tabloide.
Un aspirante que quiera contar con un minuto semanal en televisión debe pagar unos $300 ($1200 en el mes de campaña), dos minutos de radio semanales cuestan unos $200 ($800 mensuales) y si desea publicar un aviso en los casi desaparecidos medios impresos de la capital, debe gastar unos $1200. Con este esquema el aspirante garantiza su presencia en los medios durante cuatro de las cinco semanas de la campaña, que empezó el pasado 3 de noviembre y que culmina el 3 de diciembre, a un costo de $3200.
Este es un despliegue insuficiente si se consideran las limitaciones de la pandemia, la escasez de gasolina y la presencia permanente de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los medios del Estado. Si además el candidato decide cumplir con el Reglamento de Campaña, y compra unas 500 mascarillas para la COVID-19, para distribuir entre su equipo y los votantes durante los recorridos casa por casa, tendrían que gastar unos 1250 dólares más ($2,5 cada una) y con costos adicionales, como los de la gasolina y pagos de refrigerios, se supera con facilidad la barrera de los $5000.
Incluso, en el caso de que el candidato decida no contratar publicidad en los medios, sino solo tener contacto directo a través de volantes, el costo tampoco baja mucho. Imprimir unos 50.000 volantes, cifras que a duras penas es suficiente para las cinco semanas de campaña, tiene un costo, mínimo, de 2000 dólares. A esto se le debe incorporar el pago a los volanteros (unos 1000 dólares adicionales). Esto, sumado a los gastos de equipos de bioseguridad ya señalados, de gasolina y otros pagos, también superará la cifra de los $5000.
Si los candidatos deciden combinar ambos métodos, la campaña podría oscilar entre los $8000 y $10.000, sin contar otras modalidades como las vallas o los camiones con equipos de sonido (unos $250 diarios) que pueden reproducir la propaganda de los aspirantes y otros gastos como las tarimas, los locales y otros elementos de logística, generalmente cedidos por las organizaciones políticas.
Estos montos, que parecen bajos ante lo que se gasta en otros países, no son fáciles de conseguir en una Venezuela en donde 79,3 % de sus habitantes viven en pobreza extrema, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y algunos candidatos podrían estar tentados a aceptar financiamientos de orígenes dudosos.
Recursos públicos y finanzas secretas
El artículo 67 de la Constitución de 1999 es claro en dos aspectos: está prohibido el financiamiento público de las organizaciones políticas y la ley debe regular “lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas” que reciban las organizaciones políticas, así como “las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización”. Sin embargo, estos dos mandatos han resultado en letra muerta.
El uso de recursos públicos para financiar la actividad política y de campaña es un suceso diario en Venezuela y desde hace 20 años es permanentemente denunciado por organizaciones civiles, dirigentes políticos y medios de comunicación, mientras que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) no regula el tema del financiamiento de las campañas electorales. Esto último explica, en gran medida, el hecho de que los gastos e ingresos de los candidatos en Venezuela no sean públicos, como ocurre en otros países del continente, como Chile y Perú, en donde se publican todas las cuentas por candidato y organización política en portales web oficiales.
La Lopre solo contiene un artículo relacionado con el tema del financiamiento que, además, contradice lo que señala la Constitución sobre la prohibición del uso de recursos públicos. El artículo 78 de la Ley señala que “el Consejo Nacional Electoral podrá financiar, parcial o íntegramente, la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación de radio, televisión o impresos, de conformidad con las normativas que establezca al efecto”.
La materia de financiamiento solo está regulada en el Reglamento General de la Lopre, pero no está contenida ni en la Lopre, ni en ninguna otra ley especial, como ordena la Constitución. Para la coordinadora nacional de Contraloría Electoral de la organización Súmate, Nélida Sánchez, esta omisión de la Ley sustantiva en la regulación del financiamiento es una gran debilidad.
Con esta opinión coincidió el politólogo, experto en materia electoral, Jesús Castellanos. “Eso es especialmente grave, no solo por la falta de reglas de juego claras, sino por que además existe, desde el año 2008, en la Sentencia 780 de la Sala Constitucional del TSJ, la obligación de generar una Ley Orgánica específica que permitiera el financiamiento público de las campañas electorales”.
