A Pedro Jaimes, tuitero preso por publicar la ruta del avión presidencial el pasado 3 de mayo, su familia no lo ve desde el 12 de ese mes, cuando fue detenido por el Sebin en Los Teques. Abogados no han tenido acceso al expediente tras 57 días de detención.

Caracas. El “crimen” de Pedro Jaimes fue tuitear. Desde @AeroMeteo, su cuenta en la red social, publicaba sobre su afición: el clima meteorológico y el espacio aéreo. Pero colgar la imagen con la ruta del avión presidencial, el 3 de mayo, cuando este volaba los cielos de Aragua, lo llevó a la cárcel el 10 de ese mismo mes, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron sin orden judicial en Los Teques, estado Miranda.

Aunque dos días después fue presentado a tribunales, los abogados Amado Vivas y Ricardo Rosales, de la Asociación Civil Espacio Público, quienes tomaron el caso, no han podido verlo ni comunicarse con él desde entonces.

La misma historia se repite con sus familiares, quienes tienen más de 57 días sin verlo donde, suponen, se encuentra recluido: la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. El último intento de visita fue el domingo 1° de julio, cuando le llevaron alimentos.

El caso de Jaimes no es el único que involucra la violación del derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. Tuiteros, blogueros y usuarios de redes en general están en la mira del Gobierno.

Emblemático es el caso de la tuitera Inés Gonzólaz Arraga (@InesitaTerrible) quien pasó más de 400 días presa en el Sebin, luego de haber sido detenida el 4 de octubre de 2014 en Maracaibo, y fue imputada por los delitos de instigación al odio, ultraje a funcionario público y ultraje violento por tuitear sobre la muerte del fallecido diputado Robert Serra.

¿Acusación silenciada? 

De acuerdo con fuentes judiciales, sobre Jaimes recae una acusación. Sin embargo, los defensores desconocen los cargos, pues, a más de un mes de la detención y después de acudir en siete ocasiones al tribunal, ubicado en Los Teques, tampoco se permite el acceso al expediente para revisarlo.

Presumen que pudo ser imputado por seguridad contra el Estado al informar la ruta del avión presidencial, argumento no válido para sus abogados, pues este tipo de contenido es de consumo público al encontrarse en la web.

Otro obstáculo que se suma es que ni Vivas ni Rosales están juramentados como los abogados, ya que para esto se necesita de la presencia del detenido, traslado que no cumplen los organismos después de dos intentos, el 7 y el 13 de junio. Y aunque el 28 de junio intentaron acordar un nuevo traslado, trascendió que son pocas las posibilidades de que el Sebin cumpla con la acción, indicó Vivas.

Entretanto, para Jaimes el juego luce cada vez más trancado no solo por la poca información que poseen sus defensores, sino también por las trabas que ponen las autoridades, pues, además, al detenido se le impuso un abogado público, aun cuando la familia de Jaimes mantiene contacto con los defensores de Espacio Público.

Vivas y Rosales sostienen que, con estas acciones, se viola el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual estipula que el imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor desde el inicio de la investigación, y este puede ser asignado por sus familiares. De la misma forma, en el artículo 47 de la Constitución se señala que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogado. Por lo que el derecho al debido proceso es letra muerta.

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A instancias internacionales

El hombre de 53 años, aficionado a la aviación, también entra en la definición de lo que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica como “desapariciones forzadas”, las cuales ocurren cuando la persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o es privada de su libertad por oficiales de diferentes niveles del gobierno o grupos organizados que actúen en nombre del mismo, acto al que le sigue una negativa de revelar el destino o paradero de la persona afectada, que, por consiguiente, es colocada fuera de la protección de la ley.

En declaraciones a Crónica.Uno, el coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), Inti Rodríguez, sostuvo que con estas acciones los organismos pretenden “anular” simbólica y físicamente a la víctima, pues de esta manera se encuentra bajo riesgo y vulnerabilidad, al tiempo que la pone en estado de incertidumbre, al no informar sobre su situación. Con esto también se pueden ocultar evidencias de torturas y golpizas.

Este es uno de los escenarios que podría estar enfrentando Jaimes, ya que sus defensores temen que se encuentre en condiciones inhumanas, lo que puede poner en riesgo su salud, integridad física e incluso la vida.

El pasado 28 de junio, la organización Espacio Público envió una carta a Rumely Rojas Mauro, juez suplente de Primera Instancia en Funciones de Control N.º 3, quien lleva el caso, para denunciar cada una de las arbitrariedades que presenta la detención y para que se le garanticen los derechos.

Igualmente, han pedido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras que se ha informado de la situación al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y a la Relatoría Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Por su parte, 24 organizaciones de América Latina y el Caribe, agrupadas en la IFEX-ALC —una alianza que promueve y defiende la libertad de expresión en la región— condenó, el 21 de junio, la detención arbitraria de Jaimes, ante la supuesta violación sistemática de sus derechos al debido proceso, a la integridad personal y a la vida privada y familiar.

El patrón es al azar como una ruleta rusa

El de Pedro Jaimes no es el primer caso en lo que va de año de una persona que resulta detenida por hacer una publicación a través de redes sociales o portales digitales. El pasado 23 de mayo, Douglas Tagliafico, de 25 años, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Maracay, por repostear, en su cuenta de Instagram, una fotografía publicada previamente por Crónica Policial. Actualmente, se encuentra bajo régimen de presentación cada 30 días.

También cabe recordar a Carlos Eduardo Marrón, propietario del portal DolarPro.com, quien fue detenido por la Dgcim el 11 de abril. El fiscal general, designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, acusó a la página de actuar contra la ley por “promover la especulación cambiaria”. Marrón se encuentra detenido en el Internado Judicial Rodeo III, en Guatire, estado Miranda.

Para Vivas, abogado de Espacio Público, las detenciones por publicar críticas contra el Gobierno son al azar: Es una ruleta. Es una forma de decir que, si te metes con alguien del Gobierno, ellos pueden ir por ti. Además, ante una situación como la que enfrenta Venezuela, hace que las autoridades gubernamentales mantengan una constante vigilancia sobre la disidencia.

Por su parte, Rosales explicó que hay una hipersensibilización de parte del Estado ante las críticas, y que este puede dar la orden de perseguir a cualquiera. Con esto se busca infundir miedo y los primeros afectados son las personas desamparadas, agregó. Este tipo de acciones lleva a que se viole el derecho a la libertad de expresión, reglamentado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De acuerdo con cifras de Espacio Público, entre 2014 y 2017, hubo 13 personas detenidas por emitir opiniones críticas o difundir información incómoda para el Gobierno a través de Twitter. Las acusaciones en su mayoría son “instigación pública”, “incitación al odio” y “agavillamiento”, con retardos en sus procesos judiciales.

Rosales aclaró que, en el caso de Jaimes, la información publicada a través de su usuario no es ilegal, dado que el espacio aéreo es de dominio público al encontrarse en Internet a través de aplicaciones. Hasta el momento no hay una base legal que impida o mencione qué tipo de información que se encuentre en Internet puede ser publicada o no en redes sociales u otras plataformas digitales.

Entre enero y abril de 2108, la organización no gubernamental Espacio Público registró 86 casos o situaciones en las que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que corresponde a un total de 126 violaciones al derecho. La mayor parte de los casos está relacionada con el cese de circulación de medios impresos.

Encuentra esta nota en la edición impresa de El Nacional #8Jul

Alianza Crónica.Uno y El Nacional

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