Desde julio de 2017, el grupo táctico de la PNB realiza “operativos especiales” en distintos sectores del país —la mayoría en zonas populares— que han dejado un saldo de más de 200 muertos. Distintas organizaciones no gubernamentales rechazan el uso desproporcionado de la fuerza y las armas, así como también el accionar letal de este cuerpo. Los investigadores coinciden en que es una lógica bélica asimétrica. Concluyen que forma parte de una política de exterminio que se ha ido recrudeciendo con el pasar de los años.

Caracas. La violencia institucional de Nicolás Maduro ha dejado en los últimos cuatro años casi 9000 muertes por presuntas ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con datos de Cofavic. La directora de esta organización, Liliana Ortega, asevera que en 99 % de los casos no se ha ejercido justicia, y recuerda que ese mismo porcentaje corresponde a la impunidad en el país.

La tendencia de este tipo de asesinatos va en aumento. Las cifras del reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) —que una vez más ponen a Venezuela como el país más violento del mundo con 23.047 homicidios y una tasa de 81,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes (2018)— también arrojaron que las muertes a manos de cuerpos policiales aumentaron 36 % en comparación con el año anterior. Casi 2000 personas más murieron bajo las armas del Estado en presunta “resistencia a la autoridad”, considerando que en el 2017 fueron 5535.

El grupo policial que ha liderado estas acciones en los últimos años es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en un promedio de casi 40 %. No obstante, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha incrementado su presencia en estos operativos, sobre todo luego de la creación de su grupo táctico, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en julio de 2017, cuya función era, presuntamente, combatir “el crimen y el terrorismo”.

Solo el año pasado murieron 205 personas a manos de las FAES, según Provea. Y, de acuerdo con un monitoreo de Crónica.Uno —entre septiembre de 2018 y enero de 2019— al menos 42 personas murieron durante operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales en Distrito Capital, es decir, 8,4 personas por mes, en promedio. Las investigaciones del abogado y miembro del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, alertan que, debido a la actuación de las FAES, la responsabilidad de la PNB en muertes por intervención de la fuerza pública, que era de 22 %, se elevó en 10 puntos porcentuales.

Entre los 42 testimonios recopilados por Crónica.Uno se encontró un patrón en las denuncias de los familiares: múltiples efectivos se aparecen en los hogares sin órdenes de captura o allanamiento. Toman los barrios e ingresan a las casas encapuchados con armas largas. A veces, las víctimas son asesinadas en sus hogares, en otras, en alguna vía pública o se las llevan a sus carros y aparecen muertas en los hospitales.

En la mayoría de los casos, los propios funcionarios trasladan los cuerpos al centro hospitalario más cercano. Envuelven a las víctimas en sábanas blancas. Algunas veces, de acuerdo con familiares, los torturan antes de matarlos y a los deudos les cuesta reconocer el cuerpo debido a los maltratos y las golpizas. La denuncia por parte de las FAES ante el Cicpc en casi todos los casos es “enfrentamiento”. Así mismo, los familiares denuncian que los efectivos se roban las pertenencias y los alimentos de los hogares de las víctimas. 

Por la forma de actuar, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, califica como de alta letalidad las acciones de las FAES. Según sus registros, este ha sido uno de los órganos más represivos durante las protestas de 2019 que han dejado un total de 43 muertos. En su mayoría, las víctimas provienen de sectores populares en los que se han desarrollado protestas. También son estas zonas las que han sido objeto de los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales desde hace más de año y medio.

La cifra de muertos por acción de las FAES durante enero de 2019 resulta alarmante si se compara con la de algunos estados del año pasado. Al menos 26 personas murieron durante el primer mes de 2019, la mayoría en Distrito Capital, de acuerdo a un monitoreo de Crónica.Uno y Provea. Esta es casi la misma cantidad de muertos que se registró en el estado Zulia por intervención de este cuerpo de seguridad durante todo 2018. El estado ocupó el tercer lugar en las estadísticas, con 25 muertes.

Liliana Ortega advierte que en 2018 observó un aumento en cuanto a la cantidad de masacres a manos de los cuerpos policiales en el país. De acuerdo con el Derecho Internacional, se califica como masacre un hecho donde mueren más de tres personas en un mismo contexto.

