En la semana del 23 de septiembre la crisis de Venezuela será motivo de discusión en al menos dos grandes escenarios diplomáticos: ONU y OEA, en donde tanto el chavismo como la oposición buscarán exponer sus puntos de vista y argumentos.

Caracas. Venezuela, su crisis económica, la emergencia humanitaria y el conflicto político por el que atraviesa el país será motivo de discusión en el escenario diplomático durante la semana del 23 de septiembre, esto al menos en dos grandes organizaciones internacionales: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El lunes se llevará a cabo una reunión entre cancilleres de países miembros de la OEA y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el que analizarán qué tipo de mecanismos dentro del tratado de defensa pueden activar para lidiar con la crisis venezolana.

El TIAR fue activado con el voto de 12 países durante la reunión del pasado 11 de septiembre de la OEA. Dicha activación vino a raíz de la solicitud hecha por el embajador del gobierno de Juan Guaidó en el organismo, Gustavo Tarre Briceño.

Con respecto a la activación del TIAR, los países aliados al presidente de la Asamblea Nacional (AN) y encargado del país, Juan Guaidó, como los Estados Unidos (EE. UU.) han señalado que esperan que la activación del mecanismo funcione para acelerar un cambio democrático en el país, tal y como lo señalaron en un comunicado el pasado 18 de septiembre.

Por su parte, Rusia, país históricamente alineado con el chavismo, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de una “intervención militar” contra Venezuela.

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Así lo señaló la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, quien además reiteró el apoyo a los intentos de diálogo que se realicen entre la oposición y el gobierno de Maduro, y culpó a los EE. UU. por el fracaso en las conversaciones de Barbados.

“La situación en torno a ese país sigue siendo alarmante, en gran medida, por la política irresponsable de Washington, que promueve de forma irresponsable el tema de una posible intervención militar [contra Venezuela]”, declaró la funcionaria.

Maduro no irá a la ONU y Guaidó tratará de llevar sus denuncias

En otro escenario, el de la ONU, el gobierno de Maduro anunció esta semana que el mandatario no asistiría a la Asamblea General de la organización en la que usualmente los jefes de Estado exponen la realidad de sus países frente a sus homólogos.

Maduro en cambio designó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y al canciller Jorge Arreaza para asistir a la cita diplomática y llevar un aproximado de 13 millones de firmas que, según el chavismo, se han recogido como parte de la campaña “No more Trump”, para protestar la aplicación de medidas por parte de EE. UU. contra funcionarios del gobierno.

En cambio, Juan Guaidó señaló el pasado 14 de septiembre que una delegación que lo representa irá a la Asamblea General para denunciar, según fue acordado por la AN, la presencia de grupos irregulares y terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

Guaidó no indicó de qué forma una delegación suya participaría para denunciar esto, en especial porque dentro de la ONU se sigue reconociendo a los representantes de Maduro como la representación legal de Venezuela.

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Petición al Consejo de DD. HH. de la ONU de una comisión para investigar

El pasado jueves, 9 de los 11 integrantes del Grupo de Lima presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución para que sea discutida en el seno del organismo, la próxima semana, la creación de una comisión que investigue la violación de DD. HH. en Venezuela durante el gobierno de Maduro.

El proyecto, impulsado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, solicita formalmente a la oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH., Michelle Bachelet, que la comisión pueda investigar y documentar los casos de violaciones de libertades fundamentales en Venezuela.

La comisión estaría encargada además de intentar obtener información de campo, es decir, en el propio territorio venezolano, algo que podría complicarse luego de la actualización oral del informe que realizó Bachelet sobre la situación de DD. HH. en Venezuela, la cual ha sido ampliamente criticada por Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno.


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