La propuesta de dejar parte de la gestión de la emergencia en manos de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estriba en su experiencia en la defensa de los Derechos Humanos y en la movilización de personal capacitado en situaciones de crisis.
Caracas. Aún sin el rigor de un plan de ejecución, la oferta de la cooperación humanitaria cobra notoriedad en la gestión del presidente de la Asamblea Nacional (AN) y proclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El ofrecimiento descuella en un contexto de emergencia humanitaria en el que la crisis sanitaria se pregona a sí misma y se desparrama hacia el sur donde la Organización Panamericana de la Salud ha repartido 60 millones de dólares para la atención de emigrantes Venezolanos.
Ante la promesa de ayuda internacional y con un sistema sanitario en el piso, se alza la interrogante de cómo gestionar la ayuda de los donantes internacionales a Venezuela. Entre ellos, Estados Unidos que ha ofrecido 20 millones de dólares para responder a la demanda de salud en el país. Pero a decir verdad, Guaidó, quien tiene 48 horas de haberse juramentado como presidente interino, aún no ha asomado su plan para administrar la cooperación en salud, si es que lo tiene.
A propósito de ello, el activista de derechos humanos y fundador de la organización Acción Solidaria, Feliciano Reyna, advierte que es fundamental que Venezuela implemente con urgencia un programa de cooperación humanitaria internacional. Y propone recurrir a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con el fin de gestionar con eficiencia el dinero que ingrese. “No hay manera de responder adecuadamente a la dimensión de la emergencia si no lo hacemos de manera coordinada”, sostiene Reyna.
A juicio de los expertos, la propuesta de dejar parte de la gestión de la emergencia en manos de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estriba en su experiencia en la defensa de los Derechos Humanos y en la movilización de personal capacitado en situaciones de crisis. Reyna pontifica el rol de las organizaciones civiles, pacientes y actores nacionales para concertar soluciones.
En Venezuela se estima que existen 300.000 pacientes crónicos, incluidos 77.000 con VIH/Sida, que requieren de tratamientos de alto costo que históricamente han sido subsidiados por el Estado y que se suministran con fallas desde hace al menos dos años. Se trata de una dificultad que viola el derecho a la salud consagrado en la Constitución.
El exministro de Sanidad José Félix Oletta y portavoz de la Sociedad Venezolana de Salud Pública tilda de complejo el proceso de administración de la ayuda humanitaria. El también vocero de la Red Defendamos la Epidemiología Nacional explica que se requieren mecanismos de participación, de normas y de toda la pericia de las agencias de Naciones Unidas, una ruta que va más allá de los acuerdos entre organizaciones civiles y convoca al Ejecutivo.
La crisis, dice Oletta, tiene una dimensión financiera que requiere de expertos para ser resuelta. Se necesita rescatar la industria farmacéutica, reanimar la atención sanitaria y retomar la importación de equipos. Frente a ello, no es excesivo decir que los 20 millones dólares adelantados por Estados Unidos son una nimiedad en un país que demanda hasta 4,5 millardos de dólares para cubrir los requerimientos sanitarios por año.
Solo en el marco del plan maestro realizado en 2018 entre la OPS, la sociedad civil y el Ministerio de Salud para atender a los pacientes con VIH, tuberculosis y malaria, se solicitaron 30 millones de dólares para la importación de antirretrovirales, diagnóstico y prevención del virus en las embarazadas. También fueron presupuestados otros 2 millones para atender los casos de tuberculosis y 8 millones de dólares más para combatir la malaria. Pero todo aquello es el plan en papel. De todo ese monto, dicen activistas de derechos humanos, el Fondo Global logró adjudicar a Venezuela solo 5 millones de dólares para atender los casos de VIH.
Solo para 2019, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha proyectado una inversión que supera los 760 millones de dólares para Venezuela para atender a quienes salen del país, con cuadros graves de salud y desnutrición.
“Si Juan Guaidó asume esa responsabilidad tendrá que establecer una serie de actores. Cuando hablamos de ayuda humanitaria no solo se trata de recursos económicos, hablamos también de cooperación técnica, que no solamente puede ser manejada por las ONG ni Caritas Venezuela ni la Cruz Roja. Debe haber una participación activa del Estado”, insiste Oletta.
Sin embargo, no existe una fórmula exacta, tratándose de un país como Venezuela que en poco tiempo pasó de ser un Estado donante de recursos a ser un país empobrecido y receptor de apoyo. A diferencia de otras naciones, la nación caribeña tiene otro perfil: es un productor petrolero, miembro de la OPEP y tiene una abultada reserva de combustible fósil.
En 2018 Venezuela se convirtió en país receptor de ayuda. Ese año hubo dos bloques de asignaciones que sumaron 16 millones de dólares en cooperación. En un solo año, Venezuela se ubicó en la posición 9 en montos asignados a nivel mundial. Los desembolsos, que comenzaron en noviembre, se canalizaron a través de la ONU.
“Hay que definir la población a la que está dirigida la cooperación, cómo se va a distribuir el dinero y en cuanto tiempo. En gran medida se trata de una respuesta temporal y no definitiva. Se requiere la intervención de las agencias de Naciones Unidas para la alimentación y la infancia para priorizar esas áreas”, agrega el exministro de Sanidad.
La ayuda fue aprobada pese a la posición de la OPS y la OMS, que mantienen una lectura ambigua de la situación en Venezuela sin admitir abiertamente la emergencia. Pese a su posición esquiva, las instancias internacionales has activado desde el año pasado sendos planes para la atención de emergencia interna y ahora recibe recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas.
“Esto por supuesto ha sido acordado con oficinas de enlace con el país y contraparte de OCHA-CERF. La magnitud de la respuesta de UN, OPS, y OMS, delata el nivel de la emergencia”, remata Oletta.
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