En Distrito Capital, Crónica.Uno registró al menos cuatro masacres por parte de las FAES en las que resultaron asesinadas 30 personas en total. La primera fue la Operación Gedeón, o caso “Óscar Pérez” en la que murieron 10 personas. Seguidamente, ocurrieron las masacres de Ciudad Tiuna, donde murieron ocho personas, Torre Viasa, en la que fallecieron siete y Barrio Kennedy, donde murieron cinco. 

Este aumento tiene que ver con la impunidad. Los criminales saben que sus acciones no acarrean consecuencias. Lo otro preocupante es que estas masacres [a manos de cuerpos de seguridad] también conllevan a desplazamientos forzados internos. Los vecinos se sienten amenazados y abandonan su comunidad por miedo, aseveró Ortega. 

Entre las casi 2000 presuntas ejecuciones que ocurrieron el año pasado, Cofavic determinó que 62 % ocurrieron durante operativos especiales. El promedio de funcionarios actuantes en los hechos fue de 15 efectivos, muchas veces con una composición mixta de distintos cuerpos. Por lo que Ortega explica que estas muertes no ocurrieron bajo hechos aislados, ni por la decisión individual de un funcionario policial. “En definitiva, es una política de Estado”, agrega.

La militarización de la policía y el Estado de Excepción

Tanto el director de la PNB, Alfredo Pérez Ampueda, como el de las FAES, Rafael Bastardo, fueron efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), gerente de brigada y teniente coronel, respectivamente. El investigador en Seguridad Ciudadana, Keymer Ávila, explica que la formación de las FAES es estrictamente militar, insiste que en Venezuela se ha acentuado la militarización de la policía y mucho más en un Estado de Excepción.

Las FAES no tiene una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que ‘dar de baja’ a ‘elementos’ que no son personas sino enemigos, explicó Ávila.

Advierte el experto que hay una asimetría en cuanto al accionar de las Fuerzas de Acciones Especiales. “Impera una lógica de guerra, o, peor aún, de exterminio, porque en la guerra hay al menos dos bandos con una capacidad de fuego más o menos equivalente. En las guerras se espera que el número de heridos sea similar al de fallecidos o superior, y que ambos ejércitos tengan bajas, pero en estos casos casi nunca hay heridos, solo se cuentan cadáveres de los jóvenes racializados de nuestros barrios”, sostuvo.

Las investigaciones de Ávila señalan que la mayoría de los funcionarios (73 %) no mueren en estos contextos. La relación entre policías y civiles es de 1 por cada 122, es decir, que por cada policía fallecido en enfrentamiento, mueren 122 civiles.

Entre los testimonios que ha recopilado Crónica.Uno de distintos familiares, muchos cuentan que efectivos de las FAES disparan a las paredes de las casas o a las puertas para “simular” que hubo un enfrentamiento. Otros insisten en que a las víctimas les siembran armas también para alegar esta causa, mientras que la mayoría está convencida de que entre los funcionarios hay infiltrados de cada comunidad.

Todo esto ocurre en un país en el que Maduro ha declarado, al menos ocho veces, un Estado de Excepción y de emergencia económica. Para Ávila, este es un escenario que permite que se admitan actuaciones alejadas del Derecho.

Estamos en un contexto en el que no hay instituciones. Nadie ejerce las funciones del Gobierno, ni funciones institucionales. Por ende, los cuerpos armados pueden hacer lo que sea. No hay autoridad política, agregó.

La política de exterminio que mencionó previamente no es novedosa. A juicio de Ávila, las FAES es la herencia política de los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), que es otro caso reciente y creado también por Maduro. La diferencia es que las OLP las asocia a una campaña política del Gobierno —de hecho, las iniciaron en un año electoral (2015)— y lo otro es que tampoco eran un cuerpo formalmente constituido. Por su parte, las Fuerzas de Acciones Especiales son un cuerpo que está contemplado en la Ley Orgánica de Servicio de Policía, en el que se indica que este tipo grupos pueden pertenecer exclusivamente a la PNB.

“No se puede democratizar este tipo de fuerzas élites de alta letalidad. Estamos hablando de un cuerpo con entrenamiento militar y armas de guerra. ¿Qué haría una policía municipal con un grupo así, por ejemplo?”, apuntó el investigador.

