Un estudio elaborado por la organización Acceso a la Justicia arrojó que el país padece de “hipertrofia policial”; es decir que tiene más agentes de los requeridos, pero ellos ni están bien formados ni equipados para hacer su labor eficientemente.
Caracas. Venezuela es, desde hace años, sinónimo de violencia en el ámbito mundial y ello no debería sorprender, porque con una tasa de homicidios que va entre 50 y 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, se ubica entre los países más peligrosos del mundo. Sin embargo, estos escalofriantes datos que el año pasado se tradujeron en más de 16.506 asesinatos, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), no se deben a la falta de policías.
La afirmación la realizó la organización Acceso a la Justicia, en su informe “Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018)” en el cual concluyó que no es por falta de uniformados que los índices delictivos, en particular el número de homicidios, no se han reducido sensiblemente durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, sino por la ausencia de unos funcionarios bien formados, capacitados y dotados con los implementos necesarios para cumplir su función.
“Se pasó de un total de 114.463 funcionarios policiales en 2006 a más de 175.000 para inicios de 2017. Esto significa que el pie de fuerza policial ha tenido un crecimiento aproximado de 53 % en ese lapso, incrementándose la tasa de encuadramiento policial 128 puntos más, para llegar a 557 policías por 100.000 habitantes, 207 puntos por encima del estándar internacional”, se lee en el documento, de 90 páginas de extensión; y en el cual se afirma que Venezuela padece de “hipertrofia policial”; es decir de un crecimiento desmesurado y desorganizado del número de cuerpos y agentes de seguridad ciudadana.
El aumento en el número de policías comenzó a producirse tras la celebración de la Conarepol (Comisión para la Reforma Policial), instancia instalada a raíz de los sonados casos del secuestro y asesinato de los hermanos Faddul por parte de unos uniformados o la ejecución de unos estudiantes universitarios en el barrio Kennedy de Caracas. La comisión detectó que faltaban funcionarios e identificó una serie de vicios y deficiencias que supuestamente deberían subsanarse con la puesta en marcha de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
No obstante, los cambios no se han traducido en mejoras y en el reporte se recuerda que en 2016, casi diez años después del fin de los trabajos de la Conarepol, Venezuela alcanzó una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las cifras suministradas por el Ministerio Público en 2017. Estos datos ubicaron al país como el segundo más peligroso del mundo, según un estudio que publicó Infobae.
Se repiten los errores del pasado
Otro dato que revela que el nuevo modelo policial no ha arrojado los resultados que se esperaban es el relacionado con los casos de abusos y crímenes contra los Derechos Humanos cometidos por funcionarios policiales. Así, entre 2015 y 2017, fueron ajusticiados 6.444 venezolanos por agentes de la ley, de acuerdo con las estadísticas que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, manejaba y las cuales forman parte de la demanda por delitos de “lesa humanidad” contra Maduro y varios altos funcionarios de su administración que, a finales de 2017, presentó en la Corte Penal Internacional en La Haya (Holanda).
En el informe se achaca al “progresivo” proceso de militarización situaciones como las antes descritas y se recuerda que desde el año 2010 se han puesto en marcha iniciativas contra el crimen diseñadas desde los cuarteles y aplicadas por organismos como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tales como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), el Plan Patria Segura y, más recientemente, las cuestionadas Operaciones de Liberación del Pueblo –mejor conocidas por sus siglas OLP–.
Todas estas iniciativas contradicen lo establecido en el artículo 332 de la Constitución, el cual reza: “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los Derechos Humanos, sin discriminación alguna”.
Sin embargo, donde la militarización ha quedado más patente es en la propia PNB, cuerpo que desde 2014 ha estado dirigido por generales de la GNB y en 2016 vio como su uniforme era sustituido por el actual camuflado, el cual se asemeja al que utilizan las instituciones castrenses.
Torciendo el fin
Para Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, el informe revela que la intención de las autoridades es constituir un “Estado policial”, el cual en lugar de proteger a los ciudadanos protege a los gobernantes.
Se invierte más en la PNB que en el Cicpc (la policía científica), lo cual indica que no hay interés por investigar los delitos y castigarlos, pero además el aumento en el número de agentes revela que se busca policializar la sociedad; es decir tener un policía en cada esquina, pero no para proteger al ciudadano sino para preservar al régimen”, agregó.
Por su parte, el exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jesús Ollarves, cree que la investigación arroja la carencia de “una política de seguridad”.
“Un funcionario policial no se hace de la noche de la mañana. Su formación requiere tiempo, además se necesita de inversión para dotarlo del equipamiento necesario para hacer su labor, pero aquí es harto conocido que los agentes deben ver cómo consiguen sus chalecos, botas y hasta las balas”, apuntó.
Precisamente en el informe se resalta el hecho de que el presupuesto para los cuerpos de seguridad ha venido cayendo de manera sistemática en los últimos años y que el 90 % de los fondos que reciben estos organismos son empleados para pagar sueldos y salarios, dejando casi sin recursos a áreas como el entrenamiento y el equipamiento.
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