La persecución de Nicolás Maduro marcó un récord en el 2019. De acuerdo con el Foro Penal, hasta la mañana de este 28 de enero de 2019, hay en Venezuela 976 presos políticos. 72 % de ese total de detenciones ocurrió entre el 21 y 28 de enero.
Caracas. La comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Agustín, Caracas, es una en la que, como muchas en el país, los reos mueren debido a la violencia interna causada por el hacinamiento, enfermedades que los internos adquieren en este lugar o por mala alimentación. En esa sede se encuentra detenido José Ángel Montezuma, de 16 años. Él forma parte de los 77 menores de edad —algunos de hasta 12 y 14 años— que los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro han apresado por manifestar pacíficamente en los últimos siete días en todo el país.
“A los hombres nos cobran el doble por todo”, dice su padrastro, Óscar Rodríguez. Cada minuto de visita tiene un costo en bolívares soberanos. “Por 10 minutos pagamos 200, por media hora 500 y si es una hora, 1000 soberanos. Ahora, multiplica eso por dos, que es mi caso”.
La última vez que Óscar vio a su hijastro apenas pudo costear los 10 minutos. Dice que debe tomar precauciones y no gastar todo su dinero, ya que desconoce hasta cuándo puede permanecer José Ángel allí.
En esos 10 minutos escuchó la preocupación de su hijastro y además, observó los maltratos que ha recibido.
Lo han cacheteado y golpeado. Tampoco sé si realmente le dan la comida que le preparamos. De hecho, ayer [domingo] me dijo que no le lleváramos tanta comida porque la policía se la roba”, acotó.
La persecución de Nicolás Maduro marcó un récord en el 2019. De acuerdo al Foro Penal, hasta la mañana de este 28 de enero de 2019, hay en Venezuela 976 presos políticos. 72 % de ese total (696 detenciones) ocurrieron entre el 21 y 28 de enero, fechas en las que se han realizado distintas manifestaciones en Venezuela —la mayoría en sectores populares— en contra de Maduro.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, informó que el 23 de enero ha sido la fecha en la que se han cometido mayores detenciones en un solo día desde 1999. En total fueron 632. Por otro lado, entre ese 21 y 28 de enero, se realizaron 850 aprensiones en total.
“Esto es un patrón agravado que conlleva a crímenes de lesa humanidad. Estas detenciones arbitrarias ratifican el carácter sistemático y generalizado de Maduro”, acotó Romero.
Entre detenidos y liberados, desde el 2014, han habido 14.000 presos políticos en Venezuela. “Esa es la intimidación que busca la dictadura”, dijo Romero. Además, aseveró que los casos actuales serán llevados hasta instancias internacionales como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Presos sin derechos y sin espacio
El hacinamiento en los centros de detención preventiva en el país rebosa 270 %, de acuerdo con el informe semestral de 2018 de Una Ventana a la Libertad. En el de la PNB de San Agustín, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), donde hay seis celdas con capacidad para 10 presos, hasta septiembre del año pasado estaban recluidas al menos 220 personas. Es decir, había una sobrepoblación de 160 internos, lo que se traduce en 366 % de hacinamiento. Esto causó que en octubre murieran por violencia dos reclusos.
José Ángel ya ha sido víctima de esa violencia y amenazas por parte de los otros presos. El domingo 27 de enero le suplicó a su padrastro que le llevara una sábana, ya que supuestamente había pisado o ensuciado la de otro recluso. “Eso se lo dicen para asustarlo. Él no se ha metido con nadie”, cuenta.
A José Ángel Montezuma lo detuvieron el 22 de enero en Mamera, parroquia Antímano. En distintos barrios de esa zona las comunidades “cacerolearon” en contra de Maduro y mostraron su respaldo para el llamado opositor a las calles del 23 de enero. “Él no estaba en eso. Se encontraba en una bodega porque le estaba comprando algo a su mamá. Lo agarraron a él y a otros cuatro chamos más para ver si asustaban al resto y los barrios se calmaban”, acotó Óscar. A pesar de tener 16 años, José Ángel había dejado los estudios. En el presente era carretillero en una carnicería en Catia.
El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, resaltó que todos los tribunales le han prohibido a los detenidos elegir un defensor de su confianza. Están obligado a la defensa pública o a aceptar en contra de su voluntad a un abogado que no conocen.
“Todos los arrestos han sido sin base jurídica. Al poder no le interesa que tengamos acceso a los expedientes. Lo que solicita la Fiscalía en todos los casos es lo mismo, al igual que las decisiones de los tribunales”, explicó.
A la mayoría de los detenidos se les acusa por los mismos delitos: obstrucción a la vía pública, agavillamiento, instigación contra el orden público y resistencia a la autoridad. A otros, como el caso de los tres menores de edad en Puerto Ayacucho, Amazonas, se les imputa por cargos de terrorismo. Entre ellos, hay una adolescente indígena de 14 años, Neidis Maide Maldonado Yuriyuri.
“Estos jóvenes ni siquiera estaban protestando. Los detuvo la GNB en las adyacencias a las protestas”, dice el coordinador regional del Foro Penal en Amazonas, Olnar Ortiz, quien además denunció que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) apareció por primera vez en esta ciudad del sur del país: “Aquí no estaba constituido las FAES y aparecieron con dos ballenas la mañana del 24 de enero”. Las FAES es un ente adscrito a la PNB y principal órgano represor en las protestas que se han dado hasta ahora, de acuerdo con registro de Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Carla Maita no es menor de edad, pero es una de las primeras detenidas en estas jornadas de protestas y forma parte de las 100 mujeres aprehendidas de la última semana. Tiene 20 años. Su único delito, según su abuelo, Antonio Maita, es que es prima de unos de los efectivos de la GNB que se sublevó el pasado 21 de enero en contra de Maduro en Cotiza.
“Llegaron hasta su casa en el barrio Ruiz Pineda a las ocho de la noche y los de la Dgcim se la llevaron. Dijeron que hasta que no apareciera el sargento Solano no la liberarían”, comentó Antonio. Ese lunes 21 de enero, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que 27 efectivos habían sido detenidos. No obstante, alrededor de 40 uniformados se alzaron, por lo que el resto están solicitados.
La sede donde se encuentra Carla es la de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. Allí el hacinamiento es de 400 %. El OVP registró que en agosto de 2018 había 1000 presos, cuando la capacidad de las instalaciones es de 250, por lo que hay un excedente de 750 internos. Carla, al igual que la mayoría de los presos políticos en el presente, no se ha comunicado con ninguno de sus familiares. Ella es estudiante de Educación en el Instituto Pedagógico de Caracas.
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