Sin embargo, señala que a diferencia de las OLP, el gobierno de Maduro no se ha encargado de promocionar estas muertes.

El Gobierno comprendió que no le favoreció esa campaña mediática de documentar y exhibir las muertes. Ahora la gente habla de las FAES pero por un contexto político de protestas. Sin embargo, tienen desde su creación actuando de esta forma, expresó.

Ávila explicó que los grupos “tácticos” o de “acciones especiales” deben intervenir en situaciones extremas y de alto riesgo, como secuestros, toma de rehenes, enfrentamientos armados, arrestos peligrosos, etc. Estas situaciones se presentan cuando las policías preventivas y de investigación son rebasadas en armas. Además, estos grupos representan la máxima expresión en los criterios de intensidad, por lo que el problema en la actualidad radica en el traslado de estas situaciones de excepción a la práctica rutinaria.

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“Solidaridad policial” e impunidad

Tanto Ortega como Ávila apuntan como otro de los principales problemas la dependencia administrativa de los cuerpos policiales ante el Ejecutivo. Es ilógico que el Cicpc, que es el primero en realizar estas ejecuciones, sea el mismo cuerpo que investigue las circunstancias de las muertes, dijo Ávila.

Por su parte, Ortega subrayó que en en la mayoría de los casos, la versión policial pasa a ser la versión jurídica. Hay una grave falencia de quienes investigan los hechos. Se condicionan los resultados de la investigación, ya que hay visiones preconcebidas, acotó. Además, de acuerdo con su experiencia, sostuvo que la línea de investigación que exploran las autoridades está en ratificar lo que establece esa versión policial. “No se exploran otras líneas que puedan determinar más allá del fallecimiento e indagar cómo ocurrieron los hechos”.

Por otro lado, asevera que luego de la reforma del Código Procesal Penal, en el 2012, los familiares de las víctimas están cada día más desamparados. En esta reforma se modificaron dos artículos que eran fundamentales para el accionar de las organizaciones no gubernamentales.

Antes podíamos representar a la víctima. En el presente, no podemos. Tiene que ser un abogado privado o la Defensoría del Pueblo. Lo otro, es que teníamos querella autónoma contra los policías y militares, es decir, podíamos acusar a quienes cometían crímenes violatorios de Derechos Humanos y mantener el resguardo del familiar de la víctima. Esto tampoco es posible, aseveró.

Esto ha ocasionado que cada vez sea menos el número de denuncias o, cuando denuncian, desde la propia Fiscalía se violan los artículos de la Constitución y no se cumple con sus responsabilidades. El familiar debería tener acceso pleno y copia del expediente, obtener peritajes de confianza, autopsias confiables. Y esto no está ocurriendo, dijo Ortega.

En definitiva, para Ortega, esta política de exterminio —que es incluso anterior al chavismo— se ha recrudecido, busca un control social y ganar adeptos.

Algunos sectores formados pueden ver con aprecio estas medidas de limpieza social. Pero la realidad es que tenemos menos seguridad ciudadana, más violencia, más armas ilegales y más grupos civiles armados. Esta política también fractura el tejido social. La mayoría de las víctimas dejan niños que lo único que sienten es venganza. Hay fracturas y daños en la familia que acarrean pérdida de empleo, enfermedades crónicas y más, concluyó Ortega, quien además recalcó que el propio hecho de que no haya data oficial transparente es otro mecanismo de impunidad, ya que no solo invisibiliza a las víctimas, sino a los victimarios.

En diciembre de 2018, Ampueda ofreció un balance sobre las actuaciones de la PNB durante ese año. Pero, cuando la prensa le interrogó sobre el número de personas que murieron durante los operativos de las FAES, respondió: “no tengo ese numerito a la mano”. El director solo informó que hubo 39 procedimientos de las Fuerzas de Acciones Especiales en el país y que 89 de sus funcionarios estaban detenidos ya que el Ministerio Público los imputó por exceso policial. Además, anunció que 296 efectivos de la PNB estaban apresados por incurrir en delitos administrativos y penales.

