Expertos y un grupo de ONG abogaron por el debate de esta iniciativa que busca garantizar justicia y reparo a las víctimas y el debido proceso a los investigados.

Caracas. Uno de los elementos que deberán considerar quienes quieren un cambio político en Venezuela será cómo equilibrar las demandas de justicia de la población y la necesidad de que un nuevo Gobierno cuente con estabilidad. Abogados, expertos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) señalaron que la experiencia mundial indica que es necesario establecer una “justicia de transición” o “transicional” temporal que permita que la sociedad cure sus heridas y que, a la vez, las nuevas autoridades cuenten con el piso suficiente para lograr el avance y el desarrollo del país.

“Lo que queremos no es ni impunidad, ni venganza, sino justicia”, indicó que el abogado y director de Paz Activa, Luis Cedeño.

El director de la Fundación del Centro Latinoamericano de Altos Estudios de Gobierno, Flavio Carucci, indicó que este es el único mecanismo que asegura que, sobre los deseos de venganza o los intereses políticos, prevalezca la justicia, cuando se produce un tránsito de un régimen autoritario a uno democrático. “Si no avanzamos ahí, la gobernabilidad se va a ver bien comprometida. Así se tenga el mejor proyecto de Gobierno, y con las mejores intenciones, este va a ser inviable”, señaló.

En un contexto en el que se incrementan las violaciones de los Derechos Humanos, la idea de la llamada “justicia transicional” es cuestionada en la opinión pública. Sin embargo, los expertos señalaron que es necesario que el tema sea introducido en el debate por dirigentes y líderes de opinión, pues este es un paso necesario para que el cambio político tenga bases sólidas.

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Herrera agregó que se debe crear una comisión de la verdad distinta a la iniciada por el Gobierno. Apuntó que esta debe estar conformada por expertos reconocidos en la materia y personalidades de distintas ideologías para que la instancia dé resultados. “Deben participar personas que rechazan el régimen, pero también personas que en algún momento simpatizaron o formaron parte de él, pero que reconocen que hubo desviaciones, excesos, que le den ese equilibrio frente a lo que en un momento pueden ser esas emociones de rabia y frustración”, señaló.

Los pasos

Herrera explicó que la idea de una justicia de transición empieza por el hecho de que se producen hechos y circunstancias “extraordinarias” que hacen imposibles que la justicia ordinaria de un país resuelvan las controversias. Por ejemplo, en el caso de Venezuela son los mismos tribunales y otras instituciones del Estado los que han violado derechos de los ciudadanos. “Cuando los países llegan a esta situación se requiere de medidas extraordinarias”.

A partir de ahí hay tres pasos fundamentales: 1) el establecimiento de la verdad de los hechos, tarea que asume la llamada Comisión de la Verdad, 2) establecer las responsabilidades personales, en donde se debe hacer diferenciaciones de acuerdo con las violaciones, sin que se convierta en una “cacería de brujas”. Se establecen atenuantes de las penas a quienes reconozcan y colaboren con las instancias creadas para este propósito y 3) la reparación a las víctimas, que puede ser a través de la visibilización de lo sucedido, el otorgamiento de indemnizaciones, la impartición de justicia, entre otras.

Para esto es necesario crear comisiones especiales temporales, integradas por expertos. Herrera señaló que este debate debe iniciarse dentro de la Asamblea Nacional (AN), que está facultada para aprobar una legislación marco que regule todo este tema. Agregó que estos son procesos complejos que deben adelantarse con tiempo. “Pasa por una negociación y acuerdo con una visión de Estado y no de partido. Tomar decisiones con un nuevo Gobierno de verdadera unidad nacional”, argumentó.

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A través de un comunicado, diversas ONG se comprometieron a impulsar estas iniciativas y el debate sobre esto en toda la sociedad, al considerar que otorga garantías a las víctimas de ser reconocidas y reparadas y a los investigados el respeto a sus derechos fundamentales.

La justicia transicional puede tomar muchas formas, y cada país debe construir su propio mapa de ruta para implementar los mecanismos que más se adapten a su realidad, señalaron en un comunicado.

El texto está firmado por las organizaciones Paz Activa, Acceso a la Justicia, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Fundepro, El Observatorio Hanna Arendt, el Invesp, el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), Un Estado de Derecho, Espacio Público, el Observatorio de Conflictividad Social, entre otras. Las asociaciones llamaron a otras instituciones a sumarse a la propuesta.

Foto: Carlos Crespo



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