El pasado jueves 11 de octubre, los oficiales de la Fuerza Aérea, Petter Moreno, Luis Lugo Calderón, Carlos Esqueda y Ricardo Antich, fueron excarcelados por una orden de un juez militar. Pero tres horas después de haber salido en libertad, comenzó una persecución para detenerlos y un acoso policial en contra de sus familias residenciadas en Aragua.

Maracay. El 11 de octubre, el juez militar 2do. de ejecución de sentencias de Maracay, capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, otorgó libertad plena por pena cumplida a cuatro de los cinco militares de la Fuerza Aérea acusados y sentenciados por su presunta participación en el llamado Golpe Azul. Los primeros tenientes Petter Moreno, Luis Lugo Calderón, Carlos Esqueda y Ricardo Antich fueron liberados, sin que los  abogados de los acusados y del Foro Penal Aragua hubiesen sido notificados de la decisión. No obstante, después de tres horas de la excarcelación, una contraorden de esa decisión judicial devino en una persecución y acoso policial por parte del Sebin y la Dgcim para dar con el paradero de los cuatro militares.

Carta en la que se ordena la libertad plena

El primero en ser detenido es el primer teniente Petter Moreno, casado y padre de dos niñas. Fue localizado por el Sebin en su residencia e inmediatamente trasladado a la sede de la policía política en Maracay. Paralelamente, otros funcionarios allanaban  las residencias de los demás militares, presionando y amenazando a sus padres, hermanos y esposas, para que señalaran la ubicación de los jóvenes oficiales, de acuerdo con las denuncias que sus propios familiares realizaron y dejaron circular a través de las redes sociales.

La hermana del primer teniente Luis Lugo Calderón, Estela Lugo, denunció la noche del jueves, a través de un video, el allanamiento del apartamento de su madre por parte de funcionarios de la Dgcim y el Sebin. “Se llevaron la tablet, teléfonos joyas, perfumes, efectivo, además de detener a mi madre, Gloria Calderón”. El domingo 14 de octubre, en horas de la noche, Estela Lugo anuncia a través de otro video que su hermano había sido detenido junto a su padre y su novia y llevados a la sede de Dgcim en Boleíta, Caracas. Tanto el padre como la novia de Lugo Calderón fueron liberados este lunes en horas de la mañana.

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“Gracias a Dios, mi papá, Luis Lugo Rodríguez, y mi cuñada, Jokasta Hernández, fueron liberados. Mi hermano Luis Lugo aún sigue secuestrado por la Dgcim. Seguimos confiando en Dios y lo que hará y está haciendo”, escribió Estela Lugo en su cuenta personal de Twitter.

Y mientras la familia Lugo Calderón era sometida a presiones policiales, la de Ricardo Antich también era objeto de fuertes interrogatorios. Funcionarios de la Dgcim se instalaron en el edificio donde reside la familia Antich y de allí se llevaron detenido a Ricardo Antich García, padre del oficial, y también a un hermano. Unos siete funcionarios de la Dgcim se mantuvieron por al menos dos días dentro del edificio, revisando vehículos que entraban y salían y vigilando estacionamientos y pasillos del conjunto residencial.

El 13 de octubre, tanto Gloria Calderón como Ricardo Antich, padre, fueron liberados, pero la búsqueda,entonces solo de tres militares, continuaba.

“Como no los encuentran, amedrentan, acosan y amenazan a  sus familias, violando el debido proceso y los derechos humanos. Hasta el momento la defensa legal de estos oficiales no tiene claro el por qué ésta arremetida o contraorden de detenerlos nuevamente ni conoce los delitos por los cuales son buscados con tanta alevosía”, señala Dimas Rivas, coordinar de Foro Penal Aragua.

De nada han servido las denuncias de los familiares. El acoso policial persiste. Este domingo 14 de octubre, Jeferson Esqueda, hermano del primer teniente Carlos Esqueda, denunció a través de un video en Twitter que su residencia, ubicada en Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, habría sido violentada por funcionarios de la Dgcim y del Sebin en busca del oficial. Durante ese allanamiento sin orden judicial, la esposa del militar, Mariet de Esqueda, habría sido detenida.

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Este lunes 15 de octubre, el hermano del militar vuelve a denunciar la persecución policial. En esta oportunidad, Jeferson Esqueda asegura que el Sebin amenaza con llevarse a una niña de siete años, hija de Carlos Esqueda, para presionarlo y recapturarlo.

Nosotros no sabemos en donde está mi hermano y ahora vienen a amenazar con llevarse a su hija, de apenas siete años, si su mamá, Mariet, no aparece. Ella está recluida en el HCM luego de que tuviera un aborto, después de ser detenida el pasado sábado”, cuenta Jeferson Esqueda en el video.

Además de la angustia y la zozobra a la que han estado sometidas, las familias de los oficiales coinciden en asegurar que desconocen el paradero de Carlos Esqueda y de Ricardo Antich.

En febrero de 2015, tres civiles y cinco militares, todos de la Fuerza Aérea, fueron detenidos en Aragua, tras ser acusados por Diosdado Cabello de formar parte de un complot e intentona golpista para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Fueron llevados a juicio por los tribunales militares de Maracay y sentenciados a prisión con penas de cinco a 10 años de cárcel. El caso fue conocido como Golpe Azul, en alusión al color del uniforme militar de los oficiales de la Aviación, quienes fueron recluidos en cárceles comunes como La Pica, Santa Ana y también en Ramo Verde.

En diciembre de 2017, la Corte Marcial anula la sentencia que los había condenado, pero lejos de quedar liberados, los militares y civiles son sometidos a un nuevo juicio. El 20 de junio, el tribunal militar, a cargo del juez, Cnel. José Olivo Fernández Ruiz, presidente del Circuito judicial penal militar del estado Aragua, decidió condenarlos una vez más. Sería el segundo juicio que se celebraba por el “Golpe Azul” desde 2015. Son impuestos de nuevas penas de prisión, a las que se les debían restar los tres años y cuatro meses que ya  llevaban detenidos.

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El 11 de octubre de 2018, el juez del tribunal 2do. de ejecución de sentencias de Maracay, acogiéndose al artículo 3 de la Ley de Redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio, que señala: “Podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio, a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o de estudio, las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de ésta. A los efectos de la liquidación de la condena, se tomará en cuenta el tiempo destinado al trabajo o al estudio mientras el recluso se encontraba en detención preventiva”, ordena la libertad plena por cumplimiento de condena de cuatro de los cinco militares acusados. El quinto, Henry Salazar quedaba detenido, pues su condena vencería una semana después de la excarcelación de sus compañeros.


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