La Dolorita no se recupera tras la muerte de Cristian Charris

“Yo voy a llegar a viejo. Aquí todos me conocen, nadie me va a hacer nada”, le repetía diariamente Cristian Charris a su amiga y jefa, Mileidy Angula, mientras estilizaba distintas cabelleras en la barbería Josmil, una de las más concurridas en La Dolorita, Petare. Pero Cristian no alcanzó ni el “cuarto de cupón”: el día de su cumpleaños, el 24 de septiembre, fue asesinado por funcionarios de las FAES. Así lo asevera su madre, Carmen Arroyo, una mujer religiosa, quien actualmente se cuestiona hasta su fe. Reconoce que se ha alejado de Dios, a pesar de su labor como catequista por casi 30 años en la comunidad. No contempla su vida sin la presencia de su único hijo. A veces se pregunta si el sucidio la enviaría al infierno, pero regresa a sus creencias y cae en llanto.

Algunos días no se para de la cama, otros sí y, en esos, se centra en conseguir justicia y limpiar el nombre de su hijo. Su paso por la Fiscalía le ha ratificado que la impunidad en el país —que se ubica en 99 %— no es una farsa. Si me tengo que convertir en detective, abogado, pues estudiaré todo lo que tenga que estudiar para hacer el trabajo que ellos no hacen. No solo no le han dado respuesta, ni el Estado se ha encargado de realizar investigaciones, en el presente, la fiscal de derechos fundamentales que lleva el caso se encuentra de vacaciones hasta marzo.

Carmen Arroyo sentada sobre la cama de su hijo, Cristian Charris. Foto: Luis Morillo

Luego de que asesinaron a Cristian, le informaron desde el Ministerio Público y Cicpc que había dos investigaciones abiertas en las que se acusa a su hijo por los delitos de homicidio y robo.

¿Cómo es eso que él era buscado por homicidio desde el 2016 y nunca le enviaron una citación? A Cristian no era difícil encontrarlo. O estaba en la barbería o en la cancha, o si no, en su casa. Además, ni siquiera me dicen cómo se llama esta persona que presuntamente está muerta. Tampoco han aparecido sus familiares.

La creencia de Carmen en las autoridades es nula. Continúa creyendo más en Dios y en los valores que le enseñó a su hijo. No le permiten acceder al expediente y, numerosas veces, desde la Fiscalía, le han sugerido que su hijo “podría” ser responsable del enfrentamiento contra las FAES y del homicidio por el que se le imputa. Le dijeron que ella, quizá, no debería ver a Cristian con “ojos de madre”.

“Ellos no se han encargado de buscar más testigos, de regresar al lugar de los hechos. Me dicen que me corresponde a mí”, cuenta Carmen. La propia fiscal admitió saber el nombre del funcionario que le disparó a Cristian, pero insistió en que prefiere omitirlo, ya que no quiere “arriesgarse” por temor a que Carmen se atreva a “matarlo”. “¿Cómo una autoridad que se supone debería velar por mis derechos y por el de una víctima del Estado se atreve a decirme eso?”.

Una afeitadora y un balón, dicen sus allegados, eran las únicas armas de Cristian.

A las 5:30 a. m., cuando el joven subía trotando las escaleras del sector La Lira para recibir la mañana de su cumpleaños número 25 junto con su esposa y tres hijos, efectivos de las FAES lo esperaban escondidos detrás de un muro de ladrillos y zinc. Le dispararon. Cristian murió tras un disparo en el pecho.

Víctor Solar, primo de Cristian Charris, sobre la tierra donde efectivos de las FAES se escondían para disparar. Foto: Luis Morillo

El joven regresaba de una fiesta con sus amigos. Había esperado hasta el amanecer, por motivos de seguridad, para dirigirse a su hogar. Los testigos temen dar declaraciones ante las autoridades y la misma familia de Cristian fue amedrentada por los funcionarios semanas después de los hechos. “Hasta le rompieron el papagayo a mi nieto”, recuerda Carmen.

Tres hijos tenía Cristian. El menor, de cinco años y quien lleva su nombre, asimiló que su padre murió. Solo tiene una interrogante: “¿Mi papá se va a convertir en Dios?”, pregunta constantemente a su abuela y mamá.

El pequeño Cristian, a ese que le rompieron el papagayo, es quien pasea a los visitantes por la casa. Muestra con orgullo el trofeo que se ganó su papá hace unos años por un campeonato de básquetbol. Él también aspira a ser basquetbolista o barbero.