Ingresos y gastos ocultos
Ninguno de los artículos del Reglamento General establece que debe haber un tope a los gastos (como lo manda el artículo 67 de la Constitución) que reportan los candidatos, ni que estos deben ser de conocimiento público. El artículo 253 señala que las organizaciones políticas y los candidatos deben designar a un responsable de las finanzas de la campaña, algo que ocurre conjuntamente con la “apertura de los libros o cuadernos de contabilidad”, con por lo menos cinco días de anticipación al inicio del lapso previsto para la inscripción en el Registro de Información Financiera Electoral.
Las organizaciones políticas y candidatos están obligados a inscribirse en este registro dentro de los cinco días anteriores al inicio de la campaña electoral, esto a través de una planilla de la página web del CNE. La campaña inició el 3 de noviembre por lo que los candidatos ya cuentan con sus libros contables, sus responsables para sus finanzas, y están inscritos en un sistema automatizado en el que deben reportar sus finanzas.
El pasado 3 de septiembre el CNE dictó un taller de “información financiera electoral” a integrantes de las organizaciones políticas, donde se informó sobre el Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas (SARC), “herramienta que permite que dichas organizaciones presenten de forma transparente el origen y destino de los fondos económicos recibidos para su funcionamiento y para la ejecución de campañas electorales”, asevera una nota de prensa del organismo electoral.
¿Qué información deben suministrar a este sistema? El Reglamento señala que “deberán registrar, a través del Sistema Automatizado, la información de los ingresos, gastos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, dentro de los primeros cinco (5) días continuos al vencimiento de cada mes”. Por lo que, para la fecha de esta publicación, ya los candidatos debieron empezar a informar sobre sus gastos y movimientos financieros.
Sin embargo, esa información no es pública y ni siquiera los candidatos tienen acceso a los ingresos y gastos de sus adversarios. Castellanos señala que esto contradice el principio constitucional sobre la pulcritud del proceso.
El conocimiento público de estas cuentas es otro elemento más de transparencia electoral, principio que es un mandato constitucional y legal del CNE, además constituye un elemento para evaluar la integridad electoral”, indica Castellanos.
Los candidatos deben precisar los números de cuentas que van utilizar para financiar la campaña (el máximo es de dos cuentas) a través de las cuales, en teoría, deben recibir todos los ingresos y hacer todos los pagos y erogaciones. “Esto es un saludo a la bandera”, consideró Sánchez quien es abogada, contadora pública y trabajó durante 27 años en el CNE.
Con esta información es poco o nada lo que se hace durante la campaña. El artículo 273 del reglamento general de la Lopre otorga a los candidatos y organizaciones 60 días continuos, a partir de la fecha de la elección, para presentar sus cuentas definitivas a través del sistema automatizado y luego de esos dos meses “la Oficina Nacional de Financiamiento procederá a seleccionar, mediante un método aleatorio, conforme a los criterios que establezca la Comisión de Participación Política y Financiamiento, las rendiciones de cuentas que serán auditadas”, pues no se revisan todos los registros.
Las cuentas que están presentando las organizaciones políticas en este momento serán auditadas en el mes de febrero, cuando muchos candidatos ya ocupen sus cargos en la Asamblea Nacional.
Sánchez trabajó en la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi), ente que aprueba los informes sobre las auditorías a las finanzas de campaña que presenta la Oficina Nacional de Financiamiento (Onafi).
No era una auditoría lo que se hacía. Era una revisión y no era para todo el mundo. Aquí no hacen auditoria in situ, el CNE presume la buena fe”, expresó Sánchez.
En el portal del CNE se indica que la Onafi “complementa las investigaciones sobre el origen y destinos de los recursos económicos de las campañas electorales”. El objetivo es que los fondos de las campañas no provengan del narcotráfico o de otros orígenes ilícitos, sin embargo, es poco lo que se hace para logarlo.
No parece haber cruce entre la base de datos de financiamiento y la de otros organismos del Estado. “No existe una indagación de los recursos, de los gastos y sobre todo de lo que se maneja de la campaña. (…) La gente carga lo que le parece, no todo el mundo se somete a que las facturas tienen que tener el RIF, de acuerdo con lo que establece el Seniat. No existe un seguimiento”, indicó Sánchez.
El Reglamento también prohíbe los fondos que vienen de entes públicos, de compañías en el extranjero y de Gobiernos, organismos o personas extranjeros. La contabilidad se establece en bolívares, lo que hace pensar que los gastos que hagan las organizaciones y candidatos en dólares, en la dolarizada economía venezolana, no serán reflejados en los libros contables, algo que es reforzado por el temor de que se acuse a los candidatos de recibir fondos de otros países.