Familiares denuncian que las FAES no respeta la presencia de menores de edad al momento de realizar sus operativos. Foto: Luis Morillo

Cristian Charris era reconocido por su talento para realizar cortes extravagantes de cabello. Colores, estrellas, trenzas, era lo que caracterizaba los “cortes finos” de Charris. Al ritmo de la champeta, indagaba las nuevas tendencias. Sus clientes hacían largas colas a las afueras de la barbería. Muchos inclusive reservaban hasta con tres días de antelación.

La dedicación del joven por su trabajo era absoluta. Sin importar la hora, atendía hasta al último de la fila. Casi siempre cerraban el negocio a las 11:00 p. m. Sus únicos días libres eran los lunes y los aprovechaba para compartir con sus niños.

“Cristian, vamos a cerrar, tengo que descansar”, le decía Mileidy casi todas las noches. Para ella, de 36 años, Cristian era como un hermano menor. En varias ocasiones se preocupaba por el peligro en el barrio y en la calle. “Era como cualquier joven que iba de fiestas. Pero a mí me daba miedo porque conozco el país en el que vivimos”, comenta.

Mileidy no ha abierto las puertas del negocio desde que murió Cristian. “No hay los ánimos. Ni míos, ni de los clientes. Todos sabemos lo que ocurrió. Y lo aterrador es que hoy sufre Carmen, mañana puedo ser yo o cualquier otra mamá”, agrega. Piensa cambiar el concepto del local. Sin la compañía de Cristian en su día a día no encuentra un sentido para continuar la peluquería.

Mileidy Angula abre las puertas de la barbería exclusivamente para la prensa luego de cuatro meses del homicidio de Cristian Charris. Foto: Luis Morillo

Todos los allegados de Cristian han perdido el rumbo desde que murió. La tristeza todavía arropa a La Dolorita, uno de los primeros barrios que se alzó ante una ejecución de las FAES. En menos de 48 horas recogieron un documento con casi 1000 firmas que corroboraban el rechazo de los vecinos ante lo sucedido y lo llevaron hasta el Ministerio Público. Al entierro del joven asistieron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), madres salecianas, niños. Su alegría contagiaba a todo aquel que lo conociera.

En las canchas de básquet —dónde inició su carrera como barbero a los 17 años, luego de que su primo, Víctor, le regalara una máquina— sus compañeros de Los Mágicos de La Lira también lo extrañan. En diciembre perdieron el campeonato. Un campeonato que el mismo Cristian había organizado y que, además, se había encargado de recuperar la cancha para el evento.

Era una fiebrúo. Si llovía, era él quien secaba la cancha. Si se dañaba una luz o un cable, él lo arreglaba. Organizaba los juegos para que compitiéramos con distintos equipos. Él nos motivaba. Era él quien lideraba el equipo, recuerda Franklin Herrera.

Victor Solar sostiene la camiseta de Cristian Charris sobre la cancha en la que juegan Los Mágicos de La Lira. Foto: Luis Morillo

Carmen dice que ella es una de las pocas madres en La Dolorita que se atreve a denunciar. “Pero si no salimos a denunciar, cada día arremeterán más”, opina. En la casa de Cristian, además de Carmen, viven su tía y primo. Ninguno de los dos se ha atrevido a entrar al cuarto de Cristian. Tampoco han pisado la barbería. Ambos dicen que Carmen era una mamá sobreprotectora, de esas que lo llamaba cada dos horas.

“El miedo que siempre tuvo mi hermana fue lo que finalmente pasó”, cuenta la tía de Cristian, Tulia Arroyo. Desde el Hospital, cuando lo encontró muerto, Carmen solo gritaba “Dios, llévame a mí”. Ahora, entre sus días buenos y malos, solo piensa en la justicia. “Ellos iniciaron la batalla, pero nosotros ganaremos la guerra”, concluyó.

El mismo día que murió Cristian, otros siete operativos fueron desplegados por la capital. Murieron seis personas más. 

Familiares de Cristian en la sala de su casa en La Dolorita, Petare: Su primo, Victor Solar, su mamá, Carmen Arroyo y su tía, Tulia Arroyo.
Foto: Luis Morillo

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