Después de estas revisiones la Onafi elabora un informe sobre las auditorías. Luego de este informe es que, apenas, se “recomienda” al CNE el inicio de una averiguación administrativa “de oficio” —proceso que puede demorarse otros 30 días hábiles más— para establecer responsabilidades y sanciones, si son necesarias. “No conozco a nadie que hayan multado, que hayan sancionado o que le hayan abierto una averiguación”, apuntó Sánchez, en referencia a las sanciones por registros de las Finanzas.
Una vía más expedita sería formalizar denuncias ante el CNE, pero el organismo comicial casi nunca da curso a estas. “En Súmate hemos presentado denuncias en casi todos los procesos electorales ante el CNE. Hemos denunciado públicamente y lo exhortamos a que abra la averiguación administrativa, pero no la hace”, dijo Sánchez.
¿De dónde sale el dinero?
En el caso del PSUV es evidente el uso de recursos públicos en la campaña a través de medios de comunicación, vehículo e instalaciones del Gobierno, el uso de personal del Estado, la distribución de bolsas de comida, la famosa entrega de mortadelas por parte de un candidato del PSUV en Anzoátegui, entre otros. Estas acciones no se pueden contrastar con los ingresos y gastos que registran los candidatos del Gobierno ante el CNE y violan abiertamente la Constitución.
En el caso de los partidos de la oposición las denuncias apuntan a dirigentes a los que se acusa de recibir recursos de personas allegadas al Gobierno para formar una oposición complaciente con Nicolás Maduro, mediante la llamada “Operación Alacrán”. Entre los señalados están los diputados José Brito y Luis Parra, que juramentaron una directiva paralela de la AN —apartándose de la mayoría de los legisladores que siguieron respaldando a Juan Guaidó— y que hoy son candidatos a las cuestionadas elecciones del 6-D a través de la Alianza Venezuela Unida.
Crónica.Uno consultó a Negal Morales, candidato por lista de la Alianza Venezuela Unida en Caracas, quien aseveró que sus fondos provienen de organizaciones políticas y de “aportes de familiares” a través de donaciones de alimentos, jugos, etc. “No nos vas a ver en cuñas de televisión, ni en grandes vallas, porque no tenemos esos recursos. Simplemente nos hemos dedicado a hacer un modesto volante pagado con nuestros propios recursos y ha sido más bien una campaña de contacto directo”, aseveró.
Indicó que no tienen un estimado del monto que van a gastar en la campaña y que tampoco puede nombrar los donantes o a los que hacen aportes para financiarla. Aunque señala que está de acuerdo con la transparencia en las finanzas, sostiene que hacer público los registros de los partidos sería un peligro para quienes financian a organizaciones distintas a las del Gobierno.
“Imagínate como podría ser, para una persona que tenga un negocio y haga un aporte a un candidato y después reciba represalias, o exclusiones de alguna política del Estado por haber apoyado a alguien de oposición. Hay un punto que requiere más debate. Ojalá que Venezuela tuviera las condiciones para que todo fuera completamente escrutado por los ciudadanos”.
Otro de los dirigentes cuestionado sobre el origen de sus recursos es Leocenis García, quien encabeza el partido Pro-Ciudadanos. García cuenta con cuñas de televisión en canales internacionales. Crónica.Uno intentó, sin éxito, contactar a García para preguntarle sobre este tema.
Candidatos de los partidos que se enfrentan al Gobierno han dado similares respuestas a las de Morales sobre el origen de sus fondos. El candidato de Soluciones por el circuito 1 de Caracas, Irwing Ríos, también señaló, en una entrevista a Crónica.Uno, que recibía donaciones de resmas de papel y refrigerios de parte de personas cercanas.
Estos donativos deben ser registrados en el libro de inventario de la campaña. El artículo 257 del Reglamento General de la Lopre establece que están prohibidos las donaciones o aporte anónimos, pero como las finanzas no son públicas, no hay forma de corroborar que estas contribuciones fueron registradas en los libros contables y en el sistema del CNE.
Sánchez considera que el tema de la regulación de la campaña debe estar contenido en la Ley para que esta se ajuste a lo establecido en el artículo 67 de la Constitución sobre la prohibición del financiamiento de la campaña con recursos públicos, así como la obligación de la “pulcritud” del financiamiento de la campaña y de los “límites de gastos” mencionados en ese artículo. Para esto es imprescindible que los registros financieros de los candidatos y las organizaciones políticas sean públicos y estén sometidos al escrutinio ciudadano.
Foto: Luis Miguel Cáceres/ Archivo
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